La regla de gasto, una “complejidad” presupuestaria capaz de romper un gobierno municipal

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, bromeaba hace un mes en un “corrillo” con periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados sobre la norma presupuestaria que limita el gasto en las administraciones públicas según una tasa prevista de crecimiento: “Me parece fascinante que hagamos popular la regla de gasto, porque tiene su complejidad”, comentaba risueño.

Una complejidad técnica que no ha impedido que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se rompa a mitad de legislatura con la destitución del concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato. Su labor había favorecido, entre otras cosas, reducir la deuda de Madrid en 2.070 millones de euros desde la llegada de esta equipo al Ayuntamiento de la capital. Sánchez Mato se negaba a firmar el Plan Económico Financiero (PEF) que incluye los recortes requeridos por Montoro para cumplir con la citada regla de gasto, y que ha sido finalmente aprobado.

¿Qué es la regla de gasto?

Es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

Tiene en cuenta una tasa cuyo cálculo establece el Ministerio de Economía. Lo hace sobre la media móvil del crecimiento del PIB, con la intención de que tenga un carácter anticíclico, es decir, que no dependa de los vaivenes de la economía. Para 2015, se fijó en 1,3%; en el 1,5% para 2016, y en el 1,7% para este año: ningún municipio, por mucho ahorro que haya logrado, puede presentar unos presupuestos con aumento del gasto superior a esas cifras.

Como explica Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, es uno de los instrumentos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) para garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanza y lo reduzcan en tiempos de estrecheces. “De hecho, funciona como un freno para el gasto de las Administraciones Públicas y para protegerlas de los efectos cíclicos de la economía”, afirma. La idea es acumular ingresos con vistas a las épocas de recesión.

¿Solo Madrid se opone a la regla de gasto?

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda por este asunto ha acaparado todos los focos pero el malestar en las administraciones locales es general. La mayoría de municipios pide desde hace meses una nueva interpretación de la regla de gasto más justa para las corporaciones locales que ven reprimidas sus inversiones y, a la vez, sustentan con su ahorro las cuentas del Estado.

Los más de 7.000 millones de euros de superávit que han logrado los ayuntamientos en el pasado ejercicio han permitido que el Gobierno del Estado eluda un nuevo desvío presupuestario y contribuido a que España haya podido cumplir por primera vez con las exigencias de Bruselas en cuanto a déficit.

Se da la circunstancia de que el propio Estado ha incumplido la regla de gasto en variadas ocasiones, así como ayuntamientos que no han corrido la misma suerte que Madrid.

¿Qué posibilidades hay de reformar esta norma presupuestaria?

Este mismo lunes, el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha cerrado filas con la decisión de Manuela Carmena sobre Sánchez Mato: “Es lógico que los ayuntamientos tengan que cumplir la ley aunque sea una ley que no nos gusta”, ha afirmado. La oposición a la regla de gasto, ha dicho, “tenemos que hacerla nosotros en el Congreso de los Diputados, sacando adelante una proposición de ley”.

Iglesias se refiere a la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que el Gobierno no pudo vetar por retrasarse cuatro minutos, y que superó la toma en consideración. Ahora está pendiente de iniciar el trámite de enmiendas.

Con su iniciativa, Unidos Podemos pretende flexibilizar la aplicación de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit obtenido a inversiones públicas. Creen que no tiene sentido fijar un tope de gasto en supuestos como los del Ayuntamiento de Madrid, donde a pesar de contar con 1.022 millones de euros de superávit en 2016 y haber reducido el nivel de deuda, el Ministerio de Hacienda y Función Pública cuestionaba sus cuentas por haber superado su umbral de gasto en 234 millones de euros. Una diferencia entre Carmena y Montoro que ya ha quedado solventada –el nuevo Plan Económico Financiero ha sido rápidamente aprobado– aunque por el camino se ha quedado el principal artífice del buen desempeño financiero del ayuntamiento.