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La CNMC pide al Supremo que anule varios preceptos de la normativa sobre VTC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo en la que pide la nulidad de varios preceptos de la norma que regula la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) por imponer requisitos “desproporcionados”.
La CNMC recurrió el año pasado ante la Audiencia Nacional un real decreto y una orden aprobados en 2015 que modificaron el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso pero se quedó sólo con la parte referida a la orden y elevó al Supremo la relacionada con el real decreto.
En la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la CNMC señala que la disposición impugnada “impone al alquiler de vehículos con conductor requisitos innecesarios y desproporcionados, que encubren razones de naturaleza económica, en beneficio” del sector del taxi.
Por ello, el organismo regulador pide que el Supremo declare la nulidad de tres apartados del artículo único del real decreto y de la disposición transitoria única.
El real decreto recurrido regula la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor en cuánto al número de licencias que pueden obtener y a los requisitos materiales, como flota mínima o características de los coches.
No obstante, el decreto no se refiere directamente a Uber ni a Cabify, puesto que sólo son plataformas que intermedian entre las empresas de VTC y los pasajeros.
La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha interpretado el recurso de la CNMC como un “ataque” al sector del taxi y como un pulso entre el organismo regulador, el Ministerio de Economía, Uber y Cabify, por un lado, y el Ministerio de Fomento y los taxistas, por otro.
Fedetaxi se queja de que la CNMC utilice “para ir contra los taxistas” la Ley de Unidad de Mercado, una norma que “acaba de sufrir un grave revés ante el Tribunal Constitucional”.
El Constitucional anuló en junio dos preceptos de la Ley de Unidad de Mercado sobre la eficacia en todo el Estado de normas autonómicas.
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