La huella de una década perdida: “Todo se justificó con la crisis”

La prima de riesgo abría los telediarios y la escalada del número de parados parecía no tener fin. Las imágenes de personas buscando en la basura no se encuadraban en una anomalía de los barrios más marginales. Los ciudadanos inundaron las calles españolas en mareas de colores para reclamar sus derechos y denunciar los recortes. No sucedía hace tanto, eran los años más duros de la crisis económica en España, pero sus efectos no han terminado. Así lo recuerdan las más de 120 organizaciones que forman parte de la Cumbre Social en el informe Una década perdida. Análisis de diez años de recortes, una radiografía de nuestra historia reciente y una llamada de atención sobre los deberes aún pendientes.

“En esos momentos todo se justificó con la crisis”, advierte Adela Carrió, secretaria Confederal de UGT. La representante sindical explica que los motivos para que la Cumbre Social decidiera desarrollar este análisis en octubre de 2017 partían de la necesidad de reflejar “qué había pasado en estos diez años”, una década de recortes, pérdida de derechos y debilitamiento del Estado del Bienestar, pero también pretende ser una herramienta para el futuro. “Que sirva para las elecciones municipales de 2019, que los partidos tengan datos y propuestas de lo que la sociedad les está pidiendo”, sostiene Carrió.

El estudio repasa varias áreas temáticas –empleo, riesgo de pobreza y exclusión, servicios sociales, educación, sanidad, pensiones e igualdad de género, entre otras– y la evolución de algunos de sus indicadores desde 2008 a la actualidad. Muchos no han retornado al nivel previo a la recesión. El análisis expone por ejemplo que “los salarios medios perdieron un 7% de poder de compra entre 2008 y 2017”, cómo se ha elevado el trabajo a tiempo parcial no deseado (del 31% al 57% en el cuarto trimestre de 2007 y 2017, respectivamente) y los índices de pobreza y exclusión social por encima de los registrados al inicio de la crisis. Pese a la recuperación, la pobreza severa aumentó el pasado año en España.

Mª Carmen, de 63 años, vive en Barcelona y, dice, se le “revuelven las tripas” cuando escucha hablar a los políticos del fin de la crisis. “La crisis no ha terminado, qué va. Yo no he notado mejoría, estoy pasando por lo mismo”. La mujer, desempleada de larga duración, ha sufrido en primera persona uno de los recortes del Gobierno del PP de la protección a las personas desempleadas durante la crisis.

Cuenta que con 58 años se quedó en paro, tras ser despedida del colegio en el que atendía las labores del comedor, y cuando agotó la prestación de desempleo no pudo acceder al subsidio de mayores de 55 años. “Lo solicité después de 2013 que habían cambiado los criterios y con lo que cobraba mi marido de pensión me decían que superaba los ingresos”. El Gobierno de Mariano Rajoy endureció los requisitos para acceder a esta ayuda para desempleados de avanzada edad, no solo en la edad de acceso (de los 52 a 55 años), sino que empezó a considerar la renta familiar en lugar de la personal para convertirse en beneficiario. El Tribunal Constitucional consideró el pasado julio que el requisito era inconstitucional.

“No me puedo comprar unos zapatos”

En 2017, más de uno de cada tres hogares (37,3%) en España no podían afrontar gastos imprevistos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. “El año pasado me cambiaron mis hijos el frigorífico, entre los dos. Son cosas que las tienes que hacer, pero es que no puedes”, explica Mª Carmen. En su caso, la falta de ingresos ha condicionado también su vida en el día a día: “No puedes ir a comprar con plena libertad, solo con lo que tienes en el billetero. Te tienes que quitar de muchas cosas. Ni mi marido ni yo podemos comprarnos unos zapatos. Voy al zapatero y tengo que tirar así”.

Los desahucios se convirtieron también en una escena diaria durante la crisis y su gran impacto provocó que surgieron plataformas por una vivienda digna, como la PAH, en muchos barrios y localidades. Cuando más arreciaba la crisis, las políticas de vivienda también menguaron. Según recoge el estudio, la partida presupuestaria dedicada a esta materia se ha reducido desde los 1.248 millones de euros en 2007 a los 474 de 2017.

“Sin la gente y sin los medios de comunicación no habría podido llevarlo”, dice Ana Vargas. La mujer tuvo hasta tres fechas de desahucio y conserva grabada la agonía de esperar a la siguiente orden de lanzamiento. “Solo espero que no me vuelva a pasar, ese miedo no se me quita. El saber que vienen mañana a desahuciarte, yo con todas mis ropas preparadas, con un bebé... Eso no se te va, lo he pasado muy mal”, explica a este medio.

Vargas ha vivido lo que es ser una trabajadora pobre. “A mí el problema del trabajo nunca me ha tocado, estoy desde hace once años limpiando en la misma empresa”, explica, pero su empleo no era suficiente para mantener a su familia. Además, como madre soltera sufrió las dificultades de tener un bebé y no contar con recursos públicos de educación infantil ni guarderías: “La dejaba con mi hijo y su pareja. Después me tuve que reducir la jornada una hora para cuidar a mi hija, lo que supone recibir menos dinero”.

Un decálogo para combatir los recortes

En la presentación del informe, celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, los representantes de los colectivos que forman parte de la Cumbre Social exponían sus diferentes situaciones. Menos fondos, menos trabajadores, menos beneficiarios y, en resumen, más sufrimiento de muchos ciudadanos. Toni Poveda, activista LGTBI y miembro de CESIDA, recordó que “el VIH no entiende de crisis y se ha multiplicado por contar con menos recursos, se recortó el plan nacional sobre SIDA en un 80%”.

El análisis de los colectivos sociales ha sido complementado con un decálogo de medidas “para recuperar 10 años de recortes”. Entre ellas, recuperar los derechos arrebatados durante estos años mediante la derogación de las reformas laborales, perseguir el abuso de la contratación mediante fórmulas precarias, revalorizar las pensiones en base al coste de vida de forma automática y eliminar el factor de sostenibilidad, establecer una prestación de ingresos mínimos, aumentar la financiación pública de la sanidad hasta el 7% del PIB, derogar la LOMCE y la Ley Mordaza y una reforma fiscal estructural que recupere la equidad y progresividad del sistema impositivo, entre otras.

Las recetas, insisten desde la Cumbre Social, son necesarias porque las heridas de la crisis son profundas y todavía requieren solución. “Yo creo que a mí la crisis me sigue afectando: mi nuera no encuentra trabajo y mi hijo de 17 años está en cursillos para ver si le cogen de algo”, dice Ana Vargas. Mª Carmen llama la atención sobre el coste emocional de todos estos años de precariedad: “Para los Reyes de mis nietos, mi hija lo compra y yo se lo doy, pero quien lo paga es ella. Es muy duro de afrontar, ves una cosa que te gustaría comprarle, pero no puedes”.