El Congreso comienza a debatir los recortes en la jubilación anticipada a contrarreloj
El Gobierno comienza a debatir este miércoles la nueva reforma de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada. Los cambios en estas dos modalidades de retiro están suspendidas dentro de la reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero. El Ejecutivo se ha dado de plazo tres meses para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para restringir más el acceso a este tipo de jubilaciones.
Pese a las prisas que tiene el Ejecutivo por presentar estos cambios en Bruselas, el arranque de las conversaciones se ha retrasado hasta este miércoles. La Comisión ha pedido a España medidas para elevar la edad efectiva de jubilación. Así, restan apenas dos meses para alcanzar un acuerdo, cuando los diputados estuvieron negociando casi dos años el pacto anterior.
Por lo pronto, el Gobierno quiere iniciar las conversaciones con los posibles cambios en la jubilación parcial, para la que plantea casi su total extinción. En realidad, el caballo de batalla estará en los cambios en la jubilación anticipada que afectan a un mayor número de trabajadores y puede tener especial incidencia en los que querían optar al retiro después de una situación de desempleo.
La reforma que se ha quedado en suspenso recogía dos tipos de jubilación anticipada. Una voluntaria a los 63 años, que indicaba criterios muy estrictos para su cumplimiento y que penalizaba fuertemente al asalariado que quisiera acceder de forma anticipada, pero también una jubilación a los 61 años pensada para aquellos que habían sido despedidos en edad avanzada.
Los sindicatos advierten de que si se elimina esta posibilidad, miles de trabajadores que se encuentran en este momento en el paro y están a punto de acceder a este tipo de jubilación se quedarían casi un lustro más sin poderse retirar oficialmente, cuando no estarían ya cubiertos por ningún tipo de protección social. Con los datos que maneja CCOO, al menos un 40% de los pensionistas que acceden a los 61 a la jubilación lo hacen con poca (los famosos 400 euros) o ninguna protección social.
Las posibilidades de éxito de estas negociaciones son muy escasas ya que las fuentes parlamentarias consultadas por este diario recuerdan que el acuerdo anterior fue pactado también con los agentes sociales y que sin su beneplácito no están dispuestos a volver a reformar la ley.
