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Siete familias solicitantes de asilo, desalojadas de la sede del SAMUR Social

Un padre y su hijo, en las afueras del Samur Social de Madrid

Fabiola Barranco

En la tarde del viernes, al menos diez familias con niños pequeños y menores a su cargo emprendían camino hacia ninguna parte después de ser desalojados de la sala de espera de la central del Samur Social en Madrid, donde algunos de ellos habían dormido noches anteriores ante la falta de alternativa y el cerrojazo constante por parte de instituciones y oenegés dedicadas a la atención de solicitantes de asilo.

“Nos toca quedarnos en la calle, nos han dicho que nos tenemos que ir”, dice una mujer aguantando el llanto mientras arrastra una bolsa con las pocas pertenencias de su familia. Otro chico, acompañado de su mujer con la mirada perdida y su hijo de nueve meses en el regazo, se muestra muy nervioso. Quiere encontrar cobijo para ellos antes de que caiga la noche. Él tiene plaza en un albergue por el que no volverá a aparecer mientras su mujer y el bebé no tengan un techo. “Prefiero que me dejen a mí en la calle, pero no a ellos. A ellos no”, se lamenta este joven nicaragüense que huyó porque su vida corre peligro en su país.

Muchos de los testimonios de los afectados coinciden. Comparten experiencias vitales marcadas por la huida, pero también las adversidades que están encontrando en el exilio. Algunos han dormido en alguna ocasión en la sala de espera de la sede central del Samur Social, pero otros, como Estela (nombre ficticio, para preservar su anonimato, al igual que con el resto de los protagonistas de esta información), su marido y su hijo de menos de dos años, han pasado noches en la calle. “Fuimos a Accem, a Cruz Roja... a muchos sitios, pero nada. Caminamos y caminamos y cuando no podíamos más, nos parábamos a dormir donde podíamos”, cuenta esta mujer embarazada de seis meses mientras se acaricia con delicadeza el vientre, un gesto espontáneo que repite constantemente.

“Fuimos a Cruz Roja y la señora que nos atendió nos trató fatal. Nos dijo ‘¿qué quieres que haga, te meto en mi salón?”, se queja otra mujer al compartir en voz alta el via crucis recorrido en los últimos días en busca de un refugio en Madrid.

Otras seis familias de origen venezolano, salvadoreño, colombiano y georgiano, esperaron en la entrada de la sede del Samur Social después de ser desalojados del interior. “Nos dijeron que nos fuéramos. A algunos les han dicho que por las buenas o por las malas, que si no nos vamos llaman a la policía y hemos salido porque nosotros no queremos ningún problema con nadie”, narra uno de los afectados, un joven que huyó de Buenaventura, una de las zonas más azotadas por el conflicto y la violencia en Colombia.

El ultimátum se cumplió alrededor de las siete de la tarde, cuando aparecieron cuatro patrullas de agentes de la Policía Nacional. Fuentes del Ayuntamiento justifican lo ocurrido por “motivos de seguridad”, sin aportar mucha más información al respecto.

Fuentes cercanas al SAMUR Social han transmitido a este medio que, “es el Gobierno el primer responsable de esta situación, que se viene repitiendo, al menos, desde junio, porque no están haciendo acogida a solicitantes de asilo o refugiados, y el Ayuntamiento de Madrid hace lo que puede, pero creemos que le viene grande y solamente pone parches”.

Pero afirman que los mandos del consistorio, responsables del servicio y responsables del Área de Equidad, Derechos Sociales y Familia, “son conscientes de esta realidad y conocedores de la situación de calle de familias con menores, y no nos dan soluciones a este problema”. Además, denuncian que “la improvisación, la falta de información, el no respeto a derechos básicos, y el maltrato institucional, está gobernando el servicio y la atención” a estas personas. Cuyo efecto que también deja huella en la propia plantilla del SAMUR, que, dicen, “está al límite”, dándose “casos de depresión, mucho estrés y agotamiento”. “No podemos más”, se quejan.

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han rehusado hacer declaraciones al respecto y han remitido al Ayuntamiento de Madrid, pese a ser este el órgano competente en el seguimiento y acompañamiento de las personas solicitantes de asilo, como es el caso de estas familias.

Finalmente, un total de 30 personas, repartidas en siete familias con once niños y niñas y una mujer embarazada, han encontrado un lugar donde dormir. Después de caminar en grupo por el centro de Madrid, cuidándose unos a otros y acompañados por algunos voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, llegaron a la Parroquia San Carlos Borromeo.

“Bienvenidos, esta es vuestra casa”, les recibió el párroco Javier Baeza. Allí les esperaban con mucho cariño y el calor que desprende la acogida ciudadana. Bastaron pocas horas para que se activara la red de alarma entre algunos vecinos y vecinas de Madrid, y hacer del templo vallecano, mucho más que un techo donde dormir, sino un espacio donde descansar y reponer fuerzas para continuar. Una respuesta que, con el propósito de dar de lado a la caridad y dar paso a la defensa de los derechos, lleva tiempo cubriendo las carencias o ausencias de las propias instituciones.

En palabras de Baeza, esta situación con 30 personas, entre ellos 11 menores de 13 años, alojadas en la parroquia como única alternativa para no dormir en la calle, “es la expresión de algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que ya advertimos a Marta Higueras (Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) hace dos semanas, de que esto podría pasar y ha ocurrido”. Se muestra indignado, porque, dice, el consistorio madrileño “sigue negando que haya familias en la calle”. Considera que la actitud del nuevo Gobierno al frente del Ministerio, “está repitiendo las mismas políticas que tantos años hemos aguantado con el anterior” y señala que la Comunidad de Madrid “no actúa porque no tiene competencias directas y parece que estas personas para ellos no son ciudadanos”. Una combinación que, para él, se traduce en “mala atención” y “desbarajuste de coordinación entre las tres administraciones”.

Hay algo que preocupa especialmente tanto a Baeza como a los voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y otros colectivos sociales, y es que, “el mensaje de colapso” que se está transmitiendo, “puede provocar que la situación reaccionaria que se está viviendo, se focalice contra las personas empobrecidas y no contra las personas que no articulan medidas a favor de las soluciones”.

Después de organizar los colchones repartidos por familias, pasaron al comedor, la cena estaba lista. Otra familia salvadoreña, que llevaba tres noches acogida en la Borromeo, también afectada por la misma situación, se esmeró en preparar y servir salchichas y una sopa reparadora para las nuevas familias.

Sin dejar de agradecer constantemente la acogida y el trato, comenzaron relajarse poco a poco. El gesto de Estela, por fin cambió. Observaba feliz a su marido haciendo carantoñas y juegos al hijo. Dos chiquitines se entretenían con unos libros infantiles, mientras que Santi, de 10 años jugaba con otro amiguito a hacer figuritas de plastilina.

Los más jóvenes aprovecharon para darse la primera ducha en varios días. Todos recuperan fuerzas y empiezan a sentir en sus cuerpos el alivio de ser atendidos y cuidados. Saben que les esperan días difíciles por delante, pero han descubierto que,pese a lo vivido hasta ahora, no están solos.

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