Las presiones de operadoras y usuarios sobre Bruselas dejan en el limbo el fin del roaming

Si ha veraneado en el extranjero puede que septiembre le depare una sorpresa en su factura de móvil. Si olvidó apagar los datos, no pudo resistir la tentación de wasapear desde la playa usando 3G o su jefe llamó más de lo previsto la cuenta podría ser abultada. El culpable es el roaming, la tarifa que las operadoras cobran por usar sus servicios en el extranjero y que tiene los días contados. O eso nos habían prometido.

Bruselas lleva años anunciando que para el verano de 2017 el roaming será historia, pero hace unos días la Comisión Europea presentó una propuesta que solo garantizaba 90 días gratis. La lluvia de quejas de los consumidores ha obligado a Juncker a salir al rescate de una de las medidas europeas más populares. El presidente de la Comisión ha prometido una mejor, pero está por ver cuanto más puede sacar a Estados y ‘telecos’.

Una vieja promesa

La Unión Europea cree que el roaming supone una barrera para el mercado único, para el libre movimiento de personas y servicios. Por eso desde 2007 ha ido obligando a las operadoras a reducir progresivamente sus tarifas, rebajándolas en un 92%.

En 2015 Comisión y Parlamento acordaron abolir definitivamente el roaming desde el 15 de junio de 2017 y en abril de este año se aplicó una primera bajada de precios, de un 75% según la CE. Los que viajan habrán apreciado sus bondades en la factura. 

Bruselas fijó un recargo máximo de 5 céntimos por minuto hablado o megabyte consumido y 2 céntimos por SMS enviado. Además, lo consumido se descuenta del plan contratado en el país de origen. Por ejemplo, si el contrato español incluye 100 SMS gratis y se envían 20 en el extranjero quedarían 80, y solo se facturaría extra el roaming (40 céntimos), no los mensajes en sí mismos.

Para junio de 2017 incluso estos recargos estaban llamados a desaparecer.  

Del fin del roaming a los 90 días gratis

Pero la propuesta final de la Comisión dista mucho de la abolición. Según el plan presentado el 5 de septiembre los consumidores no pagarían gastos de itinerancia solo durante 90 días al año o 30 si los disfrutan de seguido.

Por otra parte, quienes tengan contratados paquetes en sus países de origen solo podrían disfrutar sin recargos de la media de consumo de los usuarios con el mismo plan. Es decir, que si el paquete incluye 3 gigabytes de datos y la media de uso es de 2GB, el tercero estará sujeto a roaming.

Solo se salvan de las restricciones los trabajadores fronterizos, que utilizan las redes de dos países diferentes todos los días.

No es lo que nos habían vendido

Las asociaciones de consumidores, que habían asumido como el común de los mortales que “fin” significaba “fin”, reaccionaron con estupor y achacaron la deriva a la presión de las empresas de telecomunicaciones, que ya en 2014 lograron retrasar la medida.

Bruselas salió en defensa de su propuesta explicando que los europeos viajan de media 12 días al año y que el mínimo de 90 días gratis, que las compañías pueden ampliar voluntariamente, cubre el 99% de los casos. 

Las restricciones se deben a la llamada “política de uso justo” que se ha incluido en la regulación para prevenir abusos. Bruselas quiere evitar que los europeos compren tarjetas SIM en los países más baratos para usarlas solo en sus lugares de origen, ya que esto obligaría a las operadoras a asumir permanentes costes de itinerancia.

La Comisión pasaba así de publicitar el fin del roaming a felicitarse por una gratuidad temporal solo para viajeros, no para quienes viven siempre en el extranjero.

“La Comisión no puede romper su promesa de acabar con el roaming y las ‘facturas-shock’”, advirtió el presidente de los Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt.  “La propuesta es un sinsentido” coincidían en Twitter los eurodiputados socialistas. 

Juncker quiere algo mejor

Con las críticas in crescendo Juncker acabó retirando la propuesta, algo atípico en la Comisión, que recibe quejas por casi todo.

El fin del roaming es una de las pocas medidas salidas de la burbuja tecnócrata comunitaria cuyos beneficios pueden sentir los europeos en primera persona, en sus propios bolsillos. Después de presumir de ella a bombo y platillo en los últimos años, de utilizarla como argumento de campaña en las elecciones europeas y en el referéndum sobre el ‘brexit’, la sensación de engaño por el paso atrás era manifiesta. Y Bruselas sabe que lo último que necesita una Europa en plena crisis de credibilidad es otra decepción ciudadana, tanto menos en vísperas del discurso sobre el Estado de la Unión.

“El proyecto partía de una buena intención. Era correcto en el plano técnico. Pero no correspondía a las promesas hechas. A partir de la semana que viene verán un nuevo proyecto mucho mejor”, anunció Juncker este miércoles ante la Eurocámara.

Y a sus desacreditados comisarios no les ha quedado más remedio que apechugar.

No es tan fácil

Pero conseguir la abolición total del roaming será difícil. El problema que subyace es la enorme diferencia de precios entre países: los servicios de telefonía en Irlanda, Luxemburgo, Chipre o Reino Unido son hasta seis veces más caros que el Letonia, Lituania, Rumanía o Bulgaria.

Así, si alguien compra una tarjeta SIM barata en Letonia, por ejemplo, y la usa solo en Irlanda, la compañía letona sería quien costearía la diferencia de precio, ya que las operadoras tienen que pagar a las de otros países cada vez que uno de sus clientes utiliza su red. El temor de Bruselas es que las compañías de los países más baratos inflen sus tarifas para afrontar este coste perjudicando a los clientes domésticos.

Es lo que conoce como precios mayoristas y la gran discusión gira en torno a los límites que tiene que fijar la UE. Es aquí donde entran en juego estados y empresas de telecomunicaciones.

En los países nórdicos las operadoras ofrecen paquetes muy baratos pero muy generosos en llamadas o mensajes, con lo que si los precios mayoristas son muy altos estarían perdiendo dinero con cada byte que sus clientes consuman en el exterior. Y en el otro lado de la balanza están los países del sur, que invierten para proveer servicios a los veraneantes europeos pero obtienen rendimiento solo tres meses al año, con lo que les interesa tener el máximo beneficio por roaming durante el verano. 

“Así que ahora hay una minoría de bloqueo por ambas partes”, explica el comisario de Mercado Digital, Andrus Ansip. Los países nórdicos quieren precios mayoristas más bajos, los del sur más altos y la Comisión tiene que contentar a todos.

“No es tan fácil, no se trata solo de una línea con días, sino de fijar precios y principios de uso justo para evitar abusos” defiende Ansip.

Las empresas de telecomunicaciones ya han advertido de que no renunciarán a introducir salvaguardas. Y obligarles a sufragar el roaming por sí solas recortaría sus beneficios en un momento en el que la CE les pide que inviertan millones para desarrollar la banda ancha.

Bruselas tiene ahora que encontrar un equilibrio entre los intereses de estados y y operadoras y las expectativas de los ciudadanos. Lo de “hablar en toda Europa como en casa” se antoja incierto.