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La falta de presupuesto de Interior deja en el aire el servicio de traducción de la Dirección General de la Policía

El concurso para renovar el servicio quedó desierto, las anteriores empresas lo siguen prestando sin una partida presupuestaria que les apoye y al menos 30 trabajadores no han cobrado su última nómina

"Los traductores de plantilla ven mermadas sus funciones, los externalizados trabajan de forma precaria. Algunos cobran, otros no y muchos son falsos autónomos o los contratan por horas o días", dicen en CCOO

El director de una de las empresas, Ofilingua, admite los impagos: "La mitad de nuestra facturación depende de la Dirección General de la Policía. Hemos agotado nuestros recursos"

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Varios jóvenes de origen magrebí suben a una furgoneta de la Policía de Fronteras tras salir del polideportivo Andrés Mateo de Algeciras.

Una operación policial.

Decenas de traductores e intérpretes dan servicio a la Dirección General de la Policía; su trabajo es esencial para poner en marcha investigaciones sobre terrorismo internacional o trata de personas y asistir a personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, ese trabajo pende ahora de un hilo: el concurso para renovar el servicio quedó desierto, las anteriores empresas lo siguen prestando sin una partida presupuestaria que les apoye y al menos 30 trabajadores no han cobrado su última nómina.

Parte de la traducción e interpretación de la Dirección General de la Policía está externalizada desde 2008. Desde entonces, los traductores de plantilla conviven con otros que prestan servicio para las empresas adjudicatarias de los contratos que el Ministerio del Interior publica periódicamente. El último concurso, que tenía que haberse adjudicado en noviembre, quedó desierto: el anterior Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, argumentó que las empresas presentadas no acreditaban de forma suficiente la adscripción de medios personales que se requería en el pliego de condiciones. 

Desde entonces, con el concurso vencido, las empresas que hasta entonces prestaban el servicio -Ofilingua y Seprotec- han seguido haciéndolo: se habilitó una prórroga de su contrato pero no una partida presupuestaria para mantenerlo. Es decir, las empresas no han recibido un euro del Ministerio del Interior durante los últimos meses. Al menos 30 trabajadores de Ofilingua llevan un mes sin cobrar su nómina. 

CCOO denuncia la precaria situación de la plantilla y el riesgo que supone para el servicio. "No sabemos ni cuántos trabajadores están externalizados. Interior tiene la obligación de hacer un informe periódico pero no podemos acceder a él, solo hemos podido consultarlo en un par de ocasiones y con información insuficiente", dice Carolina Frías, presidenta de la Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio del Interior. Frías asegura que las condiciones bajo las que estos trabajadores prestan el servicio no son las adecuadas: "Los de plantilla ven mermadas sus funciones, los externalizados trabajan de forma precaria. Algunos cobran, otros no y muchos son falsos autónomos o los contratan por horas o días".

Servicio externalizado

Para CCOO, este servicio nunca debería haberse externalizado: "Algo de tanta trascendencia no puede depender de empresas privadas. Por contra, Interior podría haber aumentado la plantilla propia". Sin embargo, los recortes de personal funcionario de los últimos años ha hecho que el personal propio pase de 300 trabajadores a unos 190 en los últimos diez años. 

Melchor Fernández es el director de Ofilingua y critica la delicada situación en la que les ha dejado el Ministerio de Interior. Admite el impago de la última nómina a 30 de los 180 traductores e intérpretes que trabajan adscritos a este servicio: "Somos una empresa pequeña. La mitad de nuestra facturación depende de la Dirección General de la Policía. Hemos agotado nuestros recursos y el banco nos ha financiado, pero en mayo empezamos a tener problemas serios y llamé para dar un ultimátum. Entiendo que los trabajadores se cabreen, yo tampoco duermo bien por la noche".

En un documento fechado a comienzos de este mes, la Dirección General de la Policía acreditaba que la deuda con Ofilingua ascendía a 3,1 millones de euros. "Por circunstancias excepcionales, para la prestación de estos servicios pendientes de pago, el gasto debe ser autorizado mediante un procedimiento especial a través de expedientes de Convalidación por acuerdo de Consejo de Ministros", dice el documento, que menciona que esos trámites están en marcha. 

Fernández critica los criterios de personal que la DGP fijaba en el pliego de condiciones técnicas: "Son prácticamente imposibles de cumplir. Si pides diez traductores de albanés con una licenciatura en traducción o en filología y ves que en España hay unos 2.000 albaneses y la mitad son menores de edad te das cuenta de que no es viable encontrarlos". Esos requisitos, admite, no eran muy diferentes en los anteriores concursos pero este traductor subraya que, en este caso, el criterio de la mesa de contratación ha sido especialmente duro.

Desde Seprotec, también opinan que esos criterios son excesivos. "Se requiere una experiencia que en algunos idiomas es prácticamente imposible encontrar", dicen. Las empresas defienden otras vías para acreditar la experiencia de sus traductores e intérpretes. Seprotec asegura que su situación económica (es uno de los grandes grupos empresariales dedicados a la traducción en España) les está permitiendo afrontar los pagos de freelance y asalariados a pesar de que Interior no les ha abonado las facturas.

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