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Otro verano de huelgas en Ryanair: un ERE sin precedentes y la sombra del “chantaje” para ganar subvenciones

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una imagen de archivo.

Laura Olías

Otro verano de huelgas en Ryanair, tanto de pilotos como de tripulantes de cabina. Los conflictos laborales son frecuentes en la aerolínea irlandesa dirigida por el multimillonario Michael O'Leary, en la que hasta el reconocimiento de los sindicatos ha requerido de años de lucha.

En esta ocasión, hay mucha preocupación entre los trabajadores. Unas 500 personas se enfrentan al cierre de cuatro bases (Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Girona) y a un despido colectivo sin precedentes de la empresa en el país. La multinacional ha comunicado la noticia a la plantilla, pero sin números: no saben todavía cuántos empleados se irán a la calle ni el número de traslados posibles.

“Te puedes imaginar cómo está el ambiente”, lamenta Francisco Gómez, delegado del sindicato de pilotos Sepla en Ryanair. Esta organización y los sindicatos USO y Sitcpla calculan que el número de posibles afectados es de 512 personas, de las que “unas 150” son pilotos. “Pero no lo sabemos a ciencia cierta porque Ryanair no nos ha dado la información. Tampoco sabemos exactamente el número de pilotos que trabajan en España, aunque lo hemos pedido muchas veces”, añade Gómez. 

“Hay gente que todavía no se lo cree, que piensa que es una amenaza más de la empresa. Otros se están preparando para lo peor, se están marchando a casa de los padres, intentando ahorrar el alquiler de estos meses porque no sabemos qué va a pasar con nosotros”, explica sobre los tripulantes de cabina Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO Ryanair.

Los trabajadores de la compañía en España están llamados a combatir los cierres y despidos con varias jornadas de huelgas a lo largo de septiembre. Por un lado, los paros de los tripulantes de cabina están fijados en todos los fines de semana del próximo mes. En concreto, estos diez días: 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

Los pilotos en España por su parte han registrado este miércoles el preaviso para convocar una huelga de cinco días en septiembre, primer paso para la convocatoria formal de los paros si no prospera la mediación con la empresa. Las jornadas elegidas por Sepla para la huelga son el 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, de modo que coincidirían –de producirse– en las cuatro últimas jornadas con los paros de la tripulación.

La movilización de los pilotos de Ryanair en España se sumará a las de los de Reino Unido, que han realizado paros en agosto y tienen convocada huelga a principios de septiembre, y los irlandeses (cuya huelga fue bloqueada por la justicia). 

A cuatro días del primer día de huelga en España (este domingo), los pasajeros no tienen aún noticias de la aerolínea sobre si les afectará de alguna manera, como se aprecia en la interlocución de varios clientes y la compañía a través de las redes sociales. Ryanair remite a un enlace para “ver información actualizada sobre los vuelos” y asegura que, si hay trayectos afectados, los pasajeros recibirán “un correo electrónico y un mensaje de texto con todos los detalles”. 

Los representantes de los tripulantes de cabina y la empresa no alcanzaron un acuerdo sobre los servicios mínimos de las jornadas de huelga, por lo que los ha decretado finalmente el Ministerio de Fomento este miércoles. USO los ha calificado de “abusivos” y ha anunciado dos concentraciones de protesta frente a los ministerios de Trabajo y Fomento. 

El 70% de los trabajadores tienen base en Canarias

Los sindicatos están “desesperados” por comenzar la negociación formal del ERE con Ryanair, cuando la empresa se verá obligada a aportar información sobre el número de afectados por el despido colectivo y las razones que lo motivan. 

Los únicos datos con los que cuentan por el momento los representantes de los trabajadores, explican sus portavoces, es la comunicación escrita del pasado viernes que Ryanair envió a la plantilla de las bases afectadas. En ella, se informa de la clausura de las bases de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote –lo que supone la salida total de la aerolínea de Canarias– y Girona, así como el inicio de un procedimiento de despido colectivo para su personal, que se negociará a partir del 8 de septiembre.

Aunque en el texto, al que ha tenido acceso este medio, se menciona la intención de “minimizar las pérdidas de empleos” y la opción de pedir traslados, no hay cifras de cuántas vacantes existen para esta posibilidad. eldiario.es ha consultado a la aerolínea al respecto, pero no facilita información.

Las organizaciones sindicales cuentan con el cálculo de 512 trabajadores en riesgo, de los que casi el 70% están localizados en las bases canarias: 164 empleados en Girona; 156 en Tenerife Sur; 110 en Las Palmas, y 82 en Lanzarote.

La sombra del “chantaje” para subvenciones

Ryanair deberá justificar en la negociación del ERE los motivos para despedir a la plantilla de las bases afectadas, pero los sindicatos dudan de que puedan alegar causas económicas, especialmente en Canarias.

“Hay sitios donde es rentable volar, en Canarias las rutas son rentables, van los aviones llenos, de hecho aumentaron la flota hace tiempo”, explica José Velasco, portavoz de Sitcpla Ryanair. En Sepla coinciden: “Los vuelos a Canarias van repletos y son los más caros en España. Dudamos mucho de que haya un motivo económico”. En Canarias, los billetes de los residentes a la Península están subvencionados en un 75% desde julio del año pasado.

Una de las sospechas de los sindicatos, así como de los gobiernos autonómicos afectados por los cierres, es la intención de Ryanair de presionar a las autoridades para conseguir subvenciones públicas, lo que es un “chantaje” para USO. Como explicó Jairo Gonzalo a principios de mes, “el director de Estrategias de Recursos Humanos ha dejado caer que la idea de cerrar podría cambiar si se recibiese algún tipo de ayuda económica, en un sucio chantaje hacia las plantillas”.

“Estas empresas buscan constantemente estas situaciones para buscar apoyos y aportaciones económicas más favorables. Esta es la historia con esta compañía. No descubro nada”, afirmó el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín. En la actualidad, Ryanair ya cobra 3,5 millones de fondos públicos al año por volar a Girona, según afirmó Gavín a El País.

En el pasado, la multinacional irlandesa cerró su base de Valencia (en 2008) tras pedir ayudas económicas a las que se negó la Generalitat en ese momento. En 2010 volvió a reabrir la base después de lograr 800.000 euros en subvención, financiados a partes iguales por el gobierno regional y Turespaña (gobierno central).

Por el momento, desde el Gobierno canario se han negado públicamente a “aumentar las subvenciones a ninguna compañía”, en palabras de su presidente, Ángel Víctor Torres. El objetivo del gobierno insular es que no se pierda la conectividad, “ni una sola plaza aérea”, para lo que hablarán con Ryanair y otras aerolíneas. “Vamos a mantenerla e incluso mejorarla con unas y otras”, ha prometido Torres.

Ryanair defiende que “ninguna ruta se verá afectada” por los cierres de bases, algo que no creen los representantes de los trabajadores. “Dudo mucho que sin tener aviones durmiendo en una base no se vea afectada la conectividad”, subraya el representante de Sitcpla. 

Las administraciones públicas están moviendo ficha. Este miércoles, varios cargos de los departamentos de Territorio y Trabajo de la Generalitat de Catalunya se han reunido con representantes de Ryanair para conocer los planes de la compañía.

Por otro lado, el Gobierno central también se reunirá con la compañía irlandesa junto a representantes del Ejecutivo canario en la primera quincena de septiembre para intentar minimizar el cierre de bases. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha confirmado el próximo encuentro y la preocupación del Ejecutivo, así como la negativa a conceder subvenciones a la compañía.

“Desde el Gobierno de Estado no se hace y no se ha hecho en ningún caso”, afirmó Oliver, mientras que en las administraciones regionales recordó que “habría que ver su disponibilidad y la cuestión de competencia de la UE”.

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