El horizonte judicial de Bankia-CaixaBank: de la salida a Bolsa con Rato a las reclamaciones por el IRPH

Mientras Bankia y CaixaBank comienzan a negociar su fusión, como ambas informaron el pasado jueves al mercado, el nombre de las dos entidades sigue en paralelo una serie de citas judiciales que asoman en el horizonte cercano. Las dos grandes herederas de las cajas de ahorros todavía tienen en la agenda algunas causas abiertas en los juzgados ligadas a los desmanes en la gestión de aquellos grupos, así como las prácticas que han sido señaladas en los tribunales en la comercialización de algunas hipotecas. De esta manera se pueden vislumbrar en el futuro algunas repercusiones para dos grupos financieros que ya están centrados en negociar la creación de la mayor entidad financiera del país.

Los analistas no son ajenos a este hecho y la propia casa de análisis Moody's apuntaba esta semana en su valoración de la fusión, el impacto de las causas judiciales, señalando específicamente a Bankia. En concreto, apuntaba a la salida a Bolsa de la entidad, que la Audiencia Nacional ha juzgado durante el pasado año y que se encuentra a la espera de la sentencia. “El banco afronta actualmente varios procesos judiciales relacionados principalmente con la salida a Bolsa iniciados por algunos inversores institucionales, pero también un proceso penal en la corte nacional –Audiencia Nacional– y que tienen un impacto incierto para la entidad”, apunta Moody's en la nota. “Bankia cree que sus provisiones serán suficientes para afrontar este riesgo, pero reconoce que podrían necesitarse nuevas provisiones dependiendo de las reclamaciones que reciba”, enfatiza.

Moody's hace referencia a uno de los principales juicios sobre la gestión de las antiguas cajas de ahorros. En concreto, el caso Bankia investigaba la gestión que hicieron los antiguos administradores del banco, producto de la fusión de varias cajas de ahorros, y que acabó siendo rescatado tras una desastrosa salida a Bolsa. Por el banquillo de los acusados pasaron 34 exdirectivos y exconsejeros, encabezados por el principal señalado, su expresidente Rodrigo Rato. En las próximas semanas se cumple un año desde que el juicio quedara visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

En la larga lista de acusados liderada por el exvicepresidente del Gobierno y ex director del FMI se encontraban también José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia tras la fusión; el ex consejero delegado Francisco Verdú; o José Manuel Fernández Norniella, consejero de Caja Madrid y posteriormente de Bankia. Pero también hay viejos conocidos como Arturo Fernández, Javier López Madrid, Ángel Acebes o José Antonio Moral Santín. En lo que afecta a la actual entidad financiera, entre los acusados se encuentran un actual directivo, el interventor general Sergio Durá, y el propio grupo financiero, al que la acusación popular acusó de estafa a inversores.

CaixaBank, por su parte, absorbió otra de las entidades rescatadas cuya gestión han protagonizado más causas judiciales: Banco de Valencia. Si bien, en los casos que afectan a la administradores del grupo desaparecido no se apunta a responsabilidad del banco catalán, que se hizo con la sociedad financiera por un euro tras su saneamiento. El exconsejero delegado del banco, Domingo Parra, fue condenado en enero por administración desleal, obligándole, a él y a otros condenados, a devolver 93 millones al FROB. Parra afronta junto con José Luis Olivas, imputado también en el caso Bankia, otro juicio por falsedad contable.

Sin embargo, entre las causas abiertas en torno a Banco de Valencia, sí hay una que afecta directamente a CaixaBank. La entidad catalana fue demandada en 2017 en un juzgado de primera instancia de Valencia por la sociedad Nibema, antiguo accionista de Banco de Valencia, por el proceso que culminó con la adjudicación por un euro del banco rescatado a CaixaBank. Esta empresa presentó un informe de la Universidad de Valencia en la que ponía en duda que la inyección de capital que se hizo en el grupo rescatado fuera la correcta y, por lo tanto, solicitaba al banco catalán 3,6 millones al entender que Banco de Valencia valía mucho más que el euro por el que se adjudicó a CaixaBank. Este proceso se encuentra suspendido a la espera de que se dictamine sobre casos previos, informa Sergi Pitarch.

El IRPH, a la espera del Tribunal Supremo

Pero el quebradero de cabeza puede llegar para ambas entidades este mismo mes. El Tribunal Supremo tiene previsto sentenciar sobre las reclamaciones pendientes sobre el IRPH, un índice hipotecario utilizado como alternativa al euribor y que tras una sentencia europea, los tribunales deben dictaminar si se comercializaron con transparencia. Su dictamen debe servir para todas las reclamaciones de los consumidores que están recibiendo resultados dispares.

Explica Patricia Suárez, de Asufin, que la organización está logrando mayoritariamente sentencias favorables al cliente en los juzgados de primera instancia pero no tanto en las audiencias provinciales, por eso entiende que esta sentencia, que se referirá específicamente a unos 15 recursos, puede señalar el futuro de estas causas judiciales. Además, recuerda que CaixaBank y, en menor medida, Bankia son dos de las entidades más expuestas por el uso de este índice.

“Ambas son herederas de muchas de las antiguas cajas, que eran las que referenciaban las hipotecas a este índice”, señala. Según datos de esta asociación son en torno a un millón de hipotecas vigentes en España las que han estado referenciadas a un tipo de interés que acabó siendo más caro que el euribor. En concreto, CaixaBank es el banco que tiene una mayor cuota de estas hipotecas, con un 24% del total, según las estimaciones esta organización.

Si se le suma el 10% de cuota que rondaría Bankia, el resultante es que el nuevo banco que surgiera tras la fusión concentraría uno de cada tres contratos hipotecarios referenciados al IRPH. Según los datos que aportaron las propias entidades el pasado año, suman 8.000 millones de euros en hipotecas con IRPH. Asufin tiene dos demandas colectivas abiertas contra estas entidades y considera que este será el principal quebradero de cabeza jurídico en el futuro de los dos grupos financieros que buscan ahora su fusión.

Ambas sociedades detallaron este riesgo en sus memorias financieras de 2019, donde analizaban los riesgos de que una sentencia contraria a sus intereses por parte de la justicia europea fuera perjudicial para sus cuentas. Sin embargo, el dictamen del TJUE dejaba la pelota en el tejado de los juzgados nacionales.

En las citadas cuentas, estas entidades detallan otros casos que tienen abiertos en los tribunales. En el caso del grupo rescatado se apuntan también a los efectos que las reclamaciones sobre los gastos hipotecarios puedan tener en su balance, así como otras causas relacionadas con la comercialización de las conocidas como las cláusulas suelo. En lo que se refiere a CaixaBank, sus cuentas del 2019 señalan la investigación abierta en 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, que inició acciones contra el banco, el ex responsable de cumplimiento normativo de la entidad y once empleados por un presunto delito de blanqueo que afectaba a diez de sus sucursales por parte de organizaciones de la mafia china implicadas en operaciones como Emperador. El grupo catalán apunta que esta causa todavía está en fase de instrucción.