La CNMC insta a justificar más el nuevo decreto de residuos de vehículos en desuso

Madrid, 14 ago (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado este viernes que el proyecto de real decreto sobre la gestión de los residuos de los vehículos al final de su vida útil incorpore una “mayor justificación” de las nuevas obligaciones en materia de garantías financieras y de ITV.

El organismo valora positivamente algunos aspectos de esta normativa, que traspone de forma parcial la regulación europea, aunque sugiere mejoras en la reducción del riesgo de intercambio de información comercialmente sensible, o la promoción de licitaciones públicas en la entrega de vehículos por parte de los Ayuntamientos.

El pasado mayo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sometió a consulta pública el borrador del real decreto, por el que se modificarán tanto el ya existente como el Reglamento General de Vehículos de 1998, que regula la tramitación de las bajas de los vehículos, ya sea porque se descontamina al final de su vida útil, o cuando se traslada a otro país.

Según explicaba el departamento que dirige Teresa Ribera, la propuesta viene marcada por el aumento del mercado mundial de residuos, que hace necesaria la implementación de medidas que mejoren los procedimientos administrativos ligados a la vida del vehículo.

A fin de conseguir este objetivo, el nuevo real decreto busca garantizar los requisitos indispensables para circular y facilitar la determinación de si un vehículo se ha convertido en un residuo, en función de lo cual se aplican unos requisitos u otros a estos procesos.

Respecto a las ITV, el proyecto introduce dos nuevas obligaciones: la primera, que los vehículos declarados siniestro total superen una inspección como requisito previo al cambio de titularidad, y la segunda, someter a este análisis a los vehículos de más de 3 años que vayan a ser trasladados a otro país.

Aunque aprecia el esfuerzo, la CNMC identifica “algunas posibilidades de mejora del proyecto”, como pueda ser “una mayor justificación de la exigencia de fianza, seguro o garantía financiera para los centros autorizados de tratamiento (CAT)”.

Cree que sería conveniente establecer unos criterios relevantes para su concreción así como la colaboración entre comunidades autónomas para que, respetando sus competencias, se alcancen unos requisitos similares a la hora de determinar las fianzas y otras garantías.

Asimismo, el organismo defiende una mejora en la explicación de las nuevas obligaciones de ITV para “evitar inspecciones innecesarias que supongan un incremento de las cargas administrativas y de los costes económicos de los ciudadanos”.

De forma adicional, el informe insta a cambiar la normativa vigente para promover licitaciones públicas en la entrega de vehículos abandonados por parte de los Ayuntamientos, e introducir medidas para reducir el riesgo de intercambio de información sensible entre los miembros de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y en asociaciones empresariales.