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Cataluña y Madrid, a la greña por una inversión de las farmacéuticas AstraZeneca y Almirall

Felip Puig, consejero catalán de Empresa y Empleo.

Toni Garganté

Barcelona —

La ubicación de una inversión extranjera que ha recibido la compañía farmacéutica española Almirall en las estadísticas oficiales de la Secretaria de Estado de Comercio se ha convertido en la enésima batalla entre Cataluña y Madrid. El trasfondo soberanista encona aún más los ánimos. Según fuentes del ministerio de Economía, el registro de DataInvex correspondiente a inversión foránea bruta en Cataluña es “absolutamente fidedigno”. Los datos indican que el presupuesto destinado a esta Comunidad Autónoma entre enero y septiembre del año pasado cayó un 45%, al pasar de 1.999 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013 a los 1.094 millones del mismo período de 2014.

En cambio, para la Generalitat catalana la inversión extranjera, lejos de disminuir, aumentó un 35%. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Se trata de divergencias de criterio sobre dónde colocar una operación relevante de compra de activos protagonizada por la multinacional británica AstraZeneca, que ha adquirido los derechos de la actividad respiratoria de Almirall por un importe que podría llegar a los 1.560 millones. Esta es justamente la cifra que el departamento de Empresa de la administración catalana ha añadido para justificar que la inversión extranjera aumentó entre enero y septiembre hasta 2.654 millones. Un portavoz de esta consellería argumenta que las inversiones se computan normalmente a la Comunidad Autónoma donde reside la empresa que recibe la inversión. En este caso, la operación con AstraZeneca correspondería a Almirall, que mantiene su sede social en la avenida General Mitre de Barcelona.

Las mismas fuentes critican que en la estadística del ministerio, la compra realizada por la multinacional, con filial y oficinas centrales en Madrid, ha ido a parar a un epígrafe diferente, en el que se incluyen las operaciones imputadas a todo el territorio español. Y es en este punto donde el consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, ha visto malicia. “Lo que sí que afecta es una inversión importante, una adquisición empresarial de una empresa del sector farmacéutico, de 1.560 millones, que se ha identificado claramente en el registro del ministerio de Economía. Casualmente aparece como deslocalizada, y es una operación que afecta a una empresa catalana”, explicó Puig durante su intervención en un pleno del Parlamento catalán del pasado 21 de enero, a pregunta de una diputada de CiU.

El ministerio no rellena formularios

Efectivamente, la colocación de esta inversión en un epígrafe u otro puede provocar que la estadística caiga o aumente. Desde la Secretaría de estado de Comercio matizan que en realidad “la inversión no la asignan a las comunidades autónomas los funcionarios del ministerio, sino las propias empresas en los formularios preceptivos”. Es decir, que los directivos de Almirall situaron la inversión en la casilla estadística que consideraron más acertada. Ni en la compañía catalana ni en AstraZeneca han querido mostrar su opinión, pero fuentes cercanas a la operación dan por seguro que la inversión no se ha computado a Cataluña porque su impacto se centra principalmente en el extranjero y porque AstraZeneca no ha comprado una fábrica o un inmueble, sino que se ha quedado con los derechos de desarrollo y venta futuros del negocio respiratorio de Almirall. Una inversión más bien intangible.  

Según el comunicado oficial remitido a la Comisión nacional del mercado de Valores (CNMV), Almirall concluyó la transacción con AstraZeneca el 1 de noviembre. Esto quiere decir que incluso es posible que la operación quede fuera del cómputo de los nueve primeros meses de 2014. Por si fuera poco, más recientemente el acuerdo se ha ampliado. En otro hecho relevante a la CNMV del 5 de febrero, Almirall indicaba que AstraZeneca también será la propietaria de los derechos sobre bromuro de aclidinio de la multinacional irlandesa Actavis en Estados Unidos y Canadá.

La empresa española de la familia Gallardo acordó en julio pasado la venta de su franquicia respiratoria a la multinacional británica por 1.560 millones, con un primer pago al cierre del acuerdo de 652 millones. El resto (908 millones) se vincularían al cumplimiento del lanzamiento de los productos al mercado. El pacto incluye el fármaco contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) Eklira (aclidinio). La filial alemana que desarrolla inhaladores Sofotec también pasará a manos de AstraZeneca. En total, quedaran afectados 150 empleados españoles de Almirall, que pasarán a formar parte de la plantilla de la multinacional compradora, al igual que otros 569 trabajadores en el extranjero.

Volatilidad inversora

Para el profesor de Economía de la escuela de negocios Eada, Joan Miquel Piqué, la operación permitirá a Almirall destinar el montante de la operación al desarrollo de otras actividades. La misma compañía ha reconocido que podrá potenciar el área de dermatología. En este sentido, el presidente de la compañía farmacéutica, Jorge Gallardo, ha reconocido recientemente a la agencia Efe la voluntad de duplicar el tamaño en los próximos cinco años.

Joan Miquel Piqué remarca que en ningún caso se puede utilizar este traspaso de activos entre AstraZeneca y Almirall como un arma política. “Si los datos de inversión pueden variar dependiendo de dónde se compute ya da una muestra de la volatilidad de los momentos que vivimos”. Ciertamente, los porcentajes de modificación de un año a otro son muy elevados. Según la versión de la Generalitat, atribuyendo la operación a Cataluña, la inversión productiva extranjera aumentaría un 190% en el tercer trimestre de 2014, suponiendo el 42% del total recibido en España.

“Debemos estar contentos de que esta inversión haya recalado en Almirall. El resto son rifirrafes sin contenido”, concluye.    

Nervios a flor de piel

Así las cosas, la derivada política se ha concentrado en esta ocasión en una batalla de cifras y estadísticas, con el trasfondo de la pugna por el liderato inversor entre Madrid y Barcelona, las dos plazas que suman más del 80% de las inversiones extranjeras en el conjunto del Estado. Y además, el tema soberanista no ha ayudado a calmar los ánimos. En la misma sesión plenaria, Felip Puig enfatizó que “se ha producido una distorsión grave de la asignación territorial de las inversiones. Lo podríamos interpretar como un error técnico si no fuera por la rapidez con la que la información ha llegado a determinados fórums que combaten sistemáticamente la transición nacional catalana”.

La hipotética pérdida de fuelle de Cataluña en la atracción de inversiones extranjeras viene de lejos. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, afirmó en noviembre pasado que Cataluña estaba perdiendo el interés de los inversores internacionales en beneficio de Madrid debido a la presión soberanista.

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