El nuevo Código Penal abre la vía a suavizar las penas de cárcel a los condenados en piquetes
Decenas de procesos a trabajadores y sindicalistas por su participación en piquetes pueden sufrir cambios desde este miércoles: el nuevo Código Penal que entra en vigor rebaja las penas del polémico artículo 315, que establece el delito de coacciones a la huelga y que la Fiscalía está invocando para pedir abultadas penas de cárcel. El cambio suavizará las penas por las que los procesados pueden ser castigados, pero también hará que personas ya condenadas puedan pedir una revisión de su caso.
Hasta ahora, el artículo 315 imponía penas de entre tres y cinco años además de multas a las personas que cometieran coacciones a la huelga. Desde este miércoles, la pena puede ser de entre un año y nueve meses hasta tres años de cárcel, o bien multa de 18 a 24 meses.
El catedrático de Derecho Penal Juan Terradillos explica que esta revisión del artículo puede aplicarse tanto a los casos abiertos como a los ya cerrados por sentencia firme, ya que la ley penal es retroactiva “siempre que sea favorable para el reo”. En el caso de las personas condenadas, tienen que ser sus defensas las que soliciten la revisión de su proceso. En los casos en los que ha habido una sentencia pero ésta ha sido recurrida, la nueva sentencia tendrá que tener en cuenta la nueva norma en vigor.
Es el caso de los cinco trabajadores de ArcelorMittal en Asturias: dos de ellos fueron condenados a cinco años y tres meses de prisión y los otros tres años y seis meses de cárcel. Después de la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Gijón -que les aplicó el artículo 315-, los trabajadores recurrieron a la Audiencia Provincial de Asturias. La sentencia de su recurso se esperaba para estos días, pero aún no se ha producido. “Sí es posible que se estén posponiendo este tipo de sentencias. Es más claro y económico dictarla con la nueva ley que no hacerlo dos días antes cuando sabes que va a cambiar”, apunta Terradillos.
Otro caso sonado, el de los ocho trabajadores de Airbus a los que la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel, celebra este miércoles una vista en la que se espera que la Fiscalía modifique su petición. El magistrado podría también fijar ya la fecha de juicio oral. Si finalmente, la fiscal no cambia su petición -no es obligatorio que lo haga en los casos en los que ya se ha presentado la acusación- será el juez el que aplique los nuevos tipos penales.
En cualquier caso, en muchos de estos procesos, además del de coacciones a la huelga, a los acusados se les imputan otros delitos, como atentado contra la autoridad o lesiones, por lo que es posible que muchas penas sigan siendo elevadas.
Un cambio insuficiente para CCOO y UGT
El diputado socialista y abogado de UGT, Manuel de la Rocha, defiende que los jueces tienen ahora la posibilidad de “adecuar las penas a la nueva situación”, sea cual sea la actitud de la Fiscalía. Subraya que se trata, no obstante, “de un mal menor”: “Lo que pedimos los sindicatos y los grupos parlamentarios de la oposición es que no haya un artículo específico que penalice las coacciones con el agravante de la huelga, que es el ejercicio de un derecho fundamental, sino que se utilice el delito genérico de coacciones”. De la Rocha sí cree que los cambio producirán una suavización de las condenas.
Para la responsable confederal de Movimientos y Redes Sociales de CCOO, Empar Pablo, la modificación del artículo 315 es un punto de partida “mejor que el anterior pero insuficiente”. “El problema sigue siendo el mismo, que el Código Penal sigue criminalizando el derecho a huelga”, dice.
Al menos seis personas están ya condenadas en firme y tendrían que entrar en prisión: son los casos de Tamara y Ana, Serafín y Carlos, y Carmen y Carlos. Sin embargo, su ingreso en la cárcel está paralizado hasta que el Gobierno resuelva los indultos solicitados. A pesar de que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a analizarlos y tenerlos en cuenta, meses después ninguno de las personas afectadas ha tenido noticias.
Si alguno de ellos pedirá la revisión de su caso está por ver. De la Rocha asegura que aún no hay un planteamiento sindical global sobre cómo proceder con los casos en los que ya hay condena firme.
