Transparencia ve “manifiestamente mejorable” la información de sueldos de directivos públicos nombrados por Rajoy
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ve “manifiestamente mejorable” la información proporcionada sobre las retribuciones recibidas en 2017 por los directivos del sector público estatal nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy.
Tras analizar una muestra de 81 entidades (9 agencias estatales, 13 entidades públicas empresariales y 59 organismos autónomos que no identifica), el CTBG señala que “el cumplimiento en 2017 de la obligación de los organismos evaluados de publicar proactivamente las retribuciones de sus altos cargos y máximos responsables debe calificarse de manifiestamente mejorable”.
El resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2017, publicado este jueves en el BOE, señala que, en materia de retribuciones, “únicamente 63 de los 81 organismos o entidades evaluadas ha publicado la totalidad o parte de la información” y “en 46 organismos la información se restringe a los altos cargos de la organización y no incluye a los máximos responsables”. Al corresponder a retribuciones de 2017, son directivos nombrados por el Gobierno de Rajoy. El informe, que no precisa cuándo se analizaron los datos, se aprobó en septiembre pasado.
La entidad, presidida de forma interina desde hace más de un año por el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, incide un año más en la carencia de medios que sufre: “Desafortunadamente, el aumento de las tareas desarrolladas por el Consejo no se ha visto acompañado del correspondiente incremento de medios humanos y materiales” y “la insuficiencia de la dotación de recursos humanos” constituye “una de las principales debilidades del organismo”.
“Para garantizar el adecuado cumplimiento por el CTBG de sus actuales funciones y su capacidad para abordar eficazmente las que pueden serle asignadas en el futuro, debe reconsiderarse a corto plazo su dotación de efectivos e incrementar los recursos asignados en la medida requerida por sus necesidades. En este sentido, y a reserva de los estudios y evaluaciones que puedan realizarse, puede señalarse como criterio indicativo que, según los estudios realizados en el ámbito interno del Consejo, sería necesario, cuando menos, duplicar su dotación actual”.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 redujeron un 22% la dotación prevista para el CTBG, hasta 2,28 millones de euros. Fue el segundo recorte consecutivo. Si en 2015 su presupuesto ascendió a 1,89 millones, en 2016 pasó a 2,97 millones y en 2017, a 2,92 millones.
El CTBG, que echó a andar a finales de 2014, contaba a 31 de diciembre de 2017 con una relación de puestos de trabajo de 21 efectivos, pero tres puestos “se encontraban vacantes al estar sus titulares en diversas situaciones de permiso reglamentario”. “La dotación real de efectivos del organismo era de 18 personas”, prácticamente igual a la de un año antes. “Esta dotación es notoriamente insuficiente para que el Consejo realice con plena efectividad y eficacia las funciones que legalmente tiene encomendadas”.
En teoría, el CTGB debería, con esa plantilla y en virtud de la Ley de Transparencia, auditar la información de 100.000 entidades. Pero no hay recursos. Entre las muchas actividades que no ha podido abordar “se cuentan algunas tan importantes como la evaluación del cumplimiento de la Ley [de Transparencia] por parte de los sujetos de carácter privado (partidos políticos, organizaciones profesionales y personas físicas y jurídicas subvencionadas por las Administraciones Públicas)” y otras como “el control y seguimiento del cumplimiento de las resoluciones del Consejo por los organismos destinatarios”.
La entidad destaca que “el aumento de la conflictividad procesal frente a las resoluciones del CTBG está incidiendo desfavorablemente en el funcionamiento de éste pues la necesidad de acudir a Letrados particulares para abordar su defensa en juicio –que se produce inevitablemente cuando a la Abogacía del Estado le es inviable representar procesalmente a este organismo por encargarse de la defensa de otro Ministerio u organismo– está generando una importante carga financiera para su Presupuesto de Gastos y una detracción de recursos que podrían dedicarse a otros finalidades”.
Solo en 2017, el gasto en servicios jurídicos de particulares superó los 37.000 euros y la Administración central recurrió un 12,46% de las resoluciones del organismo. En la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE), lo que se denomina “tasa de discrepancia” (porcentaje de resoluciones que se recurren) “alcanza al 100 por 100”, en aspectos como la negativa de la anterior cúpula del ente público a revelar los sueldos de sus directivos.
