El peaje al sol llega a su fase final
Cada vez queda menos para pagar por los rayos de sol. Y por el viento, claro. Así lo establece el proyecto de ley del sector eléctrico, que esta semana superará el trámite de las enmiendas a la totalidad y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
El texto fija “la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. Es decir, el que tenga una instalación fotovoltaica en su casa tendrá que empezar a pagar por estar conectado a la red eléctrica.
¿Por qué? Así lo explica el ministro de Industria, José Manuel Soria: “Para aquellos consumidores que se enganchan a la red general, que estamos pagando todos los demás, también les cobramos un peaje porque, de lo contrario, cuando la utilizaran, si no pagaran, todos los demás estaríamos contribuyendo a pagarle una parte de su consumo. Por lo tanto, ésa es una observación que ha hecho la Comisión Nacional de la Energía y que el Gobierno se ha mantenido en la posición que tenía, puesto que, de lo contrario, sería un consumo que estaría financiando el resto del sistema”.
Pero esta tesis no ha convencido a gran parte de la oposición: PSOE, CiU, BNG, Compromís, UPyD, ERC e Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) han presentado enmiendas a la totalidad, la de este último grupo con articulado alternativo. La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz (ICV) rebate el argumento del ministro: “Lo que persigue la ley, que no incluye las recomendaciones fundamentales de la Comisión de la Energía, el Consejo de Estado y la Comisión de la Competencia, es desincentivar el autoconsumo, la producción de energías renovables y garantizar a toda costa el pago a las eléctricas, por encima de criterios de sostenibilidad, equidad y eficiencia. Poner un peaje al autoconsumo mata un modelo que compite con las eléctricas”.
Cuota por el autoconsumo
En este sentido, Jorge Morales, ingeniero industrial y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explica: “El peaje al autoconsumo es como si tienes plantados unos tomates en tu terraza y tuvieras que pagar al supermercado de la esquina un canon obligatorio mensual por si, en el momento en que te quedes sin tomates, quisieras ir a comprarlos. No pasa en ningún país del mundo”.
¿Qué interés puede haber para que esto sea así? La diputada de ICV lo tiene claro: “Se está beneficiando el sistema de oligopolio de las eléctricas. Todo aquel que se dedica al autoconsumo, está buscando una alternativa al sistema y es un kilovatio menos que compra a las eléctricas. Hay personas que rebajan su consumo de la red un 40% gracias al autoconsumo”. Morales insiste en esta idea: “El autoconsumo es más democrático, porque permite al consumidor saber cuánto gasta y en qué se lo gasta, puede regular el consumo y decidir qué energía utiliza. Todo esto, que es lo que no quieren las eléctricas, es lo que se carga la ley. Al igual que el balance neto, que ni lo menciona”. El balance neto, según aparece en la enmienda de la Izquierda Plural supone la posibilidad “para consumidores domésticos y pequeñas empresas de verter a la red los excedentes y poderlos recuperar sin coste en el plazo de un año. Se trata de facilitar al pequeño consumidor que pueda consumir la energía que genera con balance neto”. Es decir, el consumidor aprovecharía el 100% de lo que produce él (y no la compañía eléctrica).
Morales, además, llama la atención sobre la “velocidad y sin apenas debate” con el que se está tramitando esta ley: este martes acaba el plazo de enmiendas (las de ERC, BNG, Compromís, CiU, PSOE, UPyD e Izquierda Plural) y se debaten el jueves 31. En un par de semanas se irá al debate en comisión y, luego, al Senado. En el último pleno del Congreso antes de Navidades (mediados de diciembre) quedará aprobada previsiblemente. Es decir, en menos de dos meses de trámite parlamentario.
Y ocurre, según Morales, “justo cuando se está demostrando que las energías renovables son más baratas que las de combustibles fósiles, justo cuando se sabe que España importa el 80% de su energía, por valor de 45.000 millones de euros, el 4,5% de nuestro PIB. Es una oportunidad perdida en un momento histórico”.
Tanto Ortiz como Morales sospechan, por otro lado, que el mecanismo que incluye la nueva ley de ajuste automático para evitar el déficit tarifario “no se va a cumplir”. “En los últimos años llevamos varios decretos que por urgencia reconocen un incremento del déficit. Por ejemplo, en agosto el ministro Soria dijo que no había déficit tarifario y el 20 de septiembre lo cifra entre 2.500 y 3.000 millones. ¿Cómo es posible? Se hacen trampas al solitario”, afirma Morales en referencia a la prohibición que tendrán las eléctricas de superar un límite de déficit del 2% y de limitar la deuda acumulada de las compañías. Ahora bien, según la diputada de la Izquierda Plural, “sí pueden actuar con los ingresos, subiendo las tarifas, recibiendo dinero de los Presupuestos y repercutiendo en el consumidor o el contribuyente, que al final es el mismo”.
Nuevas reglas de juego
Mientras tanto, la ley cambia las reglas del juego a las empresas que producen energías renovables. “Hay una prima de riesgo renovable en España”, resume la diputada de ICV. Morales lo explica: “Hasta el 14 de julio, en que se anuló el anterior sistema y aún estamos a la espera del nuevo, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado. Era una forma de incentivar esta industria con la que se compensaba el importante gasto que supone en los primeros años y que permitía ganar más al que más energía renovable producía. Ahora, según la ley, se pagará de acuerdo con el concepto de 'rentabilidad razonable'. Eso sí, los criterios de esta rentabilidad razonable se revisarán cada seis años [los parámetros, cada tres], con lo que la inseguridad jurídica es total. Sólo invertirán en renovables los que busquen un pelotazo. Además, la metodología no fomenta la eficiencia, ahora van a pagar igual, independientemente del I+D”. Y se incluye cierta retroactividad, explica Ortiz: “Dará igual que hayas hecho tu inversión con otras reglas del juego. Ahora te las cambian y no puedes hacer nada. Expulsará a los pequeños productores y nos podemos encontrar con un agujero importantísimo en el sector”.
Morales también llama la atención sobre el cambio del sistema a la hora de poner en marcha una planta de energía renovable: “Ahora será por concursos. Y, en este sector, los concursos acaban yendo a grandes empresas y generando corrupción y conchabeos para quedarse con adjudicaciones a precio por debajo del mercado a cambio de favores en otro contrato”.
La diputada de ICV también destaca “lo desproporcionado de las sanciones, algunas millonarias. Te sancionan con un dineral hasta por comprar placas no homologadas, cuando hay países europeos, como Reino Unido, donde puedes comprar paneles solares en Ikea. El problema es que la ley, en sus objetivos, nunca se tiene en cuenta el medio ambiente: la energía aumentará su precio porque cada vez habrá menos renovables y las de combustibles fósiles no dejan de encarecerse. Y esto puede traer sanciones europeas por violar las directivas de fomento de las energías renovables y de eficiencia energética. España debería ahorrar un 20%, reducir las emisiones un 20% y depender de las renovables en un 20%. No se ha hecho nada de esto”.
