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Condenado a siete años de prisión un ejecutivo de Volkswagen por el escándalo de los motores trucados

Oliver Schmidt ha sido sentenciado en Estados Unidos a siete años de cárcel tras declararse culpable por el fraude de la compañía alemana

Schmidt se convierte en el segundo ejecutivo cuyo futuro ha sido resuelto por la justicia tras James Liang, cuya condena asciende a los tres años y cuatro meses de prisión

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EE.UU. impone una multa de 4.300 millones de dólares a Volkswagen por los motores trucados

EFE

Oliver Schmidt, ex alto cargo de Volkswagen, pagará por las consecuencias del fraude de Volkswagen que salpicó a la automovilística alemana hace dos años. Schmidt, que ya se declaró culpable de participar en la maquinaria por la que se terminó destapando el escándalo, ha sido condenado por un tribunal estadounidense a siete años de cárcel por su responsabilidad en la trama.

El directivo, que fue arrestado el pasado mes de enero por las autoridades estadounidenses, tendrá que pagar además una multa de 400.000 dólares por violar la Clean Air Act del país norteamericano y por ser declarado culpable del cargo de conspiración.

Segunda condena en EEUU

La condena a Oliver Schmidt en Estados Unidos se suma a la de James Liang, cuya sentencia en el país norteamericano asciende a tres años y cuatro meses de cárcel por su papel en el escándalo de los motores diésel trucados por el fabricante alemán para ocultar sus emisiones reales. El tribunal de Detroit también le condenó  a pagar una multa de 200.000 dólares.

Liang fue el responsable del cumplimiento de las normativas sobre motores diésel de VW en Estados Unidos entre 2008 y 2016 y la primera persona imputada por las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía estadounidense había solicitado que Liang fuese condenado a tres años y una multa de 20.000 dólares por su papel en el trucaje de los motores y que permitió a VW ocultar las emisiones reales de centenares de miles de vehículos vendidos en Estados Unidos.

Según los fiscales, Liang sabía que Volkswagen estaba utilizando un software ilegal en alrededor de 600.000 vehículos para ocultar que las emisiones de óxidos de nitrógeno de sus motores diésel superaban varias veces los máximos permitidos por las normativas del país.

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