S and P rebaja de nuevo la deuda de Puerto Rico y de su brazo financiero

Standard & Poor's bajó hoy de nuevo la calificación de las Obligaciones Generales de Puerto Rico, que ya se encontraba en terreno especulativo (de bonos “basura” o “chatarra”), así como la del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), su brazo financiero.

Según detalló en un comunicado, la agencia calificadora bajó tres escalones, de “BB” a “B”, la calificación que confiere a las obligaciones generales emitidas por la isla, menos de una semana después de que un juez federal anulara la ley que había creado para que sus empresas públicas pudieran declararse en quiebra sin arrastrar al conjunto del Estado.

También tiene lugar tan sólo unos días después de que el martes se iniciara la tramitación parlamentaria de una reforma fiscal que introduce un nuevo impuesto sobre el valor añadido (IVA) y que, según S&P, “creará mayor incertidumbre en cuanto al momento de la recaudación de los ingresos prometidos” para respaldar ciertos bonos.

La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, dijo sin embargo tras conocerse esta rebaja que la reforma fiscal “aumentará los ingresos a través de una estructura tributaria más equitativa y un eficaz mecanismo de recaudación de impuestos” en la isla, que acumula más de 70.000 millones de dólares de deuda y encadena ocho años de recesión.

“Estamos decepcionados de que S&P haya tomado tal acción sin evaluar los detalles y la estructura de la propuesta de reforma fiscal”, dijo, tras mostrar su esperanza en que la anulación de la ley de quiebra sea revocada en apelación.

 La nota “B” está cinco escalones dentro del grado especulativo, en el que las agencias de calificación agrupan a las inversiones que no están consideradas seguras, para quedar así en el área de las “altamente especulativas”. Además, está a tan sólo dos pasos de las consideradas “sustancialmente arriesgadas”.

S&P también bajó la nota de los bonos del BGF ante la “persistente debilidad económica” de Puerto Rico y la reciente decisión de invalidar su ley de reestructuración de la deuda, “lo que amenaza su capacidad para acceder a los mercados de capital en condiciones razonables”.

“Creemos que la actual trayectoria económica y financiera de Puerto Rico es ahora más susceptible a las condiciones de mercado adversas, que en última instancia podrían afectar a su capacidad para financiar los servicios públicos y sus compromisos de deuda”, explicó la agencia.

Añadió que la “debilidad económica persistente durante muchos años ha contribuido a la disminución de ingresos y el desequilibrio fiscal” y que la respuesta de los sucesivos Gobiernos ha sido, entre otras iniciativas, la emisión de más deuda, la situación se ha vuelto “difícil de sostener”.

La perspectiva sobre cómo evolucionara la calificación en los próximos meses es negativa debido a la incertidumbre que la agencia ve respecto a la capacidad de Puerto Rico de mantener niveles mínimos de liquidez, cumplir su presupuesto y hacer que se recupere la economía, que acumula casi una década de retrocesos.

Reconoce que es incierto el resultado que tendrá la implantación del nuevo sistema contributivo para el ejercicio fiscal de 2016, tanto por la dudosa capacidad de Hacienda para recaudar el IVA como por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos sobre su conveniencia.

Además, asegura que la anulación de la ley de quiebra para empresas públicas reduce el interés de los inversores en refinanciar los 2.200 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Carreteras que planeaba el Gobierno para recapitalizar al BGF.

En cuanto a los rasgos macroeconómicos, apunta que el empleo se ha estabilizado en los últimos tres meses, aunque sigue por debajo del año anterior. La economía cayó en diciembre un 1,4 % en un año y la población siguió en descenso.

“Seguimos creyendo que el crecimiento económico es necesario para que Puerto Rico pague los crecientes compromisos de deuda, pensiones y costos de atención de salud y, en nuestra opinión, las perspectivas para ello han disminuido en los últimos meses”, afirma S&P.

En su opinión, “Puerto Rico podría encontrarse sin acceso a los mercados a un costo asequible si la liquidez del BGF cae o si los inversores que actualmente invierten en Puerto Rico y sus corporaciones públicas abandonan su estrategia de préstamos de alto rendimiento”.