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El Gobierno prorrogará hasta finales de septiembre medidas del escudo social en materia de vivienda y suministros

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez durante un Pleno en el Senado.

Aitor Riveiro / Irene Castro

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Tras la prórroga de los ERTE, llega la ampliación del llamado “escudo social” ante la crisis del coronavirus. El Consejo de Ministros aprueba este martes una extensión temporal de parte del paquete de medidas de protección social que vio la luz durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y que caducaban o habían caducado. En total, son seis las medidas que el Gobierno aprobará este martes a propuesta de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, según ha confirmado eldiario.es. Entre ellas se encuentran la moratoria en el pago de las hipotecas y en el pago del alquiler en el caso de los grandes propietarios. Además, se mantiene la prohibición de cortar los suministros energéticos a las personas vulnerables y la posibilidad de alargar seis meses los contratos de alquiler con las mismas condiciones del contrato. También se amplía la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, los llamados créditos al consumo.

Pablo Iglesias ha declarado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las medidas van dirigidas a “familias que no tienen un contrato de trabajo, no llegan a fin de mes o tienen muy poco dinero para llenar la nevera y todavía tienen que escuchar que no se han esforzado suficiente”. El vicepresidente ha querido puntualizar que además de “seguir protegiendo a los más vulnerables” la ampliación temporal del escudo social responde también a que “la demanda se pueda sostener en nuestro país, son medidas de justicia social y de eficiencia económica”.

“Este Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de este país. Este Gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y de suministros para las familias que lo estaban pasando muy mal y que como consecuencia de la COVID-19 lo han pasado mucho peor. Recientemente, aprobamos la prórroga de los ERTE, ayudas sin precedentes al sector turístico, era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables”, ha subrayado Iglesias

Una de las iniciativas de mayor impacto durante el confinamiento fue la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago a los bancos de las hipotecas. Iglesias ha apuntado que se han beneficiado ya más de 200.000 personas de esta medida ya que se aprobaron el 83% de las solicitudes. También la de reclamar una moratoria en el pago del alquiler, siempre que el propietario tuviera más de ocho viviendas o fueran de titularidad pública. Esta última prórroga no aplicará, como sí lo había hecho hasta ahora, a los alquileres de pymes y autónomos, según fuentes gubernamentales.

Ambas medidas se prorrogan y se podrá solicitar hasta el próximo 29 y 30 de septiembre, respectivamente. En el caso de las hipotecas, “su funcionamiento será secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha”, según fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. La medida supone tres meses de aplazamiento legal y nueve de “moratoria del sector bancario”, según dichas fuentes.

La decisión de imponer una moratoria al sector bancario se adoptó el 17 de marzo dentro del escudo social que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. En ese mismo paquete se aprobó la prohibición de cortar los suministros de luz, gas y agua a las familias vulnerables. Ahora esa garantía también se alarga hasta el próximo 30 de septiembre. En materia de suministros, además, se amplía el periodo de percepción del bono social también hasta el 30 de septiembre.

Además, el Ejecutivo prolongará la vida de los actuales contratos de alquiler para evitar que caduquen. Así, los inquilinos podrán solicitar hasta ese mismo día una prórroga de sus contratos de viviendas habituales por un periodo de seis meses.

Por último, se mantiene la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, incluido los créditos al consumo. Iglesias ha explicado que el Gobierno ha recibido 364.000 solicitudes de moratoria de préstamos al consumo, cuya petición se alarga hasta el fin de septiembre y será de tres meses.

Otra de las medidas estrella del llamado escudo social, la moratoria a los desahucios sin alternativa habitacional, estaba ya prorrogada hasta el próximo mes de octubre.

Con la decisión de este martes, se amplían las medidas de protección social que puso en marcha el Gobierno con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”, que se ha convertido en el lema de la coalición de PSOE y Unidas Podemos en los meses de la pandemia. No obstante, la decisión queda a medio camino de lo que era la pretensión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que apostaba inicialmente por ampliar esas medidas al menos hasta 2021.

Además, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto legislativo con reformas para el apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, según fuentes gubernamentales.También dará luz verde al plan de choque de Justicia para mejorar el funcionamiento ante la emergencia de la COVID-19. La idea del departamento que dirige Juan Carlos Campo es reforzar los juzgados ante el aumento de litigiosidad y el parón por la pandemia.

La primera fase, que comenzará el 1 de septiembre, se centrará en los juzgados mercantiles y de lo social que tengan una carga de trabajo superior al 130 % del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. También se establecerá un programa de objetivos para los jueces y el personal de los juzgados que percibirán por ello una retribución extraordinaria. En principio la medida cubrirá 229 órganos de lo social (el 64 % del total) y 86 mercantiles (el 86 %), informa EFE. Además, se impondrán medidas de refuerzo externo, aportando personal nuevo a 57 juzgados de lo social (16 %) y a 66 mercantiles (66 %), y se pondrán también en marcha los nuevos órganos judiciales cuya creación estaba prevista antes del estado de alarma.

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