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ENTREVISTA Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Isabel Rodríguez: “El PP debe replantear su posición sobre las zonas tensionadas del alquiler, está provocando dramas sociales”

Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Cristina G. Bolinches / Rodrigo Ponce de León

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La nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García (Abenójar, Ciudad Real, 1981), es consciente de que su cartera es fundamental en la legislatura que empieza, pero subraya que España es un país diverso y que no se pueden plantear las mismas soluciones para grandes ciudades que para el mundo rural. Rodríguez admite que “en Madrid, Barcelona, Málaga o San Sebastián hay un problema dramático con los precios del alquiler”, pero matiza que el Gobierno de coalición ha hecho el esfuerzo de dedicar a vivienda “de apenas 500 millones a 3.500 en los Presupuestos Generales del Estado. Hemos incorporado una parte muy importante de los fondos de recuperación a vivienda, 5.500 millones. Ahora, 4.000 millones de la adenda de estos fondos de recuperación, también para la promoción de vivienda pública en alquiler”. Incluso confirma con seguridad que se va a cumplir el compromiso que lanzó el presidente Pedro Sánchez de crear 183.000 viviendas de alquiler asequible “a través de los planes estatales de vivienda, el SEPES, la Sareb y los fondos de recuperación”. Sobre la polémica que suscitó su primera intervención en la que señaló que había que proteger también a los pequeños propietarios que ponían su vivienda en alquiler asegura que “el Estado les tiene que dar seguridad y tranquilidad para que lo pongan en alquiler asequible” y que se va a responder “con garantías públicas” para facilitar la oferta.

Acaban de aprobar una línea de avales de 2.500 millones de euros para jóvenes y familias con hijos a su cargo. Esta medida ha hecho evidentes las discrepancias dentro del Ejecutivo, porque Sumar no comparte que ayudar a comprar una vivienda sea una prioridad. ¿Cómo defiende esta medida?

Lo importante es que esta medida va a contribuir a paliar una parte del problema, que es aliviar el precio del alquiler en zonas tensionadas. Va a dar cabida en el mercado de propiedad a personas que están de alquiler y tienen deseos de adquirir, de fijar su hogar, su vida, que tienen un empleo estable y que tienen salarios dignos. Lo que conseguimos con esta medida es aliviar la tensión en el mercado del alquiler, al que podrán entrar personas que quieren alquilar. Lo haremos sin un coste importante para el Estado, porque se trata de una garantía adicional para las entidades financieras. Además, abordamos también otra situación que es importante. España es muy diversa y en vivienda tenemos que atender la realidad en las zonas rurales, donde la adquisición es prácticamente la única manera de poder acceder a la vivienda y fijar población. Es una medida que creemos que va a funcionar y va a ser demandada por la ciudadanía, por la expectativa que ha levantado en estas primeras horas. Respecto al Gobierno, no existe ninguna discrepancia porque esta medida está sellada y firmada en el acuerdo de coalición.

Voy a insistir. La crítica es que es una medida que, en el fondo, ayuda a la banca porque se darán más hipotecas. ¿Cree que es así?

Cuando estas hipotecas se conceden a personas que tienen los recursos para hacerse cargo de ellas, estamos ayudándoles a dar respuesta a su problema. Hay que esperar a ver qué efectos tiene. Pero insisto, no hay polémica, porque está firmado y sellado. Estamos hablando de uno de los principales problemas de los españoles y la política ha de estar para dar solución. Además, no es un problema sencillo y las soluciones no son únicas ni fáciles. Lo que está haciendo el Gobierno, con toda una batería de política pública de vivienda, es dar respuesta a las distintas aristas que tiene este problema. 

Ha llegado al Ministerio con una Ley de Vivienda ya en vigor pero donde queda por aprobar el índice de precios para zonas tensionadas. Sin embargo, también tendremos el índice de precios del alquiler a partir de 2025. ¿No sería mejor unificarlos? ¿Cuándo estarán en marcha?

Es una buena Ley, que introduce elementos que van a mejorar las políticas públicas de vivienda, entre ellos la mejora de la gestión de los datos o la formalización de la colaboración público privada. Hay dos cuestiones muy concretas, el índice de precios para zonas tensionadas y el de referencia, después, para el conjunto del Estado, para los contratos del próximo año. Como decía antes, tenemos que tener en cuenta que España es muy diversa. Lo que ocurre hoy en el centro de Madrid para acceder a la vivienda o en el centro de Barcelona, Málaga o Santiago de Compostela, no es lo que ocurre en una ciudad media ni en la capital de mi provincia, Ciudad Real, ni en mi ciudad, Puertollano. En las zonas rurales el problema es que no existe vivienda para alquilar y, en muchas ocasiones, son viviendas que necesitan ser rehabilitadas. En esas zonas, los precios del alquiler están en un entorno razonable.

En Madrid, Barcelona, Málaga o San Sebastián hay un problema dramático con los precios del alquiler. Digo dramático porque el 40% de las personas que pagan un alquiler tienen que destinar un 40% de sus ingresos. En muchos casos, es el 100% de uno de los salarios de la pareja, de una familia. En los índices de referencia, estamos trabajando con la complejidad de buscar elementos que puedan ser aplicables al conjunto de España. Estamos trabajando con rigor, porque cuando uno se incorpora al mercado para limitar los precios, ha de hacerlo con fortaleza y con medidas que garanticen que van a ser efectivas.

¿El índice para zonas tensionadas estará este mes como se comprometió con la Generalitat de Catalunya?

Estará este mes de febrero como me he comprometido. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado un índice de referencia que ya existía y que veíamos que tenía posibilidad de amoldarse a otros territorios, teniendo en cuenta la singularidad de nuestro país. Incorporará datos de la Agencia Tributaria y de las haciendas forales. Ahí radica su complejidad, pero estará estará listo a finales del mes de febrero.

Siguiendo con las zonas tensionadas, las comunidades autónomas gobernadas por las derechas no quieren aplicar el control de precios en sus áreas. De momento, solo Catalunya lo quiere hacer, aunque usted dijo que hay otras que también tienen interés. ¿Cuáles? ¿Qué puede hacer el Gobierno en estos territorios gobernados por PP y Vox para que la Ley de Vivienda se aplique?

He mantenido varios encuentros con la consellera Capella y le agradezco mucho su predisposición. Va a ser una medida positiva para Catalunya en su conjunto y, prioritariamente, para las zonas tensionadas. Pero el control de precios no puede ser un elemento único. Hay que aportar otros instrumentos, como ya se está haciendo en Catalunya y en otras partes de España. Por ejemplo, actuar en el alquiler turístico, que incide mucho en los precios del alquiler. Hay otras comunidades autónomas que también están dispuestas a poner en marcha el control de precios. Recientemente, me he reunido con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, que quiere también llevarlo a cabo. El consejero del País Vasco, también.

Pero la Ley de Vivienda está en vigor para toda España, independientemente de los recursos que se han presentado [ante el Tribunal Constitucional] por parte de algunas comunidades autónomas y algunos partidos políticos. Es una ley que ha de aplicarse en su integridad, que no se refiere solo a los índices para las zonas tensionadas. En esta cuestión me dirijo expresamente al Partido Popular. Se lo tiene que hacer mirar, porque lo que estamos viendo es que, en muchas zonas tensionadas, gobernadas también por el Partido Popular, hay alcaldes que ya están levantando la mano, que nos están pidiendo y que van a pedir que se tenga en cuenta la singularidad de esos mercados de zonas tensionadas y, por tanto, que se apliquen esos índices. El PP debe replantear su posición sobre las zonas tensionadas del alquiler, está provocando dramas sociales.

Como ha dicho, el alquiler sigue siendo un problema para gran parte de la población. El Banco de España ha alertado de que el 50% de los inquilinos está en riesgo de pobreza por los altos precios de los alquileres. ¿Qué les diría a quienes no pueden pagar y tampoco pueden buscar otro piso porque los alquileres siguen subiendo?

En situaciones como esta, uno no puede inhibirse. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a dar una respuesta integral con todos los recursos del Estado para abordar esta situación, en la complejidad de nuestro país. Las comunidades autónomas tienen competencias, como también tiene que actuar el sector privado, pienso en la banca, en los promotores y en los constructores. Demos una respuesta. 

Lo que le puedo decir a esos españoles y a esas españolas que hoy se encuentran ante esta adversidad, es que vamos a dar todo lo que sea posible por parte del Gobierno de España para encontrar esas soluciones. Y eso significa grandes decisiones en materia presupuestaria, como ya estamos haciendo. Quiero recordar que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno ha sido pasar de apenas 500 millones a 3.500 en los Presupuestos Generales del Estado. Hemos incorporado una parte muy importante de los fondos de recuperación a vivienda, 5.500 millones. Ahora, 4.000 millones de la adenda de estos fondos de recuperación, también para la promoción de vivienda pública en alquiler. Vamos a llegar a acuerdos con las entidades financieras, los avales, vamos a poner a disposición todo el suelo público del que dispongamos, con recursos como Sareb o Sepes. Todos los instrumentos están al servicio de esta demanda social. Nos necesitamos todos y espero la colaboración de todos.

En el Congreso, cuando presentó las prioridades de su Ministerio, vino a decir que conocía de primera mano lo que son los problemas de vivienda. ¿Por qué, en muchas ocasiones, los políticos parece que son ajenos a esta realidad que vive gran parte de la población?

En absoluto. Todos los políticos no somos iguales. Recuerdo otra etapa política en nuestro país, cuando también la vivienda fue un problema y se expulsó a la gente de sus casas con desahucios y se produjo un rescate a los bancos. Esa fue una política opuesta a la que está haciendo este Gobierno. Esos recursos que, en aquella crisis se pusieron al servicio del poder económico, ahora están al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, Sareb, donde hemos iniciado un plan de atención social a personas que estaban habitando esas viviendas, regularizando su situación, sus alquileres y haciéndoles un acompañamiento social y laboral.

Las políticas de este Gobierno son las opuestas a las que llevaría a cabo la derecha si gobernara España. Y desde luego, la sensibilidad y la tradición de las organizaciones políticas no son las mismas, a lo que se suma también las trayectorias vitales. Yo procedo del medio rural y, por tanto, conozco su situación de la vivienda. Vengo de una familia de trabajadores, una familia humilde, que también tuvo que afrontar problemas de vivienda cuando yo era una niña. Los he vivido en carne propia. Me siento una hija de la socialdemocracia en el sentido más bello, el de la acción política y la igualdad de oportunidades. Gracias a la intervención de los gobiernos del Partido Socialista, esas dificultades que se encontraron mis padres cuando comenzaban sus proyectos vitales no impidieron mi pleno desarrollo personal ni mi formación.

En el momento de su toma de posesión como ministra, también se generó una fricción con sus socios de Gobierno porque dijo que a los pequeños propietarios había que protegerlos. ¿De qué y de quién hay que protegerlos?

Uno no puede obviar la realidad que gobierna. No puede. Uno puede tener un ideal y podemos querer que la vivienda evolucione hacia otro concepto, como estamos haciendo a través de instrumentos como la Ley de Vivienda o de políticas de promoción del alquiler público. Y lo estamos haciendo. Quizás por mi trayectoria política, he tenido la posibilidad de hacer política desde cerca, a pie de obra, la municipal. Conozco muy bien la realidad de nuestro país y la de muchas personas que se sintieron inquietas cuando se emitían algunos mensajes por parte del Gobierno durante la tramitación de esta ley. Es en esas personas en las que pensé, porque gobierno para todos los españoles, incluso para los que no creen en nuestras políticas. Quiero que, cuando termine esta legislatura, también sientan que este Gobierno ha resuelto uno de los principales problemas con el que nos encontramos.

¿En qué pienso cuando hablo de pequeños propietarios? Pienso en personas que han dedicado toda una vida al esfuerzo en ahorrar, que no han disfrutado de un vino o de un viaje porque creían que un piso era el mejor patrimonio que podían dejar a sus hijos en herencia. Un piso que ahora también puede complementar sus pensiones. Personas que tienen miedo a ponerlo en alquiler ante las amenazas y el populismo de la extrema derecha. El Estado les tiene que dar seguridad y tranquilidad para que lo pongan en alquiler asequible. Vamos a responder con garantías públicas, como ya estamos haciendo con los Planes estatales de vivienda y hacen comunidades, como el País Vasco, con mucho éxito.

En ese mensaje de miedo ha calado con la ocupación y de hecho, los datos de ocupación demuestran que va a la baja, pero en el debate de la Ley de Vivienda y, después, se habla de los okupas. ¿Cómo se ha llegado a construir ese discurso y cómo lo pueden rebatir cuando la percepción ya se ha creado?

El mensaje ha calado y ha sido un elemento electoral. Se ha utilizado por parte de la extrema derecha y como el PP se apunta a lo que dice la extrema derecha, pues también lo ha copiado. A veces es más difícil combatir una sensación que una realidad y aquí se han tratado de generar sentimientos de inseguridad. Por eso decía que me parece tan importante que desde el gobierno se aporte tranquilidad, serenidad y no generemos más polémica de la necesaria. El problema es mucho menor de lo que se dice y hay que abordarlo desde la Administración de Justicia, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque hablamos de comportamientos que son ilegales y que hay que cortar con todos los instrumentos del estado de Derecho. Afortunadamente, hoy en España, es un problema en descenso y que no se está produciendo en su mayor parte en viviendas de propietarios particulares, sino en otros tipos de instrumentos de antiguas promociones en propiedad de los bancos.

Tenemos un problema con los alquileres por temporada, que han quedado fuera de la regulación de la Ley de Vivienda porque están pensados como arrendamientos por semanas o meses y no como vivienda habitual y han creado un grupo de trabajo para regularlos. Hay otro grupo de trabajo sobre el alquiler turístico ¿Por dónde podría ir esa regulación? Porque ahí las competencias son de las comunidades y de los ayuntamientos.

Es la complejidad del problema a la que me refería y hay picaresca. Cuando una ley nace, se buscan lagunas legales para esquivarla. Eso es una realidad que está ocurriendo y que vamos a combatir. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso de los alquileres de temporada, creo que será muy importante hacer un seguimiento para garantizar los derechos de los consumidores. El alquiler en temporada está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y está pensado para casuísticas muy concretas. Aquí, la inspección y las direcciones de Consumo tienen que hacer un trabajo muy importante. 

Los apartamentos turísticos no se incluyeron en la Ley de Vivienda para respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas y también de las entidades locales. Ya hay aproximaciones por parte de algunas administraciones, como Catalunya o Andalucía. Hay que abordarlo con una buena legislación por parte de las comunidades autónomas, velando también por la autonomía local. De nuevo es muy importante esa diversidad que decía antes, porque el alquiler turístico puede ser un problema para una gran ciudad pero también puede ser una oportunidad en el medio rural. Hay que hacer un equilibrio, unido al esfuerzo que se está haciendo desde Europa con una nueva directiva para controlar el papel de las plataformas en este mercado.

A veces las comunidades autónomas, digamos, son perezosas. Por ejemplo, a la hora de aprobar el bono de alquiler joven. Usted se ha comprometido a ampliarlo y les ha pedido que arrimen el hombro, que pongan fondos propios. ¿Qué respuesta le han dado?

El primer encuentro que mantuve con todas ellas fue muy positivo. Tengo puestas muchas expectativas porque realmente creo que son conscientes de que efectivamente no pueden escaquearse de su competencia, que tienen que ejercerla, que hablamos de un problema que viven sus conciudadanos. Se han de mejorar los mecanismos de corresponsabilidad, de colaboración, de cooperación. Tenemos una experiencia, lo compartí con ellos, muy positiva, que fue la gestión de la pandemia, cuando el Estado colaboró, estrechó lazos, intervino en la política comunitaria y dimos la respuesta que necesitaba nuestro país en ese momento. Yo creo que esta política, la de vivienda, es hoy prioritaria para todas las administraciones y que debemos obviar el debate de la confrontación, del litigio competencial para marcar unos objetivos. El objetivo ha de ser que, sea cual sea la zona de España, sea cual sea la condición de los españoles, nadie dedique más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Para eso tenemos que ser ingeniosos, corresponder con esfuerzos presupuestarios y sumarnos todos. Insisto, también el sector privado que tiene mucho que decir en este ámbito. 

El compromiso con el bono alquiler joven es aumentar la partida y, luego, ver si también intervenimos en cómo van esas partidas que destinamos a las comunidades autónomas. Ellas tienen las competencias, pero la mayor parte de los presupuestos de vivienda de todas las comunidades autónomas vienen del Gobierno de España. En los próximos Planes Estatales de Vivienda vamos a trabajar, intervenir un poquito más, con respeto absoluto a sus competencias, en que prioricen la política de cada uno de esos planes y de cada una de esas líneas.

El Gobierno se ha comprometido a crear 183.000 viviendas en alquiler social y asequible. Algunas ya están en marcha, están las de Sareb, pero cuándo podremos hablar de un verdadero parque público como el que tienen otros Estados como Países Bajos o Austria, donde más del 20% de las viviendas son públicas y asequibles.

España tiene que ser ambiciosa. Tenemos que llegar a ese 20% o, al menos, a la media europea que está en torno al 9%. Esta legislatura va a ser clave porque estamos poniendo muchos recursos para la construcción de este quinto pilar del Estado del Bienestar que es la vivienda. Ya hay unos cimientos sólidos como son la Ley de Vivienda y la Ley de Calidad de la Arquitectura, además de la legislación que se puso en marcha para la implementación del plan de rehabilitación. 

España, además de carecer de un parque público de vivienda de dimensiones similares a la de países de nuestro entorno, tiene otro problema de envejecimiento del parque. Me refiero a personas con discapacidad que no pueden salir de su vivienda por falta de accesibilidad o a situaciones de pobreza energética. Vamos a cumplir nuestro compromiso con esas 183.000 viviendas a través de los planes estatales de vivienda, el SEPES, la Sareb y los fondos de recuperación. Ya tenemos convenios en marcha, de los fondos europeos vamos a dedicar 1.000 millones de euros para la construcción del parque de vivienda en alquiler. A día de hoy ya tenemos 21.400 viviendas firmadas, muchas de ellas ya a punto de entregarse en Málaga, País Vasco o Catalunya.

Hay otro gran problema, porque apenas hemos construido vivienda pública y tenemos el reto de pasar de 30.000 viviendas rehabilitadas al año a llegar a 300.000 a final de esta década. Eso también es una oportunidad para crear empleo.

Aunque la Sareb depende del Ministerio de Economía, pero, desde su punto de vista ¿Qué debería pasar con Sareb a partir de 2027? ¿Debería ser el eje de la nueva estrategia de vivienda en alquiler social?

De momento, la Sareb ha dejado de ser un problema para formar parte de la solución gracias a este Gobierno. Se creó para hacerse cargo de la gestión de los activos de la crisis inmobiliaria, pero hoy tiene entre sus prioridades atender socialmente a las personas. Hemos regularizado viviendas para que estén en condiciones óptimas, estamos poniendo a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales hasta 20.000 inmuebles. Además, tenemos la posibilidad de construir 20.000 viviendas en suelos de la Sareb. A este instrumento de política de vivienda vamos a unir las posibilidades que ofrece Sepes. Estos cuatro años de legislatura van a ser determinantes en la gestión de los activos para relanzar la política de vivienda..

En España hay casi 4 millones de pisos y casas vacíos y tenemos un problema de vivienda. ¿Qué se puede hacer para sacarlos al mercado? ¿Se pueden gravar fiscalmente?

Las bonificaciones fiscales ya son posibles para sacar al mercado viviendas vacías. Es una potestad de los ayuntamientos, aunque es verdad que muy pocos lo están aplicando. En relación a las viviendas vacías, tenemos distintos datos, algunos por consumos en las viviendas, otros por la información de las entidades locales. Lo que tenemos claro es que la situación es muy diferente según la zona. No es lo mismo la España rural que las grandes ciudades. De hecho, en zonas tensionadas hay muy poca vivienda vacía. En algunas de las zonas donde se encuentra la vivienda vacía no hay demanda. La solución no puede ser única. Hay que hacer un esfuerzo en la rehabilitación, porque muchas están en una situación mala, especialmente en las zonas rurales. Ahí las posibilidades de vida no vienen solo de la política de vivienda, también de la política industrial, pero si se encuentra una vivienda digna en un núcleo rural cercano a una zona de expansión, puede ser una oportunidad de vida.

Para saber cuántas viviendas vacías hay, en la nueva estructura del Ministerio, siguiendo las indicaciones de la Ley de Vivienda, hemos puesto en marcha una nueva Dirección General que se hará cargo de la gestión de los datos, porque con la diversidad competencial de nuestro país cuesta encontrar datos públicos para abordar algunas situaciones. Mi determinación es que los datos en materia de vivienda sean públicos, gestionados desde las administraciones públicas, para dar respuesta al interés general, no al interés particular ni económico de determinadas entidades. 

¿Se va a eliminar la Golden Visa como reclama su socio de Gobierno, Sumar? Algunos países lo han hecho con el argumento de que eleva los precios de la vivienda.

Es un instrumento que se puso en marcha en otro momento, cuando la situación del mercado de la vivienda era diferente. Entonces se frenó la construcción y no se vendían viviendas. Hay que actuar con otros instrumentos, con rigor y con datos. Desde que hemos llegado al Ministerio hemos iniciado, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un análisis para saber cómo está afectando a la vivienda en nuestro país, qué influencia tiene en el mercado inmobiliario. Cuando tengamos los datos, los analizaremos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.

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