La factura en asesorías por los arbitrajes de las renovables ya supera los 20 millones de euros
Más dinero público para defender a España de la lluvia de denuncias presentadas por inversores extranjeros por los recortes a la retribución de las energías renovables. La factura abonada por el Gobierno para servicios de asesoría externa con este fin sigue creciendo y ya supera los 20 millones de euros, sin contar el IVA correspondiente. El importe se ha disparado un 25% con respecto a enero, tras la reciente adjudicación de otros dos contratos en junio por un total conjunto de más de tres millones.
El último contrato fue adjudicado el pasado 27 de junio por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que un día fue referente en asuntos de eficiencia energética y hoy ha sido convertido en principal instrumento del ministerio para instrumentar estas contrataciones. El contrato ha sido adjudicado a Econ One Research Inc por los arbitrajes denominados Sevilla y Greenpower, a razón de medio millón de euros por litigio (más IVA).
El IDAE tiene todavía pendiente de adjudicación la defensa de los procesos “Eurowind” y “Portigon”, con un presupuesto de otros 1,5 millones. La alemana Portigon presentó en mayo la que, de momento, es la última denuncia ante el Ciadi, el organismo de arbitraje que concentra buena parte de las demandas.
El Ciadi está adscrito al Banco Mundial, el organismo multilateral en el que el Gobierno intentó colocar el año pasado al exministro José Manuel Soria, responsable de buena parte del hachazo a las renovables.
La denuncia de Portigon poco después de la primera derrota cosechada por el Reino de España en el Ciadi el pasado 4 de mayo, cuando los tres árbitros del tribunal dictaron de forma unánime un laudo que obliga a España a pagar 128 millones más intereses a las firmas Eiser y Energía Solar Luxembourg, que promovieron tres plantas de energía termosolar en Ciudad Real.
Tras ese varapalo, el IDAE adjudicó el pasado 2 de junio por algo más de dos millones un contrato de “asistencia jurídica especializada para el estudio, preparación y presentación de cualquiera de los remedios procesales previstos” contra esa decisión del Ciadi. La elegida fue la firma estadounidense Curtis, Mallet-Prevost, Colt-Mosle LLP. Con sede en Nueva York, este bufete también se encargará de intentar impedir la ejecución del laudo dictada por un tribunal neoyorquino a finales de junio, adelantada por El País la semana pasada.
“Extrema urgencia”
Estos contratos, como viene siendo la norma, se han adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad. En el caso del adjudicado a Curtis, Mallet-Prevost, Colt-Mosle LLP, según argumenta el Gobierno, concurre una “situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador” y “los plazos legales para la presentación del recurso son incompatibles con los plazos establecidos en las normas de contratación pública”.
El fallo de Eiser ha abierto un peligroso precedente para España en el resto de procedimientos que tiene abiertos y los que todavía pueden venir. Estos litigios amenazan con provocar un nuevo agujero en las cuentas del sistema eléctrico que, previsiblemente, costearán los consumidores. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, llegó a advertir poco después de llegar al cargo de que, en caso de derrota, “el resultado de esos arbitrajes será que tenemos que subir la electricidad a todos los españoles en beneficio de aquellos que han recurrido”.
Por lo pronto, el Gobierno ha modificado la Ley de Presupuestos para utilizar el superávit del sistema eléctrico para costear las posibles indemnizaciones.
El laudo que dio la razón a Eiser consideró que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura, cuando el responsable de la Secretaría de Estado de Energía era Alberto Nadal (hermano del actual ministro), “fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.
El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente. Un testigo del IDAE que aportó España “admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso”, dio alguna respuesta ambigua y mostró “una evidente falta de conocimiento” sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.
El laudo también recogía que Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación para “una solución amistosa” antes de presentar su demanda de arbitraje. Durante el procedimiento, los peritos propuestos por España no resultaron convincentes frente a los informes “completos y profesionales” de la otra parte; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa, sin éxito.
Uno de los últimos nombres conocidos en la larga lista de más treinta demandantes es, como adelantó eldiario.es, el del gigante francés Electricité de France, que se ha sumado a, entre otros, fondos soberanos como el de Abu Dabi, empresas municipales de Alemania, el fondo de pensiones de los funcionarios de Canadá, fondos ligados a Deutsche Bank y BNP, una filial de la japonesa Toyota y algunas compañías eléctricas como el gigante alemán RWE y la estadounidense NextEra. Algunas estimaciones cifran la suma que España se juega en indemnizaciones por estos litigios supera los 5.000 millones.
