Bankia y CaixaBank encarrilan su fusión y la llevarán mañana a sus consejos

Bankia y CaixaBank siguen dando pasos hacia la creación del mayor banco español por activos. Ambas entidades han encarrilado las condiciones para el acuerdo de fusión y serán los consejos de administración los que voten mañana la aprobación de la operación, según confirman fuentes financieras a elDiario.es.

Ambas entidades anunciaron el pasado día 4 de agosto que emprendían una negociación para unir los bancos en un único grupo, en la que será una de las mayores operaciones financieras de los últimos años en España. Desde entonces, las cúpulas de ambos bancos han estado negociando las líneas generales de la fusión, como es el canje de las acciones que le correspondería a cada uno, la marca comercial o la sede.

En este proceso, cada entidad ha estudiado al detalle las cuentas y la información de la otra en un procedimiento conocido como due diligence. Bankia ha estado asesorada por EY y Rothschild, mientras que CaixaBank se ha apoyado en Morgan Stanley y Deloitte. El anuncio de la convocatoria de los consejos de administración ha impulsado la cotización de ambos bancos. Bankia ha pasado de cotizar en plano a subir más de un 2,5% y CaixaBank ha dejado atrás el rojo para cotizar al alza.

Uno de los puntos calientes durante los últimos días ha sido detallar cuál sería la porción de la nueva entidad que le correspondería a los accionistas de CaixaBank y de Bankia. Los dos principales accionistas del nuevo banco serían la Fundación La Caixa, que quedaría por debajo del 30%, y el Estado, que pasaría de tener un 60% de Bankia a un 15% del nuevo grupo, según informaba este martes la agencia EFE. El Estado deja de controlar así, a través del FROB, la última gran entidad rescatada que mantenía, pasando a ser el segundo accionista del nuevo grupo. Distintas informaciones apuntan que tendrá presencia en el consejo de administración, algo que hasta la fecha no ocurría en Bankia.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado este mismo miércoles que el Gobierno se guiará por la protección de la estabilidad del sector financiero y de los consumidores a la hora de valorar la posible fusión de CaixaBank y Bankia. En respuesta a una pregunta de la diputada de la CUP Mireia Vehí, Calviño ha recordado que esta valoración se expresará a través del FROB, que controla casi un 62% de Bankia, y que su dictamen responderá “a la protección del interés general en España”. La ministra ha insistido en la importancia de que España disponga de un sector financiero “fuerte”, con entidades capaces de “canalizar los recursos, garantizar el crédito y apoyar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad”, como “se ha demostrado en la crisis derivada de la pandemia del covid”.

La fusión de ambas entidades es la primera que se llevará a cabo en, según esperan los analistas, una nueva oleada de concentración tanto en España como en Europa. El supervisor del mercado, el Banco Central Europeo, ha presionado en los últimos tiempos a las entidades financieras del continente a emprender el camino de las fusiones para crear entidades más grandes que puedan obtener una mayor rentabilidad de un negocio que en los últimos años se ha deteriorado.

Si los respectivos consejos de administración validan las condiciones de la fusión, el siguiente paso en el proceso de fusión será el de la votación en las juntas de accionistas. Este paso es un trámite puesto que ambas entidades cuentan con accionistas de referencia que se han implicado en la operación y la han defendido. Es el caso del Estado, propietario del 62% de las acciones de Bankia tras el rescate a la entidad en su salida a Bolsa. Por su parte, Criteria, el holding de la Fundación La Caixa, está presidido por Isidre Fainé, antiguo presidente de CaaixaBank, y es el propietario del 40% de la entidad catalana.

Tras ello comenzaría la fusión de ambos negocios, primero societariamente y, posteriormente, en estructura. Este proceso se prevé que tenga unas fuertes consecuencias tanto en el número de oficinas como en el de empleados, puesto que ambas entidades comparten una presencia importante en algunas áreas geográficas como en Madrid o el Levante. Los sindicatos asumen la pérdida de empleo pero confían en que sean las menos salidas posibles y con medidas que no sean traumáticas, incentivando las prejubilaciones y las bajas incentivadas.