Un familiar de Esperanza Aguirre convertirá en hotel la sede formativa de UGT en Madrid

El número 51 de la calle Canarias, en Madrid, fue hasta mediados de 2017 la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), la fundación de UGT dedicada a la formación profesional. El 17 de junio de ese año, la empresa El Arverjal Arrendamientos —cuyo administrador único es Ignacio Mencos Valdés, primo del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro Valdés— lo compró. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar el cambio de uso del edificio, de industrial a hospedaje, para transformarlo en un hotel de 62 habitaciones.

“Será nuestro tercer hotel en propiedad y explotación”, explica Óscar Ortega, responsable de la compañía. El Arverjal Arrendamientos cambió su nombre a Hotel PAX Atocha poco después de adquirirlo, ya que el edificio está a pocos minutos andando de esta estación. También queda cerca del metro de Delicias y de la estación de tren y autobús Méndez Álvaro. Hay varias operaciones grandes proyectadas en la zona, como la nueva sede de Acciona o el edificio de oficinas Ancora 40, justo enfrente del futuro hotel, que según describe su web será el “espacio de trabajo más cool de Madrid”.

El edificio de lo que era el IFES es antiguo. Según consta en la memoria del proyecto, data de los años 40, aunque a efectos de conservación del Ayuntamiento es de 1960. Está dentro de dos zonas protegidas —la del conjunto histórico y la de las Terrazas del Manzanares— pero el inmueble en sí mismo carece de protección. “No posee interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos”, describe la memoria.

La promotora tiene previsto reformar su exterior. “La semana que viene nos sentaremos con los arquitectos para darle forma”, continúa Ortega. “Por fuera será más moderno. Lo necesita. La idea del presidente, don Ignacio, es hacer un envolvente curvo. Veremos si se puede”. El estudio responsable del plan para solicitar el cambio de uso es Touza Arquitectos, autor de algunos rascacielos de la capital, como Riverside (frente al río Manzanares) o Skyline Towers (en el polémico entorno del Paseo de la Dirección).

Ni la empresa ni UGT dan la cifra a la que se cerró la operación. Desde el sindicato apuntan a que la venta se produjo en el proceso de liquidación del IFES y que recibieron tres ofertas. La de Mencos fue la mejor. A finales de 2019, UGT anunció que dejaría de hacer formación profesional y que cerraría del todo el IFES, cuya plantilla ya era reducida. El sindicato había desmantelado las sedes en varias provincias (Burgos, León, Segovia, Valladolid, Cantabria) antes de darle la puntilla final. El IFES es una pieza importante en las investigaciones sobre el presunto fraude de los cursos de formación del sindicato. El instituto se habría usado en distintas provincias para facturar conceptos y recibir subvenciones, pese a ser 100% dependiente de UGT.

No es un promotor cualquiera

El Arverjal Arrendamientos —ahora, Hotel PAX Atocha— no es una empresa cualquiera. Pertenece a El Arverjal SL, propiedad de la tía del marido de Aguirre, Micaela Valdés y Ozores, y sus hijos: Alonso, Teresa, Alberto, Juan, Eduardo e Ignacio, promotor del nuevo hotel. El Arverjal era la empresa dueña de terrenos en Yebes, un pequeño pueblo a trece kilómetros de Guadalajara en el que en 2003 se instaló una parada del AVE Madrid-Barcelona. Los suelos se recalificaron, aumentaron su valor y sobre ellos se construyó la Ciudad Valdeluz, un PAU en el que ahora viven 3.000 personas. La estación, cuya ubicación siempre ha sido sospechosa, apenas recibe pasajeros. Los Mencos son una de las familias más ricas de Madrid.

El Arverjal tiene dos hoteles más: uno en Torrelodones de 75 habitaciones y otro en Guadalajara de 105. También son propietarios, a través de otra sociedad, del campo de golf de Valdeluz. “Allí teníamos un proyecto residencial y hotelero. Tenemos intención de arrancarlo, pero este año ha sido complicado”, cuenta Ortega.

Ignacio Mencos compró el edificio de UGT sabiendo que podría cambiar su uso, explica el responsable de la empresa. Antes de meterse en una operación así, los promotores pueden hacer una consulta urbanística especial cuya respuesta es vinculante: si un técnico dice que puede cambiarse, el Ayuntamiento no puede modificar su opinión después. En este caso, “no hubo esa formalidad, pero sí hubo consultas indirectas a través de distintos arquitectos y personas involucradas con el Ayuntamiento que entendían que no iba a haber problema”, dice Ortega. Los arquitectos prepararon un plan especial, con el que según fuentes del sector es más fácil que aprueben el cambio.

El proyecto está ahora en fase de consulta pública y alegaciones. Por ley, el promotor debe ceder un 10% del suelo a la administración. En este caso, el distrito de Arganzuela ha dicho que no lo necesita, así que se calculará su valor para que la empresa lo pague.

“Es discutible. Y aunque cambies el uso industrial, el barrio pierde un edificio que se usaba para educación”, razona Raquel Rodríguez, técnica del grupo municipal Más Madrid, que estudia el proyecto para hacer sus alegaciones. Rodríguez recuerda, además, que Madrid aprobó hace pocos meses otro plan similar: el cambio de uso de oficinas a apartamentos turísticos en el convento de Santa María Magdalena, en la calle Hortaleza, también propiedad y sede de UGT. En este caso, apuntan desde el sindicato, el inmueble no se vende sino que se alquila. Según informó el diario El Mundo, será la empresa Jima Patrimonial de Hostales la que explote el negocio.