Madrid abre una vía para excluir a las grandes eléctricas del multimillonario negocio de los contratos públicos
El aval del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid al contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Madrid supone un hito en la pugna que varios de los denominados “ayuntamientos del cambio” (Madrid, Barcelona y Valencia) mantienen desde hace tiempo con el llamado oligopolio eléctrico. En el epicentro de la disputa están cuestiones como la inclusión en sus licitaciones de medidas contra la pobreza energética y, más recientemente, la voluntad de beneficiar a comercializadoras de electricidad 100% renovable.
La decisión del órgano administrativo de Madrid no es firme. Las eléctricas que presentaron recurso (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) tienen dos meses para recurrir por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La tradición en el sector dice que habrá recurso. Este lunes, las empresas decían que aún no había una decisión tomada.
El varapalo del tribunal a las tres grandes del sector “puede servir de precedente para administraciones de toda España”, en palabras del concejal madrileño Jorge García Castaño. Abre una nueva a vía para excluir a estas empresas del multimillonario negocio de los contratos públicos de la luz, al permitir a la Administración imponer la exigencia de electricidad 100% renovable como criterio de “solvencia técnica”. Otra opción es la que ya aplican Rivas-Vaciamadrid, Avilés o Canfranc: prescindir de intermediarios y adquirir la electricidad directamente en el mercado.
Las tres mayores eléctricas del mercado español habían pedido anular el pliego del ayuntamiento madrileño por entender que su redacción les impedía “concurrir en igualdad de condiciones a la licitación”, al incluir, como criterio excluyente, la exigencia de contar con un etiquetado A que expide la CNMC y que acredita a las comercializadoras que sólo venden energía verde.
Esta cláusula impide concurrir al concurso a las grandes eléctricas, porque en su mix de generación tienen fuentes como el carbón, el gas o la nuclear, que emiten CO2 o generan residuos radiactivos. El Ayuntamiento argumentaba que 76 comercializadoras cumplen ese requisito, lo que supone el 64% del total y garantiza la libre competencia. Entre ellas, pequeñas empresas y otras muy grandes, como una firma del Ibex (Acciona), y la comercializadora eléctrica de la petrolera Cepsa.
El tribunal, por unanimidad, ha considerado que la exigencia de esa certificación “se ajusta” a la Ley de Contratos públicos, rechaza los tres recursos y levanta la suspensión del procedimiento que había decretado el pasado 4 de abril.
El Ayuntamiento ya intentó incluir el año pasado este criterio al incluir el certificado de la CNMC en la valoración de la oferta (otorgaba hasta cinco puntos). Gas Natural recurrió esa “diabólica” cláusula y logró tumbar los pliegos, que el consistorio, cuya área económica estaba entonces dirigida por Carlos Sánchez Mato, tuvo que rehacer incluyendo el requisito luego recurrido a las eléctricas no como criterio de valoración, sino en el apartado de solvencia.
La inclusión de criterios medioambientales no es exclusiva de los ayuntamientos de la órbita de Podemos. Salamanca, gobernada por el PP, ha incluido en su último contrato de electricidad el etiquetado de electricidad limpia que expide CNMC como criterio de valoración. El procedimiento está suspendido por el tribunal castellano-leonés de contratación pública tras un recurso de Gas Natural Fenosa, que considera que el sistema de garantías de origen 100% renovable ya es un requisito suficientemente exigente para garantizar que se trata de energía limpia.
Hay quien cuestiona estas exigencias ante la imposibilidad de discriminar en el sistema eléctrico el origen de los electrones que llegan al cliente y el hecho de que la producción renovable no cubre toda la demanda. Sus defensores esgrimen el efecto arrastre sobre la demanda de renovables y el mix de generación de las empresas, en un momento en el que España está abocada a un proceso de transición energética a las tecnologías sin emisiones que parece imparable.
Nueva ley de Contratos
El aval del tribunal madrileño ha llegado tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que permite a los licitadores exigir etiquetas ambientales en sus concursos “como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la experiencia o el «buen hacer» de esa empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente”, siempre que “los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios”.
Como señalaba hace unas semanas Víctor Silva, director de Legal y Regulación de Gesternova Energía (una de las empresas que puede beneficiarse del veto de Madrid a las grandes eléctricas), “hasta el momento la inclusión de las consideraciones medioambientales ha brillado por su ausencia en los procedimientos de contratación españoles” y “habrá que esperar un tiempo para analizar el grado de aplicación práctica de la norma, aunque, como se suele decir habitualmente, está claro que la contratación verde ha llegado para quedarse”.
No existen estudios que cuantifiquen el importe que cada año destinan las Administraciones españolas (Gobierno central, Comunidades Autónomas, ayuntamientos, diputaciones…) a sus contratos de electricidad, pero la factura asciende a muchos cientos de millones de euros. “No hemos hecho ese cálculo”, dicen, por ejemplo, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El último acuerdo marco de contratación centralizada de electricidad que aprobó el Consejo de Ministros en enero para la Administración central estaba valorado en 950 millones para un plazo de dos años.
