Las condenas a Volkswagen en EEUU ponen en evidencia a la UE que sigue sin castigar a los responsables

Alejandro Bancalero es abogado. Su despacho y los otros once que trabajan en España dentro de la Agrupación de Afectados por Volkswagen tienen ante sí “una tarea larga y ardua”, dice a eldiario.es este letrado andaluz. Su gabinete cuenta con oficinas en Sevilla y Málaga. La agrupación en la que trabaja con víctimas del fraude de Volkswagen reúne a unos 2.500 demandantes enfrentados al fabricante de coches por el dieselgate.

A estas alturas está probado que el Grupo Volkswagen manipuló motores de sus coches diésel para que éstos parecieran menos contaminantes. Pero eso no quiere decir que en España o en el resto de Europa vayan a escucharse pronto sentencias como la que pronunciaba hace unos días el juez Sean Cox en Detroit (Estados Unidos) contra el alemán Oliver Schmidt, uno de los empleados de Volkswagen implicado en el capítulo estadounidense del dieselgate. 

“En España, hay un proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional, pero la Justicia española es muy lenta, hay muchos letrados personados, muchos procuradores, porque hay muchas partes implicadas y porque Volkswagen no está haciendo nada, no se ha puesto en contacto con nadie para hacer una oferta de ningún tipo”, explica Bancalero. Según sus cálculos, los consumidores españoles no verán sus compensaciones hasta dentro de “siete u ocho años”.

Se estima que en España hay unos 700.000 afectados por el escándalo. En toda Europa, el número de coches del Grupo Volkswagen concernidos por este fraude alcanza los 8,5 millones. En Estados Unidos, el número de vehículos con motores fraudulentos es mucho menor. Hay algo más de medio millón. Sin embargo, las sanciones que están recibiendo allí Volkswagen y los empleados responsabilizados del fraude constituyen duros castigos.

Schmidt era condenado por el juez Cox a siete años de cárcel. También se le impuso una multa de 400.000 dólares (unos 339.000 euros) por conspirar para engañar a las autoridades de Estados Unidos e incumplir las leyes medioambientales estadounidenses. Como parte del entramado de responsables del dieselgate en ese país, este hombre de 48 años estuvo, entre 2012 y 2015, dando evasivas a las autoridades para que no descubrieran el fraude.

Pero en el otoño de 2015 estalló el escándalo, que ha supuesto la mayor crisis de la historia para el Grupo Volkswagen. La compañía se ha visto obligada a pagar cantidades astronómicas en multas, compensaciones y acuerdos con autoridades y consumidores de Estados Unidos. Se estima que el precio del dieselgate en suelo estadounidense asciende a los 23.000 millones de dólares (19.500 millones de euros).

Schmidt es el segundo alemán castigado a una pena de prisión por el dieselgate. El pasado mes de agosto fue castigado con tres años de cárcel y una multa de 200.000 dólares (unos 170.000 euros) el también ciudadano alemán James Liang, considerado uno de los encargados de desarrollar el defeat device, término en inglés para designar en el sector el dispositivo manipulador de los motores diésel. Éste permitía a los vehículos identificar las condiciones de las pruebas en laboratorio o taller para reducir sus emisiones de gases. En carretera, los coches expulsaban contaminantes que superaban con creces los límites medioambientales establecidos por la legislación estadounidense.

“Mano dura” en Estados Unidos

Según Ferdinand Dudenhöffer, investigador especializado en la industria del automóvil germana y profesor en la Universidad de Duisburgo-Essen, Schmidt y Liang han tenido que vérselas con un juez Cox que ha aplicado “mano dura”. “Sus condenas son una muestra de que la Justicia estadounidense castigará duramente a los responsables de las empresas que estén detrás de fraudes así”, dice Dudenhöffer a eldiario.es. “Para estos mánagers, los castigos serán tan duros como los impuestos a la empresa”, añade este experto, que ya ve a Volkswagen habiendo “resuelto” la crisis del dieselgate en Estados Unidos tras asumir costes multimillonarios.

Hay otros cinco alemanes empleados de la compañía imputados en Estados Unidos. Están acusados de participar en mayor o menor medida del fraude en suelo estadounidense. Sin embargo, se encuentran en suelo alemán y su extradición parece poco probable, entre otras cosas porque también están siendo investigados por las autoridades germanas. Peor suerte podría correr el italiano Zaccheo Pamio, un ejecutivo de Audi – una de la decena de marcas del fabricante con sede en Wolfsburgo (centro alemán) – detenido el pasado mes de julio. Pamio resultó arrestado en Alemania por su implicación en el escándalo el pasado mes de julio. Para él, no ser alemán podría significar la extradición a Estados Unidos.

Leyes europeas “débiles”

Si Pamio elude ser juzgado en Estados Unidos, según Dudenhöffer, el empleado italiano de Audi puede ser optimista sobre su futuro. Porque “en Europa, las leyes de respeto medioambiental y de defensa de los consumidores son muy débiles, por eso el problema del dieselgate nunca fue tan grande aquí como en Estados Unidos”, estima este profesor de a Universidad de Duisburgo-Essen.

Que a media docena de países – incluidos España – la Comisión Europea les abriera el año pasado un expediente por su inacción ante el 'dieselgate' no traído consigo consecuencias relevantes para la compañía teutona. El Grupo Volkswagen es el tercer fabricante de coches a nivel mundial, por detrás de Toyota, líder del sector al que sigue de cerca Renault-Nissan.

Tampoco parece avanzar con premura la investigación abierta en Francia por los motores trucados de la que daba cuenta el diario Le Monde el pasado mes de mayo. En suelo galo, según las estimaciones presentadas por ese periódico, el dieselgate podría suponer para Volkswagen una multa de hasta 20.000 millones de euros impuesta por la autoridades antifraude francesas.

“En España, es un problema que Volkswagen sea aquí una empresa fuerte, ni el Gobierno actual ni el que esté en el futuro harán nada por sancionar a la compañía, por eso mismo no se ha hecho nada al respecto, aunque el grupo haya cobrado incluso subvenciones del Estado ilegalmente”, lamenta Bancalero, el abogado de la Agrupación de Afectados por Volkswagen. El Grupo Volkswagen, que da trabajo a más de medio millón de personas en todo el mundo, es el líder del mercado español. Seat, filial del Grupo Volkswagen, da trabajo en España a 14.500 personas. Es la mayor compañía industrial del país.

Aunque tiene presente esta circunstancia, Bancalero entiende que la compañía también “ha de ser condenada en España”. “Estamos hablando de que se han cometido en este caso delitos muy importantes como el de estafa, delito contra el medioambiente o aprovecharse subvenciones por vehículos que supuestamente no eran contaminantes además de haber llevado a cabo una maquinación fraudulenta”, concluye.