La carrera por bajar impuestos antes de las elecciones choca contra el criterio de los organismos internacionales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una fotografía de archivo.

Cada cuatro años, el mes de mayo llega cargado de citas electorales. Y eso comienza a notarse incluso cuando todavía quedan ocho meses. La subida de precios ha sido el caldo de cultivo para que las distintas comunidades, incluso aquellas que no tienen elecciones en 2023, hayan arrancado una carrera de promesas fiscales. Pero no al alza, como apuntan los organismos internacionales o por el problema de ingresos de las cuentas públicas, sino a la baja. Y en muchos casos, con un claro componente regresivo.

Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las bonificaciones autonómicas de impuestos para frenar el ‘dumping’ fiscal del PP

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Andalucía abrió la veda. El presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la bonificación del impuesto sobre Patrimonio, un tributo que apenas abonan 20.000 andaluces. El líder del PP en la Comunidad con más habitantes de España seguía así la continua pugna fiscal que mantiene la Comunidad de Madrid desde hace dos décadas con el Gobierno central. A ese gran anuncio seguían otras medidas que también afectan a los ingresos de esta región, como es la rebaja de los tramos más bajos del IRPF.

Tras Andalucía se ha producido un efecto dominó en otras regiones que han ido sumándose a esta inercia electoral. Galicia, también gobernada por el PP, anunció un aumento de la bonificación de Patrimonio hasta el 50%, frente al 25% actual. Días después, anunció una rebaja del IRPF autonómico hasta el tramo de 35.000 euros, lo que supondrá un ahorro de unos 46 euros. “Es tener menos impuestos y más bienestar”, defendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En Murcia, otra comunidad con el PP al frente, también ha planteado rebajar Patrimonio.

El paso andaluz pilló a contrapié al Gobierno central, que hasta ahora había centrado su discurso fiscal en los paquetes de medidas frente a la inflación como el IVA del gas o los nuevos impuestos para banca y eléctricas por sus beneficios extraordinarios. La reforma fiscal, cuyo diseño se encargó a 17 expertos hace año y medio, había quedado en el cajón y se evitaban medidas de calado sobre el sistema tributario, que iban especialmente encaminadas a recaudar más y mejorar la progresividad. En respuesta al torrente de rebajas fiscales, el Gobierno decidió anunciar un paquete de medidas tributarias. Pocos detalles se conocen de estas modificaciones, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se centraría en las rentas más altas. Es aquí donde entró la propuesta del impuesto a las grandes fortunas, para el que es necesario encontrar encaje al existir ya el de Patrimonio –al menos, en varias comunidades–, o una subida del IRPF para las rentas del capital.

La principal grieta autonómica en el discurso del Gobierno central se ha producido en la Comunitat Valenciana. El presidente, Ximo Puig, anunció este martes una rebaja del IRPF autonómico para los escalones de hasta 60.000 euros, a pesar de que una semana antes se había posicionado contra la reducción impositiva propuestas por los barones del PP: “Un desarme fiscal no es la vía correcta en un momento de crisis como este”.

Aunque el cariz de la propuesta valenciana es algo distinto al del resto de autonomías, choca con la posición del Gobierno central, que había mantenido hasta la fecha una posición contraria al PP por las rebajas de impuestos. “Cada vez que hablamos de rebajar está el debate de qué recortar y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en este momento de dificultad”, dijo este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. La propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, recriminó este miércoles a los partidos de derecha y ultraderecha (PP, Ciudadanos y Vox) en el Congreso que su planteamiento económico solo se basa en bajar los tributos abandonando los servicios públicos. “Si bajar los impuestos es su único plan digan qué quieren recortar: ¿la sanidad, la educación o las pensiones?”, les espetó.

Sentido contrario al contexto internacional

Esta situación contrasta con la tendencia internacional, donde las señales van encaminadas al famoso eslogan 'tax the rich'. A los mensajes habituales de la izquierda, enfocados a la redistribución de la riqueza, le han surgido en los últimos meses aliados inesperados en esta línea, como ya ocurriera durante la pandemia. Desde febrero, los estados vuelven a afrontar una contexto que exige un esfuerzo en el gasto público, esta vez para aliviar las consecuencias de las subidas de precios. Y eso, justo después del shock histórico de la pandemia, que dejó asfixiantes niveles de sobreendeudamiento y grandes desequilibrios en las cuentas públicas. Al tiempo que erosionó servicios públicos básicos como la sanidad, o la educación.

Uno de los primeros grandes organismos internacionales que alertó sobre esta situación fue uno sospechoso de hacer lo contrario: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya desde el golpe de la COVID recomendó un incremento del gasto público para sostener sectores en quiebra y evitar un incremento desmesurado de la desigualdad. Un posicionamiento en el que insistió con la guerra, pidiendo más impuestos, más progresivos, que incluyan gravar la riqueza y de forma especial los beneficios extraordinarios.

Su último gran movimiento en este sentido ha sido un inusual y severo reproche al nuevo gobierno conservador de Reino Unido, con Liz Truss al frente, después de su agresivo paquete de recortes de impuestos, que en los mercados se ha traducido en un desplome de la libra y un incremento de su prima de riesgo, al elevarse el interés que se impone a su deuda. “Dadas las elevadas presiones inflacionistas en muchos países, incluido el Reino Unido, no recomendamos paquetes fiscales grandes y sin objetivos en esta coyuntura, ya que es importante que la política fiscal no funcione a la contra de la política monetaria. Además, la naturaleza de las medidas británicas probablemente aumentará la desigualdad”, incidió esta semana el FMI. 

Los bancos centrales han decidido endurecer la política monetaria, elevando los tipos de interés para “enfriar” la actividad económica, dañar la demanda y así luchar contra la inflación. Y asumen que es una decisión que eleva el riesgo de recesión, y contra la que va una bajada de impuestos, ya que tanto el Banco Central Europeo (BCE), como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal de Estados Unidos han pedido políticas fiscales y ayudas que se dirijan a los más vulnerables, los que más sufren la subida del precio de la luz, de la gasolina o de las hipotecas. 

Esta misma semana, el economista jefe del BCE, Philip Lane, se sumó el “tax the rich”, incluyendo un “more” (más). En la misma línea, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, explicó el lunes que “hay que tener cuidado con el impacto de una reducción del IVA porque al mismo tiempo debemos apoyar la transición energética o, por ejemplo, muchas veces es más útil apoyar a las familias y las empresas que bajar impuestos”.

Otro gran organismo internacional, la OCDE, ha reconocido recientemente que la tendencia internacional camina hacia elevar los impuestos a los más ricos, especialmente para gravar sus propiedades inmobiliarias. A la par, se ha mostrado crítica con algunas de las medidas fiscales que se han implementado frente a la inflación. “A diferencia de los controles de precios, los recortes de impuestos a la energía no afectan a los proveedores de energía que aún venden sus productos a precios de mercado y evitan pérdidas de ingresos. Sin embargo, los ingresos fiscales disminuyen inmediatamente y el coste presupuestario puede ser alto con el tiempo”, señala el organismo. “Por ejemplo, una reducción de la tasa del IVA no garantiza una reducción del precio al consumidor de la misma magnitud”, subraya el organismo. Así, la OCDE apunta a enfocar las medidas en la población más “vulnerable”. “Es posible que se necesiten innovaciones en los mecanismos de transferencia para garantizar que se llegue a los grupos más vulnerables a la crisis del precio de la energía”, recomienda la OCDE.

En España, también los sindicatos se han posicionado contra las rebajas fiscales que se están planteando. En una rueda de prensa celebrada este miércoles por CCOO y UGT para anunciar el calendario de movilizaciones para reclamar subidas salariales, ambas organizaciones han advertido de los riesgos de esta deriva. “Lamento profundamente que el país caiga en el marco conceptual que la derecha económica quería situar: que esto va de bajadas de impuestos”, sostuvo el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “Ninguna medida de bajada de impuestos es aceptable de manera generalizada, ni permanente. Es una trampa, es una trampa. Los recortes de impuestos de hoy son los recortes sociales de mañana”, aseveró.

El problema de los ingresos

Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno ha hecho bandera en las últimas semanas contra las bajadas de impuestos, ha reivindicado sus propias rebajas. Las bajadas del IVA de la electricidad, del gas o determinados impuestos específicos de la factura de la luz han sido durante los últimos meses el escudo que ha utilizado el Gobierno frente a quienes le acusaban de subir los impuestos por el aumento de recaudación. “No tenemos nada en contra de hacerlo (bajar los impuestos), es más lo hemos hecho desde el primer momento, desde hace un año hemos bajado los impuestos aliviando a las familias”, aseguraba la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, este miércoles en el Congreso.

Es cierto que España ha aumentado sustancialmente su recaudación en lo que va de año, hasta un nivel récord. Son 23.000 millones recaudados de más hasta julio frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, cabe señalar que los paquetes de medidas anunciados por el Gobierno frente a la inflación suman ya más de 16.000 millones de euros entre rebajas fiscales, ayudas al transporte público, rebaja de carburantes o cheques para familias vulnerables y muchas de ellas podrían tenerse que ampliar más allá de diciembre.

En este contexto, España tiene que lograr rebajar el déficit provocado por la pandemia y dejarlo en el 5% este año y el 3,9% el año que viene para volver a acercarse a los marcos fiscales de la UE que, aunque ahora están suspendidos, obligan a un 3% máximo de desvío entre ingresos y gastos en las cuentas públicas.

Una merma acusada de los ingresos, por tanto, supondría un problema en las cuentas que podría traducirse en importantes ajustes por el lado del gasto para poder alcanzar ese equilibrio, previsto para 2025. Además, España ya arrastra un problema estructural en cuanto al peso de los ingresos fiscales sobre el PIB. Esto es lo que se da a llamar presión fiscal y es un concepto utilizado para comparar los sistemas de distintos países. En 2020, último ejercicio comparado por Eurostat, los ingresos fiscales de España supusieron el 36,8%, frente a una media en la UE del 40%. Casi una quincena de países tienen una presión fiscal mayor que la de España.

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