Fomento se emplea a fondo para evitar un caos aéreo que empañe las negociaciones para formar Gobierno
Los aeropuertos españoles han vuelto a ser el centro de atención en este comienzo de verano complicando el inicio de temporada a Fomento. El caos generado por Vueling y la anunciada huelga de los pilotos de Air Europa irrumpen en la temporada alta de uno de los pocos sectores que van funcionando tras la crisis, y en medio de las negociaciones políticas para formar Gobierno. Unos aeropuertos llenos de viajeros irritados por las cancelaciones de sus vacaciones son imagen asegurada de apertura de todos los informativos estivales. Un cisne negro (así se conocen los fenómenos inesperados que alteran la economía) que puede empañar el paseo al Gobierno del Partido Popular.
En este contexto, el departamento de la ministra Ana Pastor convocó este pasado lunes una reunión para “abordar las previsiones de cara a la temporada de verano” aunque el verano ya ha empezado y las aerolíneas hace ya tiempo que cuadraron la temporada. Las compañías tienen que enviar sus planes de vuelo para la temporada con antelación dado que se tienen que aprobar los slots (huecos para despegue y aterrizaje) en los que puede volar cada compañías. Pero tras el anuncio de la huelga de Air Europa, el ministerio quiere evitar a toda costa que el caos vivido en el Prat en el arranque del verano pueda trasladarse al aeropuerto Adolfo Suárez (el Madrid-Barajas).
¿Habrá huelga de pilotos?
Los pilotos de Air Europa anunciaron el viernes que irán a la huelga. En una votación con 330 votos a favor, 22 en contra y 28 en blanco los pilotos del Sepla en Air Europa decieron esta medida para protestar por el traspaso de rutas a la recién creada filial de bajo coste Air Europa Express. Un conflicto laboral en la aerolínea del grupo Globalia que se produce dentro del proceso de creación de una línea low cost tras la compra de Aeronova en noviembre, una pequeña compañía con un avión, a la que Air Europa tiene previsto ir traspasando aeronaves. Los pilotos se quejan de que esta “derivación supone un perjuicio profesional, laboral y económico de los pilotos de Air Europa, que se ven obligados perjudicados en su promoción dentro de la empresa”.
Esta situación llega justo después de superar la suspensión por parte de Vueling de alrededor de 80 vuelos en cinco días. Ahora la compañía ha presentado a la Administración un plan para garantizar la operatividad durante el verano. Una solución que ha pasado porque los pilotos trabajaran en sus días libres. En la última reunión con la Generalitat de Catalunya, la empresa ha asegurado que podrá operar con normalidad el próximo fin de semana del 15 de julio, aunque ha señalado que puede haber algunas “reprogramaciones” de vuelo tras incorporar un Jumbo con mayor capacidad de pasajeros.
El papel de Fomento ha sido cuestionado incluso por los propios trabajadores de Vueling que no entiende que se aprobara el plan de vuelos que era imposible de practicar con los medios disponibles por la aerolínea. Pastor quiere evitar ahora otra situación similar que sería el peor telón de fondo para las conversaciones políticas. El peso del ministerio de Fomento le convierte en una cartera clave en el reparto de sillas en los Gobiernos. Su capacidad de gasto y a la vez su alta sensibilidad por regular el transporte le hacen un puesto muy goloso por los políticos, pero a la vez implica una alta responsabilidad.
Las otras batallas de Fomento
Y, es que, sortear el caos aeroportuario es uno de los múltiples problema a los que se enfrenta la ministra en funciones, sin duda con uno de los departamentos del Gobierno con más complicaciones en este momento de impasse donde otras carteras se limitan a cumplir trámite (cabe recordar que Industria ni siquiera tiene ministro titular y sus funciones las ha asumido Luis de Guindos). Entre las asignaturas sin aprobar se encuentran los concursos de las radiales, la multa de la CNMC a varias compañías por repartirse contratos con Adif (empresa pública) y pendientes de la Audiencia Nacional donde se encuentra recurrido la norma que regula el transporte terrestre.
Competencia anunció la semana pasada una multa de 5,6 millones a cuatro empresas y nueve directivos por repartirse contratos con Adif. El regulador considera probado que durante 15 años se intercambiaron información comercial sensible en concursos públicos convocados por la empresa pública. Unas “prácticas que respondían a una estrategia global que tenía por objeto eliminar la competencia”. El regulador considera que este tipo de conductas dañan el interés público, dado que los precios ofertados por las empresas en los expedientes de licitación “han sido más altos que los que hubieran presentado en el caso de haber competido entre sí”.
Además, Competencia ha llevado ante la Audiencia Nacional parte del reglamento que explica la Ley de Ordenación del Transporte Urbano, concretamente las normas relativas a la concesión de licencias VTC, que regulan a los vehículos con conductor. Una parte donde el regulador encuentra que existen reestricciones a la competencia.
El decreto lo desarrolló el ministerio en medio de los tiras y afloja de los coletivos de taxistas que pedían una mayor protección para su sector frente a las licencias VTC, que son las que utilizan las compañías como Uber o Cabify. La aprobación de la norma in extremis antes de las elecciones del 20D hizo que los avisos previos del regulador a Fomento antes de llegar a los tribunales no tuvieran efecto. Al estar en funciones el departamento de Ana Pastor adujo no poder cambiar ejercer acciones regulatorias.
Una de las mayores patatas calientes que tiene Fomento es la de las quiebras de las autopistas radiales. Tras proponer un plan de rescate, que no fue aceptado por los acreedores, Fomento debe enfrentarse a nuevos autos judiciales que determinan el cierre de estas concesionarias. El último de ellos daba como fecha el 1 de octubre para cerrar la R3 y la R5 si no las asumía Fomento, aunque el ministerio ya anunció el recurso de este fallo de primera instancia, a pesar de que en la sentencia el juez incluyó el hecho de que la resolución debía ser “sin efectos suspensivos” aunque se apele ante la Audiencia Provincial.
La Operación Chamartín o la fallida privatización de Renfe son otros de los escollos de este súperministerio cuajado de complicaciones.
