De la Serna confía que empresas opten a la relicitación de autopistas en quiebra

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy que el Gobierno confía en que sean varias empresas las que opten a la “relicitación” de las autopistas de peaje en quiebra porque ese proceso se acompañará de un “balance económico-financiero lo suficientemente atractivo”.

De la Serna ha respondido así a las preguntas de los periodistas tras participar, junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el descubrimiento de un hito con motivo de la reanudación de las obras de la variante de Benissa (Alicante) de la N-332.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo viernes el convenio para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) asuma la gestión de las autopistas de peaje en quiebra durante el periodo desde que revierten al Estado hasta que se liciten de nuevo a finales de 2018.

De la Serna ha insistido hoy en que esta decisión no puede ser calificada de rescate ni de renacionalización, sino que es fruto de procedimientos judiciales que han llevado a la liquidación de las concesiones realizadas en su día para la explotación de estas carreteras.

“A partir de ese momento, queramos o no queramos, hagamos algo o no hagamos nada, la autovía por ley revierte al Estado y, a partir de ahí, el Estado tiene que tomar una decisión”, ha precisado.

Según de la Serna, el Ejecutivo central pretende acometer “un proceso de relicitación” con el objetivo, entre otras cosas, de conseguir una minoración de la responsabilidad pública de la Administración por la vía del ingreso que se pueda obtener a “relicitar” esas autopistas.

Ha aclarado que la voluntad del Gobierno no es renacionalizar esas autopistas, sino volverlas a poner en el mercado.

Preguntado por la posibilidad de que no se produzcan ofertas en esos concursos, el ministro ha señalado que el Gobierno confía en que varias empresas opten a estas relicitaciones porque el proceso “se produciría con un balance económico financiero suficientemente atractivo como para que pueda ser competitivo en un concurso público”.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo está buscando “la mejor de las soluciones de cara al interés general” y ha reiterado que el valor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) sería “sensiblemente” menor a los 3.500 millones de euros recogidos como importe máximo en los pliegos.

Ese es un valor de máximo, pero el que está manejando el Gobierno es sensiblemente inferior, porque “habría que añadir el ingreso que podríamos recibir por la relicitación y que serviría para disminuir el efecto de la RPA”, ha añadido De la Serna.