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El Gobierno impone un cambio de contadores de la luz que sólo beneficia a las eléctricas

Fuentes de Competencia reconocen: "Los beneficios son para las empresas"

El 90% de los usuarios no disfruta ninguna de las teóricas ventajas que impulsaba el cambio: el conocimiento del gasto al instante y la personalización de la tarifa

La sustitución de los sistemas de medida impuesta por el Gobierno debe llegar al 30% a finales de 2014 y al 100% a finales de 2018

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pide que se paralice la implantación y reclama al Gobierno que se instalen contadores que "no sólo resulten útiles a las eléctricas, sino también al consumidor"

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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. / Efe

Algunos los llaman smart meters. Pero tienen muy poco de smart. Al menos los que se están instalando en España. Los contadores digitales de la luz que están sustituyendo a los tradicionales les cuestan más caros a los consumidores y su única ventaja es que facilita el trabajo a las eléctricas porque terminan con las lecturas aproximadas.

Un portavoz de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce: "Los beneficios son para las empresas, ya que cuando estén instalados y conectados se ahorrarán los costes de lectura [que hasta ahora hacen operarios], de adecuación de las potencias contratadas, del cambio de tarifa plana a tarifas de dos o tres periodos. Si no cambian la legislación, a los consumidores les seguirán cobrando por esas cuestiones".

Podrían informar del consumo hora a hora; señalar de cuánto está introduciendo en la red un usuario con placa foltovoltaica; ayudar a que las facturas se ajustaran mucho más al consumo de cada cual; ser accesibles a través de una web o una aplicación de teléfono o tableta... En definitiva, podrían ser casi inteligentes y contribuir a un consumo energético más racional –menor–. Pero no es el caso, a pesar de que la propia orden ministerial de febrero de 2012, inspirada en las directivas europeas, afirme que los "nuevos equipos" deben permitir "la discriminación horaria y la telegestión".

El sector calcula que se ha sustituido un 10% –los que tienen una potencia contratada de hasta 15kW–; para finales de 2014 se debería llegar al 35%; a finales de 2016, al 70%, y a finales de 2018 debería haberse cumplido el 100%. Es ese 10% el único que podrá beneficiarse de la facturación por horas que implantará el Gobierno a partir del 1 de abril para aquellos usuarios que tengan contadores horarios.

"El principal problema es que no hay ninguna ventaja para el consumidor", explica Jorge Morales, director de GeoAtlanter y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético: "Podría facilitar mucha información al usuario, pero no lo hace. Sí que permite que te corten a distancia el suministro, por ejemplo, pero no te informa de si ha habido interrupciones. Se podría parametrizar el contador y adaptar a un mejor consumo. Por eso pedimos que se paralice el plan de implantación hasta que el usuario final pueda tener información del contador".

    Según la CNMC, "las sustituciones de contadores derivadas del plan no tienen coste para el consumidor". El precio del alquiler, por otra parte, es provisional. El de los contadores eléctricos monofásicos es de 0,81 euros/mes –casi el doble que los monofásicos tradicionales, que son 0,47 euros–; y el de los trifásicos, 1,36 –los trifásicos viejos cuestan 1,53–.

    No obstante, los precios están pendientes de actualización desde junio de 2013, cuando el Supremo anuló los precios de alquiler por "estar mal calculados". Desde entonces, se espera un dictamen de la CNMC que, según la orden ministerial de agosto de 2013, tenía que haberse entregado, como muy tarde, el 15 de diciembre.

    Controlar la factura

    Morales explica que "cuando tienes información, cuando sabes lo que gastas y cuándo lo gastas, si conoces tu producción y consumo, maximizas. Si no lo ves, es más difícil controlar el gasto. Incluso se podría empezar a hablar de balance neto [cuando la compañía eléctrica descuenta de la factura la energía que aporta a la red un usuario con placas foltovoltaicas, por ejemplo]. Es que podrías saber al instante cuánto te sube el consumo cuando enchufas la lavadora y elegir el momento en que ponerla: por ejemplo, cuando más energía está produciendo tu placa".

    En la misma línea se manifiesta Cote Romero, de Ecooo, que sostiene: "Nos los están imponiendo. No ofrecen datos de consumo, no permiten la discriminación horaria, ni controlar la potencia. Su implantación no supone ningún beneficio para el ciudadano; sólo para las grandes corporaciones".

    Lo que tampoco permite la legislación es que uno pueda instalar en su hogar un contador muy evolucionado con más prestaciones, como estar conectado a una tableta o un teléfono: "Ni se plantea. Yo me compraría uno con estas prestaciones, estaría dispuesto a pagar más por su alquiler, si me ayuda a conocer y administrar mejor mi consumo. Pero no me dejan", argumenta Morales.

    A consecuencia de todo esto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que reclama una reunión para abordar la implantación de los contadores y también se están poniendo en contacto con las asociaciones de consumidores con el fin de coordinar acciones.

    Para impulsar la implantación de los contadores, aprobada a finales de 2007, Miguel Sebastián puso en marcha lo que entonces se bautizó como Plan Contador, en junio de 2009. Un informe de la extinta Comisión Nacional de la Energía de aquella época ya alertaba de lo que está ocurriendo ahora: "Para que el consumidor pueda llegar a modificar sus hábitos de consumo es necesario que cuente, al menos, con la información de su curva de carga [...]. Adicionalmente, entiende esta Comisión que para que el consumidor llegue a modificar sus hábitos de consumo, no es suficiente que el consumidor conozca su curva de carga, sino que reciba las señales económicas que sus decisiones conllevan. Por ello [...], lo que procedería es abordar una profunda reforma de la actual estructura tarifaria".

    Han pasado cinco años, y nada de aquello se ha logrado.

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