Portugal estudia gravar los beneficios “inesperados” de las energéticas en paralelo al tope ibérico al gas

Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, António Costa, tras la cumbre europea de marzo.

El nuevo Gobierno de Portugal estudia implantar un impuesto o tasa sobre las empresas energéticas que están registrando beneficios “aleatorios e inesperados” con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Ese impuesto o windfall tax, en la terminología anglosajona, se aplicaría de forma adicional al tope ibérico de 30 euros por megavatio hora (MWh) para la generación de electricidad con gas que los gobiernos de Madrid y Lisboa negocian con la Comisión Europea.

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La idea la lanzó en el Parlamento luso el pasado viernes el nuevo ministro de Economía y del Mar, António Costa Silva, tras ser preguntado por la diputada Mariana Mortágua, del Bloco de Esquerda, sobre los beneficios “excesivos” de determinadas grandes empresas. Mortágua citó a petroleras, eléctricas y a las empresas de distribución alimentaria, “que están aprovechando este momento para aumentar sus precios y sus márgenes”, aseguró.

Costa Silva indicó que el nuevo Gobierno “probablemente” va a considerar algún tipo de tasa contra los beneficios extra de algunas compañías, que no concretó, aunque en Portugal se da por hecho que afectará a las energéticas: “No podemos hostilizar a las empresas. Pero lo que vamos a hacer es hablar con ellas y probablemente considerar un impuesto o windfall tax para los beneficios aleatorios e inesperados que están teniendo”, anunció el ministro.

Este lunes, tras el revuelo generado por el anuncio en los sectores más conservadores de un país que, según datos de Eurostat, tiene uno de los tipos del Impuesto de Sociedades más altos de Europa (31,5% de las ganancias, frente al 25% de España), Costa aclaró que “en este momento no hay ninguna medida con este tenor, pero estamos evaluando todas las posibilidades”.  

En vísperas de que el nuevo Gobierno luso aprobase este lunes un paquete de 18 medidas urgentes ante la crisis energética (entre ellas, una bajada del impuesto especial de hidrocarburos hasta que la UE autorice la anunciada bajada del IVA a los combustibles), Costa insistió en esa idea: “Estamos radiografiando todos los sectores y si hubiera beneficios inesperados y aleatorios, estaremos atentos a eso, porque el Estado no tiene recursos infinitos”.

Si “se identificaran situaciones así, si coyunturalmente una empresa que tenía beneficios del 20% está con ganancias del 80%, situaciones por encima del umbral normal de beneficios, podemos hablar con esas empresas, de forma concertada”.

Costa es un antiguo ejecutivo de la industria petrolífera lusa con más de 30 años de experiencia en ese sector que en 2020 fue el elegido por el primer ministro portugués, António Costa, para diseñar el plan de recuperación post COVID.

El nuevo ministro cree que “estamos viviendo situaciones excepcionales y a veces es necesario [adoptar] medidas excepcionales” para reclamar a las empresas un “esfuerzo de ayuda a la economía”. Cabe recordar que, aunque el antiguo monopolio eléctrico EdP fue privatizado en 2011 por exigencias de la Troika, el Estado luso es todavía accionista de la mayor petrolera del país, Galp, con un paquete del 7,48%.

“Ningún drama”

“No es ningún drama, ni tiene nada de nuevo. Estados Unidos la tiene, España la tiene, Italia la tiene, otros países lo tienen”, aseguró el nuevo ministro sobre esa windfall tax.

España no ha puesto en marcha ningún impuesto extraordinario a las empresas, una medida que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, planteó aplicar a las compañías eléctricas hace unas semanas, antes de la aprobación del plan nacional de respuesta contra la guerra, y mientras España intentaba arrancar a la Comisión Europea el compromiso (finalmente logrado por Pedro Sánchez y el primer ministro luso) de permitir una solución ibérica para abaratar la factura eléctrica bajo el argumento de la escasa interconexión de la Península con Francia.

En septiembre, cuando la crisis energética ya empezaba a asomar por la fuerte subida del gas natural, el Ministerio para la Transición Ecológica español ya implantó un mecanismo de minoración de los beneficios extraordinarios de las centrales eléctricas no emisoras (básicamente, nucleares e hidroeléctricas) por la subida exponencial de esa materia prima. Luego el Gobierno se vio obligado a corregirlo, dejando fuera los contratos bilaterales.

Pero ese mecanismo ha quedado reforzado ahora, tras invitar el mes pasado la Comisión Europea a poner en marcha mecanismos de windfall tax, siempre que no sean retroactivos. Bruselas, que lo hizo siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), incluyó esa posibilidad en el paquete de posibles medidas a disposición de los Estados miembros para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

En España, ese sistema de control de los beneficios extra de las empresas se acaba de reforzar al incluir en ese mecanismo de minoración los contratos eléctricos que se renueven y los que se firmen a partir de ahora, fijando un precio tope de 67 euros/MWh para la energía vendida al cliente final.

690 millones

Este mecanismo, como el windfall tax que (a falta de mayores precisiones) ahora estudia poner en marcha el Gobierno portugués, funcionaría en paralelo al tope de 30 euros/MWh para la generación eléctrica con las centrales de ciclo combinado que han propuesto España y Portugal y que está analizando la Comisión Europea.

El Gobierno luso ha señalado que la compensación para las centrales de gas por la diferencia entre ese precio de referencia y la cotización real de esa materia prima se cargará al déficit de tarifa (desfase que se paga a futuro). Tal y como está diseñado, se traduciría en un ahorro de 690 millones de euros en los costes de la energía para empresas y familias lusas, según el Gobierno de Costa.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado que esa compensación se convierta en déficit tarifario en España y ha señalado que ese mecanismo “lo vamos a pagar los consumidores”, aunque el precio final en factura será muy inferior: según Ribera, el recibo bajaría a la mitad si Bruselas acepta ese tope de 30 euros. No se descarta que haya que elevar el umbral por encima de esa cifra para que la propuesta sea asumible para las autoridades comunitarias.

Fuentes de la Comisión explican que están “en contacto con las autoridades portuguesas y españolas en este asunto” y Bruselas está “comprometida” para evaluar con urgencia si las medidas temporales propuestas por los Estados miembros están alineadas con la normativa europea de ayudas de Estado y del mercado interior de la energía, informa Andrés Gil.

La vicepresidenta Ribera lamentó la semana pasada que las eléctricas estén intentando “hacer descarrilar” ese mecanismo, que un reciente estudio del MIT de Massachusetts asegura que puede crear “distorsiones” en el mercado.

Ese informe se muestra partidario de esa tasa a los beneficios caídos del cielo: según sus autores, no impactaría en los precios del mercado mayorista de electricidad y tendría menos efectos distorsionadores sobre la demanda y los intercambios de electricidad con Francia. El informe, que habla de un posible racionamiento del gas en Europa ante un “potencial escenario de escasez el próximo invierno”, considera “chocante” que no se haya preparado un plan europeo para reducir el consumo energético, especialmente el doméstico.

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