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Un impuesto propuesto por el FMI en 2010 y otras alternativas para la subida fiscal a la banca

Imagen de archivo de una sucursal del Banco Santander en Murcia. EFE/Marcial Guillén

Diego Larrouy

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La serie danesa de culto ‘Borgen’ abordaba en su segunda temporada un intenso debate en el Gobierno sobre cómo financiar las prejubilaciones de los trabajadores. Una década después, la negociación real, fuera de la ficción, del Ejecutivo danés concluyó en 2020 con que fueran las grandes entidades financieras las que asumieran el coste. En la Hungría de Viktor Orban, también se ha señalado a la banca como un sector que debe de contribuir más a los mayores costes por las ayudas frente a la inflación. En Europa son continuos los ejemplos de países que han exigido a los bancos una aportación mayor, ya sea para compensar los costes de la pasada crisis financiera, los del coronavirus o los de la alta inflación actual. España va camino de convertirse en un nuevo ejemplo con el anunciado impuesto sobre la banca.

El Ejecutivo aspira a que antes del parón de agosto se pueda anunciar el método que finalmente se utilizará en España, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la semana pasada. Los bancos, que ya han mostrado su rechazo a la medida, tendrán que pagar más impuestos para financiar los paquetes de medidas frente a la inflación, aunque todavía no se conoce la vía. La experiencia de otros países y propuestas de importantes organismos internacionales dibujan un un crisol de posibilidades.

Una de las alternativas que está entre las que baraja el Gobierno es la del Financial Activities Tax (FAT), según ha adelantado El País y ha confirmado este medio. Se asume que afectará a las entidades que facturen más de 1.000 millones. Teniendo en cuenta el margen bruto de los bancos como referencia de ingresos, el impuesto afectará a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca y Cajamar.

Este impuesto fue propuesto en 2010, tras la crisis financiera, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en una reunión del G20 y fue defendido por la Comisión Europea, aunque finalmente no acabó extendiéndose. A grandes rasgos, el FAT tiene una filosofía similar al IVA. La actividad bancaria está exenta históricamente en la mayoría de los países del impuesto sobre el valor añadido, algo que no ocurre con el sector asegurador, donde sí se paga un tributo sobre las primas. La diferencia sería, en este caso, que en lugar de recaer sobre el cliente final, recaería en el banco. De hecho, el Gobierno ya ha avanzado que va a dotar a la CNMC de herramientas para controlar que el impuesto no sea transferido a los precios finales, tanto en el caso de la banca como de las empresas energéticas.

El FMI realizó un diseño bastante abierto del FAT, que permite a los países adaptarlo. En su origen, el organismo dibujaba un tributo que gravara los beneficios y las remuneraciones del banco, aunque contemplaba otras vías como fijarlo únicamente en las ganancias que superaran los niveles normales o centrarlo en las operaciones de mayor riesgo. La alternativa que maneja el Ejecutivo es la de imponer una tasa sobre los intereses y las comisiones, de manera que el banco tribute por los ingresos por estas vías.

En la propuesta original, defendida por la Comisión, se planteaba un tipo del 5% sobre estas actividades. Según estimó entonces Bruselas, si la aplicaran los 27 países de la UE, recaudaría de manera conjunta unos 25.000 millones de euros. Además, el diseño abierto que había planteado en su día el FMI permitía establecer el impuesto a partir de determinados niveles de tipos que se considerasen por encima de lo normal. El FMI defendía que se trata de un impuesto fácil de implementar, ya que los organismos tributarios tienen ya herramientas para poder aplicarlo.

Bruselas realizó en su momento un informe sobre el FAT y sobre otro de los impuestos que se manejaban entonces para gravar al sector financiero, el impuesto sobre transacciones financieras (FTT, en sus siglas en inglés). Este segundo tributo sí se aplica ya en España y, de hecho, 2021 fue el primer ejercicio en el que estuvo en vigor. Sin embargo, los resultados no fueron los proyectados inicialmente por el Gobierno, que achacó esta desviación al trámite parlamentario que había suavizado la norma. Bruselas consideraba entonces que el FAT era más adecuado que el FTT porque tenía menos riesgo de reubicación en otros países de la actividad. “Parece ofrecer las ventajas de poder generar ingresos y asegurar una contribución justa de los bancos”, aseguró la Comisión.

Aunque esta alternativa está sobre la mesa, fuentes del Gobierno ponen en duda de que sea finalmente la elegida. Supondría, además, una vía distinta a la que anunció el presidente del Gobierno, que habló de gravar los beneficios extraordinarios del sector. Son los conocidos como “beneficios caídos del cielo”, un término que se ha utilizado con el sector energético. De apostar por esta vía, el Ejecutivo tendría que diseñar una manera de calcular qué son ganancias extraordinarias y aplicar sobre ellas una tasa. Por ejemplo, en Italia, para las eléctricas, se compara el beneficio frente al año previo y se calcula un gravamen del 25% sobre la diferencia.

Un país que ha anunciado que los bancos tendrán que pagar más impuestos por sus beneficios extraordinarios para cubrir el coste de las ayudas frente a la inflación es Hungría. Sin embargo, el Gobierno de Orban ha diseñado un tributo en el que la base imponible no será el beneficio sino los ingresos. Sobre ellos, se aplicará un gravamen del 10% para los ingresos de este año y del 8% para los del próximo. Al igual que en España, esta medida tendrá duración de dos años.

Otra opción que el Gobierno barajó hace cuatro años, cuando el PSOE llegó a La Moncloa, es un recargo en el Impuesto de Sociedades. Esta alternativa ya parece alejada en el caso de las compañías energéticas, donde se ha apuntado por un nuevo impuesto extraordinario. Respecto a la banca, las entidades financieras ya tienen, como las petroleras, un tipo general superior al del resto de compañías, del 30% frente al 25% de la mayoría de empresas. Esta es, sin embargo, la vía que anunció Dinamarca y que empezará a aplicar a partir del próximo año. En este caso, se trata de poder compensar con ello el coste de la jubilación anticipada a la edad ordinaria —que se elevó en la última reforma— para aquellos sectores de mayor exigencia física.

La experiencia europea está cargada de impuestos a la banca. Desde la pasada crisis financiera, con el beneplácito del FMI o la Comisión Europea, distintos países han ido marcando nuevos gravámenes al sector. Un reciente informe de S&P, en el que se avanzaba un posible aumento de la presión fiscal sobre la banca en Europa, hizo repaso entre una docena de tributos que ya existen. En Francia, por ejemplo, se abona una tasa sobre el conjunto del capital; en Austria se aplica sobre los depósitos; o en Polonia, sobre el activo. Grecia, Países Bajos, Eslovenia o Reino Unido figuran entre los países que desde la pasada crisis financiera han ido aprobando impuestos específicos para la banca.

Un 12% del beneficio

Las casas de análisis ya han hecho sus estimaciones, a falta de conocerse el impuesto que finalmente se aplicará, en base a las estimaciones que dio el Gobierno de 1.500 millones de euros en ingresos. Standard & Poor’s cifró en el 12% del beneficio de los bancos españoles lo que se quedaría con el nuevo impuesto. Credit Suisse, por su parte, estimó que 1.800 millones de los 3.000 millones que se prevé recaudar en dos años con este impuesto corresponderían a Santander, BBVA y CaixaBank La entidad suiza dibujó un escenario en el que se gravará un 10% el beneficio antes de impuestos obtenido en España. Scope Ratings, por su parte, evitó realizar previsiones aunque descartó que vaya a cambiar las previsiones de los bancos.

La banca española ha sido señalada en los últimos meses como una de las más beneficiadas por la subida de tipos de interés. La última firma en apuntarlo, este martes, ha sido Fitch. Ha indicado que el PIB de España no recuperará su nivel prepandemia hasta 2023, pero las expectativas de crecimiento de la economía son mayores que la mayoría del resto de países del Sur de Europa. Esto “proporciona mejores oportunidades de negocio para los bancos domésticos”, ha indicado. La agencia destaca que los bancos españoles se están beneficiando de los ahorros de costes y de las reestructuraciones, mientras que los ingresos crecerán por el abultado número de hipotecas suscritas a tipo variable. Las especulaciones sobre un aumento de tipos mayor del esperado por parte del BCE aupó este martes a todos los bancos europeos en Bolsa, siendo CaixaBank el más beneficiado.

A partir de este jueves comienza la ronda de presentación de resultados del primer semestre de los principales bancos españoles. Estas cuentas ya vislumbrarán el impacto que están teniendo los tipos de interés en sus ganancias. El consenso de analistas recogido por Factset, según informa El Economista, confía en que los seis bancos cotizados (CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter y Unicaja) alcancen un beneficio conjunto de algo menos de 9.500 millones de euros, lo que supondría un avance de casi el 21% respecto al mismo periodo del año pasado.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reúne este viernes con el sector para abordar la subida de impuestos avanzada por el Gobierno, además de otros temas como la situación económica y la inclusión financiera. A la reunión están convocadas las tres patronales (AEB, Ceca y Unacc), las entidades y el Banco de España.

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