Las organizaciones de consumidores advierten de un retroceso en los derechos de los pasajeros aéreos

Las principales asociaciones de consumidores señalan que la nueva reforma regulatoria europea amenaza con debilitar los derechos de los pasajeros. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) alertan de que Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos y cancelaciones. Mientras que, con el foco puesto en Volotea, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia el sistema de la compañía para subir el precio de los billetes, una vez comprados, en función del coste del combustible.

Las federaciones españolas de consumo sostienen que las nuevas normativas beneficiarían a las compañías aéreas y trasladarían más costes e incertidumbre a los viajeros. Entre las medidas que critican, figuran recargos de hasta 14 euros aplicados después de la compra del billete, menos indemnizaciones por retrasos y más facilidades para que las aerolíneas eviten pagar compensaciones.

El cambio de normativa llega en un momento de presión sobre el sector aéreo por el aumento de costes operativos entre la guerra de Irán y el crecimiento de viajeros tras la recuperación del turismo a nivel europeo. Las asociaciones insisten en que las compañías están aprovechando este contexto para impulsar nuevas tarifas y limitar derechos ya consolidados.

FACUA denuncia el recargo “ilegal” de Volotea

Consumidores en Acción ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de “inacción” ante el nuevo mecanismo de Volotea para modificar el precio de billetes ya comprados según evolucione el precio del combustible. La asociación considera abusiva la cláusula de la compañía llamada “compromiso de viaje justo”. Introducida el pasado marzo, permite aplicar un recargo de hasta 14 euros siete días antes del vuelo si el barril de Brent supera determinados niveles

Según FACUA, esta práctica vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque impide conocer el precio final del billete en el momento de la compra. Además, sostiene que altera unilateralmente las condiciones del contrato.

La organización recuerda también que la Comisión Europea (CE) ya ha advertido a las aerolíneas de que no pueden encarecer billetes ya comprados alegando la crisis energética o la subida del queroseno. Bruselas ha pedido “calma” al sector y asegura que el suministro de combustible está garantizado para los próximos meses.

La federación también cuestiona la supuesta simetría del sistema diseñado por Volotea, que contempla descuentos si baja el precio del petróleo. La asociación cree que la aerolínea podría retirar el mecanismo antes de aplicar esas rebajas y mantenerlo solo cuando el combustible esté caro. “La medida puede convertirse en un sistema para aumentar márgenes de beneficio sin transparencia suficiente”, señalan desde la organización, que pide a Consumo abrir un expediente sancionador y advertir públicamente a los viajeros.

Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos

Junto a otras 32 organizaciones europeas, CECU y ASUFIN participan en una campaña coordinada por a patronal europea de consumidores (BEUC) contra la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos que negocian las instituciones comunitarias.

Las asociaciones consideran que la propuesta de la Comisión Europea supondría “un recorte masivo” de los derechos actuales. Según denuncian, más del 60% de los pasajeros que hoy tienen derecho a indemnización por retrasos dejarían de cobrar compensaciones. Actualmente, los viajeros pueden reclamar cuando el retraso supera las tres horas. La reforma elevaría ese umbral a cuatro o incluso seis horas, dependiendo de la distancia del vuelo.

Además, las indemnizaciones podrían reducirse de forma significativa. La compensación mínima pasaría de 250 euros a 83 euros, según las organizaciones. Las asociaciones alertan de que estos cambios reducirían el incentivo para que las aerolíneas mantengan la puntualidad. Recuerdan además que el sistema actual ha contribuido a reducir los grandes retrasos y las incidencias prolongadas en vuelos de corta distancia.

Más excepciones para las aerolíneas

Las organizaciones también critican la ampliación de las llamadas “circunstancias extraordinarias”, que permitirían a las compañías evitar el pago de compensaciones en más casos. Entre los cambios que rechazan, figura la posibilidad de cancelar vuelos con solo 48 horas de antelación (frente a los 14 días actuales) sin la obligación de indemnizar al pasajero.

A ello se suman prácticas que las asociaciones consideran “abusivas” y que seguirían permitidas. Como el cobro por el equipaje de mano, los suplementos para sentar juntos a menores o personas dependientes y las cláusulas “no show”, que anulan el resto del billete si el pasajero no utiliza uno de los tramos contratados.

CECU y ASUFIN reclaman que la reforma vaya en sentido contrario y refuerce la protección de los viajeros mediante sistemas automáticos de compensación. También piden una mayor transparencia tarifaria y sanciones más duras contra las prácticas abusivas. “Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados”, afirma David Sánchez, director de CECU. En la misma línea se pronuncia Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, que advierte de que el cambio “consolidaría un desequilibrio contractual entre aerolíneas y consumidores”.

Las organizaciones temen que, con el argumento de garantizar la viabilidad del sector aéreo, la Unión Europea termine trasladando más costes e incertidumbre a los pasajeros. Todo ello en un mercado donde las tarifas adicionales y los conflictos por compensaciones se han convertido en una fuente creciente de ingresos y litigios para las compañías.