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Los impagos de la Junta le cuestan a UGT 7.000 euros mensuales en pólizas de crédito

Julián Carretero (CCOO) y Francisco Capilla (UGT).

José L. Aroca

Hace pocos meses se reunieron en una comida representantes de la patronal extremeña con los de los sindicatos. Uno de los temas sobre la mesa era el dinero que aún les debía la Junta por la realización de cursos de formación para trabajadores de 2011, y se planteó dar un puñetazo público sobre la mesa “pero no nos decidimos, y fue un error”, lamenta uno de los comensales. Ahora el Gobierno regional los ha presentado ante la opinión pública como unos defraudadores, y son ellos los que tienen que defenderse.

Dentro de la patronal Creex, CCOO o UGT siguen dándole vueltas al bombazo soltado el jueves pasado por la consejera de Empleo, Marian Muñoz, que les sitúa como objeto de estudio por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto fraude de tres millones de euros en la gestión de esos cursos de la convocatoria 2011 pero ejecutados en los dos años siguientes.

Mientras los sindicatos preparan la defensa, mediante el envío voluntario de toda la documentación también a la Fiscalía –CCOO quizá lo haga este martes-, van recuperándose del choque con estas conclusiones: “Ahora nos damos cuenta de que la táctica del gobierno de Monago ha sido llevarnos a la asfixia económica, redondeada ahora con presentarse él ante la opinión pública como un adalid del buen uso del dinero público”, reprocha el secretario regional de UGT, Francisco Capilla.

Los cursos de 2011 están hechos y pagados, tanto en los gastos que corresponden a ese sindicato, como los relativos a CCOO, la Creex, o la agrupación de economía social (cooperativas y autónomos), Cepes, también metida por la consejera Muñoz en el saco de “defraudadores”.

Pedir prestado

Para justificarlos ante el Sexpe y la Junta y poder cobrarlos, explica Capilla, hay primero que pagar a profesores, empresas formadoras, etc., con lo que UGT, al igual que el otro sindicato, han tenido que adelantar los 600.000 euros aún no percibidos por cada uno, y lo han hecho mediante préstamos bancarios en forma de póliza de crédito.

“Además de esos seiscientos mil euros nos deben otros doscientos mil de otras cosas, así que la póliza nos cuesta siete mil euros al mes”. Más de ochenta mil euros al año, “y es por esto que acusamos a la Junta de intentar ahogarnos”. Consecuencias: despidos, siempre peor vistos dentro de un sindicato.

En CCOO Extremadura las consecuencias de los impagos de la Administración autonómica han sido casi peores al decir de su secretario regional, Julián Carretero. “Hemos tenido que cerrar nuestra empresa de formación, Forem, y despedir a treinta personas. No tengo la menor duda de que han ido a por nosotros”.

“Fruto de este ensañamiento con mi organización, yo he vivido desde enero de 2013 la extinción de contratos, la puesta en marcha de Expedientes de Regulación de Empleo, la bajada de salarios, nuevas extinciones de contratos y mucho dolor por el desguace al que hemos asistido, teniendo que decir a compañeros y compañeras que no podíamos aguantar más y que nos despedíamos después de una larga travesía”, añade desde su blog el secretario de formación y empleo de ese sindicato, Miguel Coque.

A partir de la convocatoria de 2012 los fondos destinados por la Junta a esta formación de ocupados con los agentes sociales fueron disminuyendo drásticamente, y entre los impagos, y las malas relaciones existentes, CCOO ha devuelto el dinero correspondiente a la convocatoria de 2014 sin ejecutarla, y UGT gestionará en todo caso el 50% de lo que le corresponde, justamente la mitad que se cobra al contado y por anticipado.

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