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El defensor del Pueblo investiga la subida “generalizada” de tarifas de Telefónica, Vodafone y Orange
La subida de tarifas de tres grandes operadoras de telefonía está bajo la lupa del defensor del pueblo. Francisco Fernández Marugán ha preguntado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por los incrementos en sus precios previstos por Telefónica, Vodafone y Orange.
El defensor del pueblo ha iniciado una actuación de oficio tras conocer que estas tres compañías tienen previsto incrementar sus tarifas en los próximos meses, ha informado este miércoles esa institución.
Según el defensor del pueblo, esta subida “generalizada” de tarifas “podría alterar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones”. Además, recuerda que una actuación pactada por parte de las operadoras “podría ocasionar perjuicios a los consumidores”.
Por ello, el defensor del pueblo ha pedido al Ministerio de Energía y a la CNMC información sobre estas subidas y sobre las eventuales medidas que se plantean tomar si aprecian que se están vulnerando los derechos de los usuarios.
Facua también denunció esta práctica
Hace una semana, FACUA-Consumidores en Acción anunció también una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las tres compañías de telecomunicaciones por la subida de tarifas “al unísono en sus paquetes convergente”s. La asociación advirtió a Competencia de que este incremento de precios de los planes conjuntos de telefonía, internet y televisión de las tres teleoperadoras podía “responder a un pacto que sería contrario a la Ley de Defensa de la Competencia”.
“Cabe cuestionarse la competencia real entre las tres operadoras”, argumentaba FACUA en su escrito a la CNMC, “y lo que puede incidir esta falta de competitividad del mercado en las decisiones del consumidor a la hora de contratar. Si la práctica totalidad del mercado está ocupado por ellas e igualan sus precios prácticamente a la vez, el usuario se verá obligado a aceptar la subida impuesta unilateralmente al no disponer de una alternativa real a la que portar los servicios de telefonía, internet y televisión a otra empresa del sector”.
La organización de consumidores recuerda que la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia señala que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”. Y en concreto, añade, “los que consistan en la fijación de forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”.
