¿Debe España reclamar la deuda que contrajeron los dictadores árabes?

El debate sobre la ilegitimidad de la deuda saltó a la esfera pública a raíz de la crisis del euro y de la presión de los mercados sobre los países desarrollados. En Grecia, el movimiento contra del pago de la deuda, o de ciertas deudas como las generadas por los Juegos Olímpicos de Atenas, sigue en aumento y sus llamadas han calado en otros países como España, donde algunos grupos también piden un tratamiento especial para los compromisos de pago del Tesoro español.

Pero poco o nada se habla del papel de España, o de sus socios del euro, como acreedores ilegítimos de deudas contraídas con el Tercer Mundo. Así, el Estado español acumula de deuda de más de 1.000 millones de euros con los países del norte de África, deudas pactadas con los dictadores derrocados por las revoluciones de la primavera árabe.

El principal deudor español de la región es Egipto, cuya deuda superó los 413 millones de euros en 2011, el último año del que el Ejecutivo facilita cifras. Esta abultada deuda se concedió bajo el régimen de Hosni Mubarak mediante créditos FAD, un criticado instrumento de la cooperación española que ligaba créditos blandos a los negocios de empresas españolas en estos países. Los créditos FAD como tal no existen desde mediados de 2011 pero la deuda que se había emitido sigue viva y embolsada bajo el acrónimo de FIEM, un nuevo tipo de créditos que Economía concede a las empresas para su internalización pero ya sin la finalidad de la ayuda al desarrollo.

Intermón Oxfam pone muy en duda el uso empresarial que se hizo de estos créditos, una vez que derrocado el Gobierno de Mubarak ha quedado al descubierto la connivencia de empresarios españoles con el régimen. En cualquier caso, de los 413,26 millones de euros que España reclama a Egipto, solo 130 millones pertenecen a deuda viva procedente de los FAD. El resto se englosa bajo el capítulo de deuda comercial, esto es, la deuda generada por impagos en operaciones empresariales con Egipto y que tenían como garante a la empresa estatal aseguradora Cesce. Una vez que el crédito es fallido, el Estado español se encarga de resarcir al empresario y la deuda pasa, automáticamente, a ser asumida por las arcas públicas.

En 2011, Egipto debía al Estado español 283 millones de euros en concepto de este tipo de deuda, llamada deuda comercial. Es decir, el Estado se había hecho cargo de operaciones fallidas de empresarios españoles con la dictadura de Mubarak por esa cantidad, que ahora computa como deuda española.

Túnez es un caso aún más paradigmático de deuda sospechosa en manos del Estado español. La dictadura de Ben Alí contrajo hasta 272 millones de euros con España hasta 2010, todo mediante créditos FAD. Pero lo más llamativo es que durante 2011, un ejercicio en el que el Estado tunecino no tuvo más que un Gobierno en funciones, la deuda se elevó un 20%, hasta los 325 millones de euros.

Este alarmante ascenso ha llamado la atención a los grupos de la oposición, que pidieron explicaciones al secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, durante la presentación del informe en diciembre del balance con las deudas del Estado español. Latorre presentó el informe en el Congreso con casi un año de retraso, algo que Economía justifica por la agenda parlamentaria.

Desde las bancadas del PSOE, CiU e IU, los diputados pidieron al Gobierno que estudiara el origen de estos fondos y su posible conversión en deuda ilegítima. Aunque no hay una doctrina común sobre lo que debe ser considerado como deuda ilegítima, desde Eurodad, la organización no gubernamental europea especialista en temas de deuda, dicen que se puede considerar a aquellas obligaciones generados por los gobiernos sin permiso de los ciudadanos y que han sido utilizadas para fines “que no benefician a la población”.

La diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, fue una de las más beligerantes durante la comisión en la que se dieron cuenta de estos datos, y exigió al Ejecutivo “coherencia” en su papel como acreedor. Ortiz recordó que el Parlamento Europeo ha pedido a sus países miembros que colaboren con la cancelación de la deuda en el fortalecimiento de las nuevas democracias de los países árabes. Además, Ortiz pidió transparencia en la gestión de estos nuevos créditos FIEM, que aunque ya no computan como ayuda compromenten fondos españoles en países de dudosa legitimidad democráctica.

Noruega ha comenzado la cancelación de deuda ilegítima

La posibilidad de estudiar la concesión y uso de los créditos concedidos a estos países ha cobrado especial fuerza después de que Noruega haya iniciado un proceso de cancelación de gran parte de su deuda con países pobres por considerarla ilegítima. Además, las ONG recuerdan que ya existe jurisprudencia internacional respecto a la conocida como “deuda odiosa”, ya que tras la guerra del Golfo la mayoría de los países acreedores con Irak le condonaron la deuda al considerarla ilegítima por haber sido contraída bajo el régimen de Sadam Hussein.

Pero no solo los países árabes son objeto de esta posible revisión de deuda ilegítima por parte de los Ejecutivos. Muy cuestionada es también la deuda enquistada en países como Somalia, considerado como un país fallido, y cuyos ciudadanos deben devolver casi 28 millones de euros a España. Precisamente la ausencia de interlocutor es lo que hincha cada año esa deuda que aparece ya en los documentos de Economía desde 1996.

Los países del Sahel, arrasados por la hambruna del año pasado, también acumulan abultadas deudas con el Estado español. Burkina Faso, uno de los países más pobres del planeta, tiene una deuda con España de 3,53 millones de euros. Aunque la cifra parece pequeña, es dramáticamente llamativo que en 2011 creció un 37% respecto al año anterior, cuando el país se encuentra en la lista de HIPC (países muy pobres altamente endeudados), con los que existe un compromiso internacional de no aumentar su deuda.

Precisamente Eurodad reclama que la gestión de la cooperación financiera se centre no solo en la condonación sino en el estudio previo de a quién se le otorgan estos créditos para evitar situaciones tanto de posible ilegitimidad como de burbujas de deuda.

Deudas para comprar material militar

Otros organizaciones sociales son algo más radicales con el uso de instrumentos financieros en el mundo de la cooperación. El Observatorio de la Deuda (ODG) tiene una visión muy crítica en la financialización de la cooperación al desarrollo. Precisamente, este organimo con sede en Cataluña ha elaborado un informe desvelando algunas de las posibles irregularidades cometidas en el marco de los créditos FAD (cuya deuda sigue en el balance del Estado).

Así, en un informe de 2009 (ver archivo adjunto) acusa al Estado español de haber financiado mediante esta vía la compra de material militar para dictaduras como la de Somalia, Indonesia o Angola en los años ochenta. El problema, como recuerda Dani Gómez-Olivé, uno de los autores del informe, es que en el momento en que se concedieron aquellas ayudas, con el Gobierno de Felipe González era “legal” considerar el gasto militar como ayuda al desarrollo, ya que no fue hasta 1992 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), eliminó esta posibilidad, lo que luego se legisló en España mediante la Ley de Deuda Externa. Aunque “legal”, esta entidad cuestiona si es moral reclamar la deuda a estos países en la actualidad.

La diputada Ortiz reclama también que se estudie la deuda que se reclama a Palestina, a la que se concedieron casi 20 millones de euros (en total adeuda 70 millones) para construir en los años noventa el aeropuerto de Gaza, que solo tuvo un año de vida, ya que fue bombardeado por Israel pero cuya deuda España le sigue reclamando.

Con todo, y aunque el tratamiento de la deuda con estos países altamente endeudados es muy susceptible de mejorar, no se puede obviar el importante esfuerzo que hizo España durante la primera parte de la década para condonar esta deuda. Así, España pasó de que la deuda con los países HIPC supusiera un 15,4% del total en 2006, a que en 2011 apenas sumara un 4,51%. En total, España ha aportado casi 3.000 millones de euros en el alivio de la deuda de estos países.

La caída del peso relativo de la deuda de países pobres en el total de la deuda también tiene su explicación en la aparición de Grecia como princiapl deudor de España. Excluyendo el efecto griego, España reclamó un 5% más de deuda a los países pobres en 2011 que en el año precedente.