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La gran industria aplaude el tope al gas pero pide que se fuerce a las eléctricas a subastar energía barata

Vista de las instalaciones de la siderurgica ArcelorMittal en Veriña (Gijón), en una imagen de archivo. EFE/ J.L.Cereijido

Antonio M. Vélez

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La gran industria aplaude la solución ibérica pactada por España y Portugal con la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico con un tope de 50 euros por megavatio (MWh) a la generación con gas natural. La medida se va a traducir en una rebaja inmediata (desde mayo) de la factura de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), pymes e industria. Pero los grandes consumidores piden al Gobierno que, además, fuerce a las eléctricas a subastar parte de su producción inframarginal (principalmente, nuclear e hidráulica), como se comprometió el Ejecutivo a hacer en septiembre.

Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), indica a elDiario.es que, a la espera de conocer los detalles del mecanismo pactado con Bruselas, “todo lo que sea reducir el precio actual del pool es bueno. El 90% de la energía que mis asociados van a comprar este año se negocia en el pool, con lo cual les impacta muchísimo”. Respecto a otros países como Alemania, “el gran diferencial sigue estando en el precio de la energía en el mercado. Por eso aplaudimos la medida”.

Su estimación es que esos 50 euros de tope al gas se traducirán, teniendo en cuenta el rendimiento de los ciclos combinados (50%) y la cotización de los derechos de emisión, en precios del mercado mayorista de 130-140 euros, frente a los 230 actuales y los 700 euros que llegó a alcanzar puntualmente en marzo.

Sin embargo, “es preciso que con independencia de esta rebaja el Gobierno saque la subasta de tecnologías inframarginales”. Esta medida estaba prevista en el Real Decreto-Ley 17/2021 del pasado septiembre, que preveía obligar a los operadores dominantes a poner unos 15 TWh de energía a disposición de pequeñas comercializadoras, industria y consumidores acogidos a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

En el caso de la gran industria, “nos serviría para aumentar la contratación a medio plazo. Nosotros propusimos que esas subastas sirvieran para contratar la energía a 3 o 5 años” y el MWh de la tecnología nuclear “puede estar en torno a los 55-60 euros. ¿Por qué no nos podemos aprovechar?”, dice Soto. El responsable de Aege señala que en Francia tienen un mecanismo parecido a esas subastas, y no solo para la industria electrointensiva. “Ellos destinan solamente este año 120 TWh de energía eléctrica para toda su industria, grandes y pequeños, que les permite cubrir el 62% de su consumo anual”.

Soto representa a 26 compañías industriales cuya característica principal es el elevado porcentaje que el coste del suministro energético representa en su proceso productivo.

Con 74 plantas industriales repartidas por toda España, el consumo de electricidad de los asociados de AEGE supuso en 2021 el 9,5% de la demanda anual eléctrica peninsular, según su web. Las empresas que forman parte de AEGE, entre las que se encuentran, entre otros, el sector metalúrgico, químico, siderúrgico y gases industriales, y compañías como Acerinox, Arcelormittal o Sidenor, facturan unos 20.000 millones de euros anuales y generan 186.000 empleos, de los que 66.000 son empleos directos.

Las subastas de energía que pide Soto se anunciaron y plasmaron en el citado decreto pero no se han llegado a poner en marcha. En febrero, antes de la guerra de Ucrania y de que Pedro Sánchez y António Costa arrancaran a Bruselas la solución ibérica, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, aseguró en una entrevista en El Periódico de la Energía que se harían este año.

Pero, ya con el tope al gas sobre la mesa, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, enfrió esa posibilidad, con el argumento de que la energía a subastar ya estaba comprometida, según los datos que le había facilitado al Gobierno la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Ser cuidadosos”

“Consultamos cuánta energía estaba disponible para evitar el riesgo de que deshicieran contratos y se generara tensión, sobre todo en la parte industrial, con un mayor consumo. Y la CNMC nos dijo que prácticamente la totalidad de la energía estaba contratada ya. Por tanto, debemos ser cuidadosos”, explicó Ribera hace unas semanas a elDiario.es

En esa entrevista, la vicepresidenta también en dejó claro que si las eléctricas firman contratos de venta de energía por encima del umbral de 67 euros/MWh incluido en el Plan de Respuesta a la Guerra que refuerza el control de los llamados beneficios caídos del cielo, “es más que probable” que esas subastas se lancen “lo antes posible”. Las grandes eléctricas las rechazan, e Iberdrola y Endesa prevén romper contratos a sus clientes si el Gobierno las pone en marcha, según avanzó El Confidencial.

“Desde hace tiempo, cuando hemos querido hacer contratación a largo plazo, la industria en España ha porfiado por replicar el modelo alemán, donde las industrias contratan la energía a 3-5 años” para tener “certidumbre”, asegura Soto. Pero “cuando hemos hecho gestiones con las eléctricas nos ofrecían precios a más de un año con mucha inestabilidad, que incluían una prima de riesgo que lo hacía disuasorio”.

“Ahora hay más contratación bilateral gracias al boom de contratos a largo plazo con renovables [los denominados PPA], pero esa energía es ”para entrega en 2023 o 2024. Para solventar el problema que tenemos hoy en día no sirve“ y caminar a un modelo parecido al de Alemania, donde el pool ”es un mercado de ajustes donde se negocia un 20%-25% de la energía“ y el resto es contratación bilateral.

Soto no se plantea que el Real Decreto-Ley de medidas contra la guerra que debe convalidar este jueves el Congreso no salga adelante. La norma, además de prorrogar las rebajas fiscales de la factura y reforzar el bono social de los vulnerables, entre otras medidas como el descuento a los carburantes, incluye una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, por un importe equivalente a 250 millones de euros. Además, recoge un incremento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de CO2 a la industria y ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas por producto final es particularmente alto.

El tope al gas, que según Ribera se va a traducir en un recorte del 30% en la factura de un consumidor con tarifa regulada, ha motivado una intensa campaña de lobby de las eléctricas en Bruselas para intentar tumbarlo. Este miércoles el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, arremetía contra la solución ibérica, que en su opinión “no está justificada y va contra el mercado único” europeo. En la presentación de resultados trimestrales ante los analistas, con los beneficios “mejorando en todos los países salvo España”, según la multinacional, el ejecutivo negaba que España sea una “isla energética”.

Esta última es la baza que han utilizado Madrid y Lisboa ante la Comisión Energética para dar salida a su propuesta, con el argumento de que la interconexión con Francia es de apenas el 2,7%. Según Ribera, “el consumidor español no puede llegar a un acuerdo bilateral con un productor de eólica offshore en Dinamarca por esta limitación: tiene que conformarse con el precio que le ofrezcan estas compañías en España”.

Eso, según la vicepresidenta, “afecta al mercado interior” y “la Comisión Europea lo ha entendido así”. “El señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles”.

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