Las diputaciones extremeñas presentan su proyecto sobre La Raya
Las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres han presentado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un proyecto para la nueva convocatoria europea de Cooperación Transfronteriza Inrterreg V-A, que contempla una acción común a lo largo de toda la Raya transfronteriza con Portugal y que implica a seis provincias españolas.
Ha sido en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, que se ha reunido en Pontevedra y a la que ha asistido la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Además de las diputaciones extremeñas este proyecto contará con la implicación de los gobiernos provinciales de Pontevedra, Zamora, Salamanca y Huelva, según ha informado la Institución provincial cacereña en nota de prensa.
Además, en la reunión se ha acordado “insistir” al Gobierno central sobre la “necesidad” de reinvertir el superávit que tienen las instituciones provinciales y los ayuntamientos, que, una vez que se concluyan las liquidaciones en marcha, podría rondar los 5.000 millones de euros.
Mover el dinero
A juicio de Cordero, carece de sentido tener ese dinero en los bancos, ya que puede “generar actividad económica” y “atender a las necesidades de la gente y de nuestros pueblos”.
Asimismo, la comisión ha acordado realizar un viaje a Bruselas el próximo mes de abril, para presentar a Europa alegaciones y solicitar que las diputaciones puedan participar en los Fondos de Cohesión, cuyo presupuesto se está diseñando ahora de cara a 2020, y así destinar “parte de ellos” a la lucha contra el despoblamiento.
En este sentido, Cordero ha mostrado su malestar por no poder acceder las diputaciones, como sí se podía antes, a unos fondos tan importantes para el desarrollo como son los fondos FEDER, algo que se tratará también en este viaje.
Finalmente, los presidentes provinciales se mostraron dispuestos a asumir “el importante papel de asesoramiento” a los municipios con la nueva Ley de Contratos del Sector público, que se empezará a aplicar el 9 de marzo.
