El vigilante de las cuentas públicas lamenta que el Gobierno no haya hecho nada para cumplir el déficit
Nadie ve posible que España cumpla el objetivo de déficit de 2016. Ni siquiera el propio Gobierno en funciones, que aunque enviará a Bruselas una actualización del plan de estabilidad en este mismo mes dando por bueno el objetivo de déficit del 2,8% reconoce que habría que tener conversaciones para “flexibilizar” el objetivo cuando se forme el nuevo Ejecutivo.
El último organismo en desechar la idea de cerrar el agujero del déficit este año según lo pactado ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que calcula que el desfase de las cuentas se quedará en un 4%. Pero además su presidente, José Luis Escrivá, ha lamentado que no se haya puesto en marcha hasta ahora ningún mecanismo preventivo para evitar esta desviación, pese a que hace meses que se advierte de que lo fijado no se puede cumplir.
Escrivá ha asegurado que tiene “sentimientos encontrados” por la labor del organismo que preside, al no haber logrado que las administraciones públicas hayan acometido medidas preventivas pese a los avisos del supervisor. El exbanquero recuerda que, al no haber puesto remedio con antelación, tendrán que venir “de fuera” a poner medidas correctoras. Escrivá se refiere a la posibilidad de que la Comisión Europea tome medidas sancionadoras contra España por la desviación del déficit. El guardián de las cuentas públicas cree que es “triste” que no se hayan tomado medidas y que se haya encontrado actitudes de “arrogancia” cuando se ha dirigido a las administraciones públicas para recomendar medidas para encauzar las cifras.
Escrivá también tuvo un recado para el Gobierno con el que sigue en un contencioso por no haber dotado a la Autoridad de los recursos que ha solicitado. Según el ejecutivo, el personal del organismo no tiene medios (informáticos entre otros) para trabajar. El directivo, nombrado a propuesta del Gobierno, ha definido como “friccional” su trato con las administraciones públicas y ha achacado a la “falta de cultura” la difícil relación que mantiene con Hacienda y el resto de administraciones a las que tiene el encargo de vigilar.
La AIReF tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para aclarar con el Ministerio la comunicación y la cesión de datos públicos necesarios para desempeñar su trabajo.
Consenso sobre incumplimiento
Así, la Comisión Europea, el Banco de España y ahora la AIReF ya le han dicho al Gobierno en funciones que no hay forma de cumplir el objetivo de déficit con los presupuestos en marcha para este ejercicio. Desde Hacienda dicen que ya no pueden hacer nada por estar en funciones y echan balones fuera apuntando a las comunidades autónomas como responsables de la desviación del déficit de 2015, que se quedó en un 5,2% (frente al 4,2% comprometido).
Cristóbal Montoro se ha limitado a amenazar a las comunidades incumplidoras y a intervenir, por primera vez a dos comunidades, Aragón y Extremadura, reteniendo los pagos hasta que se pongan al día con las facturas pendientes a sus proveedores.
Pero el diagnóstico de la AIReF también difiere del que tienen en el Ministerio de Hacienda. Desde el organismo ven una importante desviación en la Seguridad Social que creen que en 2016 se alejará aún más de su objetivo de déficit. Los auditores del gasto público creen que las previsiones marcadas desde la Seguridad Social “no son realistas” y que se necesitaría que los ingresos crecieran un 15% para poder cumplir su objetivo, cuando la Autoridad cree que como mucho se crecerá en un 3% en los ingresos por cotizaciones.
La Seguridad Social prevé ingresos inflados de forma casi sistemática. En 2015 dijo que ingresaría 110.000 millones de euros y la recaudación se ha quedado 10.000 millones por debajo.
Hasta el 2021 la Seguridad Social tendría déficit significativos, según el organismo, que ve como una opción la de complementar los actuales ingresos por la vía de los impuestos. Así, el principal problema para las cuentas públicas que ve la Autoridad son las cuentas de la Seguridad Social, pese a que Montoro ha obviado este apartado para centrar la carga de la culpa en las comunidades autónomas.
Aragón y Baleares las únicas que contestan bien
En este sentido, Escrivá lamenta que no se tenga en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas a la hora de cumplir con los objetivos de déficit, lo que hace muy difícil para estas administraciones seguir la dieta de austeridad por lo que pidió “no demonizarlas” ya que hay objetivos que no “son factibles”. Con todo, cree que no hay un “problema agudo de infrafinanciación” como el de la Seguridad Social pero si ve problemas en los recursos con los que se dotan a algunas regiones.
Sin embargo, también reconoce que estas entidades y los ayuntamientos no proporcionen “calidad” en las contestaciones de información que se hace y que tampoco aportan medidas creíbles para ajustar las cuentas públicas a los objetivos marcados. Solo Aragón e Islas Baleares han enviado medidas “significativas” y aún así en el caso de Aragón serían insuficientes para alcanzar el objetivo de déficit de este año.
Aragón junto con la Comunidad Valenciana, Catalunya, Murcia y Extremadura tienen un “riesgo muy elevado” de descarrilar en este ejercicio. De hecho, solo La Rioja, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía y Canarias tienen posibilidades de lograr los objetivos marcados.
El organismo ha pedido que se pongan en marcha todas las medidas correctivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para intervenir y meter en cintura a las comunidades díscolas.
Además, los ayuntamientos, que en general han sido cumplidores con los objetivos de déficit, se muestran reticentes a enviar información sobre el cumplimiento de la regla de gasto, esto es, que el gasto crezca menos que el PIB potencial de la economía (1,8%). Algunas corporaciones directamente no han enviado información a la Autoridad.
