Los inspectores de trabajo acusan a María Jesús Montero de bloquear sus mejoras laborales por “motivos políticos”

“Esto es una vergüenza, una auténtica vergüenza”, decía uno de los representantes de la plantilla de la Inspección de Trabajo en la protesta celebrada esta mañana frente a la Dirección General de Función Pública en Madrid. Los sindicatos del organismo público que vela por el cumplimiento de las normas laborales se han volcado este jueves contra la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por bloquear un acuerdo con mejoras laborales para sus trabajadores, como les notificó ayer el Ministerio de Trabajo. “Son motivos políticos”, dicen los trabajadores, que han pedido la dimisión de Montero.

“Montero, desbloquea, cuando quieres 'sí que puedes”, gritaban los trabajadores a las puertas del edificio de Función Pública. “Hay dinero, hay acuerdo, solo falta la Montero” y “Montero dimisión, discrimina a la Inspección”, entre otros cánticos, han resonado contra la responsable de Hacienda.

En público, o de manera más discreta, la mayoría sindical que se ha concentrado esta mañana acusan al Ministerio de María Jesús Montero de beneficiar a carteras socialistas en periodo preelectoral, con nuevos pactos de mejoras laborales para las plantillas de Justicia y la Seguridad Social, mientras que ha tumbado un compromiso ya suscrito por el Gobierno con la Inspección de Trabajo hace casi dos años.

El representante de CCOO ha destacado que “Escrivá, ministro del PSOE”, y “Llop, ministra del PSOE”, han logrado desbloquear “en un periodo muy corto” nuevos conflictos laborales con mejoras para sus plantillas mientras que “Trabajo, ministerio de Unidas Podemos” se enfrenta a una repentina negativa al cumplimiento de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), ya comprometida con ambos ministerios y que estaba negociándose desde hace meses.

“Hay presupuesto y Hacienda no quiere”

“Hay cobertura presupuestaria y no se quiere bajo ningún concepto. Nosotros damos los datos, que cada uno llegue a sus conclusiones”, ha afirmado el miembro de CCOO, que ha advertido de que el año pasado aumentó el presupuesto del organismo público “pero no se ejecutó un 20%”. “Parece evidente que esta demora, teniendo el presupuesto aprobado, un acuerdo ratificado, aprobado en la mesa general, teniendo una obligación legal,... Esto no se ampara más que por otros problemas”, ha coincidido el representante del Sindicato de Subinspectores sobre las posibles motivaciones políticas.

Desde CSIF han criticado que Hacienda ha decidido “pagar” y “hacerse cargo” de las justas reivindicaciones de los trabajadores de otros ministerios de signo socialista, pero ha faltado al compromiso con “reclamaciones históricas” del Ministerio de Trabajo, de la fuerza minoritaria de la coalición. “Ahora dicen que no, que hasta 'aquí hemos llegado', que si no se me revuelve toda la Administración pública. Es una auténtica vergüenza”, ha afirmado el representante de CSIF.

La mayoría sindical ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aunque también ha mantenido su petición respecto a la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que acusan de que “podía haber hecho mucho más” en estos dos años de retraso del acuerdo con mejoras, que se alcanzó en julio de 2021.

Sin avances esta tarde

Los sindicatos han afirmado que van a incrementar las movilizaciones, aunque no han concretado nuevas medidas de presión. De momento, han explicado, siguen con la hoja de ruta de los paros parciales cada semana que iniciaron el pasado 9 de mayo y la amenaza de huelga indefinida desde el próximo 26 de junio.

La representación de la plantilla busca por todos los medios retomar el pacto y llegar a una solución, ya que no aceptan que un Gobierno “dé marcha atrás” a un compromiso con mejoras ya suscrito, ha advertido desde UPIT. Este jueves por la tarde se ha celebrado una nueva reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la que se ha trasladado que no hay avances con Función Pública. Ambas partes, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, han defendido seguir intentando un cambio de postura de Hacienda.

En el Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS) han insistido en la gravedad del paso atrás de Hacienda ante medidas que se han plasmado “incluso en el BOE”. Además, ha recordado que las mejoras de este organismo público, esa nueva relación de puestos de trabajo, se incluyó en el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, por lo que los sindicatos han llegado a denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea.

En el departamento de María Jesús Montero no responden sobre la prometida RPT y señalan a “la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados” y que dicen que establece “el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”. Los sindicatos rechazan esta opción que dilataría la reforma de su estructura y exigen que se cumpla lo pactado.

“No nos van a comprar con parches, como esos 6 millones de productividad extraordinaria”, han avisado desde CCOO a Función Pública sobre una de las medidas que destacaban ayer en el Ministerio de Montero, junto al refuerzo autorizado de “781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo”, la gran mayoría ya comprometidos. “Que se atengan a las consecuencias”, ha advertido el representante de CCOO.