El Gobierno plantea volver a dar prioridad al convenio autonómico sobre el estatal en la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (2d), interviene en la sesión de control al Gobierno. EFE/ Javier Lizón

Laura Olías


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El Ejecutivo propone en la reforma laboral recuperar la primacía del convenio sectorial autonómico sobre el estatal, como ha confirmado elDiario.es y ha adelantado El País. Esto implica regresar a la legislación del mercado de trabajo de 1994, aunque con matices. El documento que maneja la mesa de negociación elimina una coletilla que incluyó la reforma laboral de 2010, y mantuvo la de 2012, para imponer los convenios estatales a los regionales. Ahora, en un contexto en el que el Gobierno depende de varios socios nacionalistas, se pretende devolver el peso de la negociación colectiva regional que eliminaron las últimas reformas laborales.

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El texto que está sobre la mesa de los agentes sociales incluyó este asunto hace tiempo, no en las últimas versiones. Fuentes del Ministerio de Trabajo advierten de que la negociación sigue abierta, por lo que esta y otras materias pueden cambiar en el futuro, y afirman que la cuestión estaba ya plasmada en “el Estatuto desde el 94”. No obstante, esta cuestión se modificó en 2010.

“No se ha abordado aún en la mesa” y “no forma parte del componente 23” que se ha comprometido con Bruselas, añaden en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Es decir, que no es obligado que salga adelante, al menos por mandato de la Comisión Europea.

Acabar con el límite fijado desde 2010

¿Qué es lo que propone el texto del Gobierno? Eliminar del artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores una frase, que se incluyó en la reforma laboral de Zapatero, y que pretendía que el convenio estatal estuviera por encima del autonómico.

El artículo 84.3 recogía que “los sindicatos y las asociaciones empresariales (..) podrán, en el ámbito de una Comunidad Autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”.

Pero a continuación, en el 84.4 se metía como coletilla que esto era así “salvo que resultare de aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal”. Es decir, que con una redacción bastante contradictoria, el resultado era dejar en agua de borrajas el apartado anterior y se buscaba fijar que el convenio estatal quedara por encima del autonómico.

“”Su articulación (de los convenios autonómicos) con los estatales en caso de concurrencia es compleja, cuesta mucho explicarlo a las y los alumnos“, apunta a este medio un catedrático de Derecho del Trabajo.

Ahora, el Gobierno propone eliminar la frase en cuestión, por lo que el convenio sectorial autonómico que pactaran las patronales y los sindicatos representativos en una determinada Comunidad Autónoma se impondría al estatal. Excepto, como se ha marcado desde hace muchos años, en un pequeño listado de cuestiones que solo se pueden determinar a nivel estatal: “El período de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”.

¿Supone esto volver a la legislación del 94? No de todo. Entonces, se habilitaba también la primacía de los convenios provinciales: cualquiera pactado legalmente “en un ámbito determinado que sea superior al de empresa”. Ahora, el texto sobre la mesa solo impondría los autonómicos a los estatales.

Entre las críticas de la patronal y los apoyos parlamentarios

Los empresarios, según recoge El País, consideran que este esquema fragmentaría mucho la negociación colectiva y diversificará las condiciones de trabajo en el país, generando posibles desigualdades. Desde los sindicatos restan importancia a la medida, que es incluso menos regionalizada que la que había en el 94. La patronal CEOE, que no ha respondido a este medio, parece rechazar un mayor peso a la negociación territorial, pero sí ha abogado en los últimos meses por un salario mínimo diferente por territorios. 

En cualquier caso, fuentes sindicales añaden que los límites fijados en 2010 “no modificó sustancialmente la estructura de convenios estatales y territoriales (autonómicos y provinciales)”. La negociación sectorial existente en España es sobre todo provincial, no tanto autonómica, por lo que el efecto del cambio legislativo sería “limitado”, consideran.

La primacía del convenio autonómico podría servir además para “articular” las condiciones laborales en el marco de la Comunidad Autónoma, entre distintas provincias, con convenios a veces muy dispersos que afectan a un número muy reducido de empresas y trabajadores.

Y en este debate a nadie se le escapa que hay una derivada política importante de cara a la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Los socios de Gobierno, entre los que se encuentran varios partidos nacionalistas (PNV, ERC y EH Bildu), reclaman desde hace tiempo que se acabe con la limitación del peso de la negociación colectiva de ámbito regional que establecieron las reformas laborales de 2010 y 2012. En realidad, con la mirada más puesta en el convenio provincial que en el autonómico.

La recta final de la negociación, a la que quedan días, definirá si sale adelante o no este punto. Y cómo. Con la barrera del último Consejo de Ministros del próximo 28 de diciembre, solo los negociadores marcarán hasta cuándo negociar. Lo ideal, y que intentarán desde el Gobierno, es que el texto esté listo con algunos días de antelación respecto al Consejo de Ministros. Al ser una legislación compleja, eso permitiría que pasara muchos ojos y revisiones técnicas antes de llegar al BOE.

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