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Piden hasta 27 años de prisión para el exdirector de FEVAL José Luis Viñuela

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Un juzgado de Don Benito ha abierto juicio contra tres exdirectivos de la institución ferial de Extremadura (FEVAL), entre ellos el exdiputado autonómico del PSOE José Luis Viñuela, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y delito contable, para quienes las acusaciones piden hasta 27 años de prisión.

También se recogen posibles delitos por fraudes y exacciones ilegales, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental, según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Don Benito.

La apertura de juicio fue instada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, tanto la particular (el consorcio público FEVAL) como la popular (Partido Popular).

Además de Viñuela, quien también ostentó la alcaldía de Don Benito, figura José Villa Habas, que fue subdirector, y Juan Francisco Cerrato (exadministrador), y a quienes se les pide que depositen una fianza de 270.000 euros cada uno para asegurar las responsabilidades -civiles- pecuniarias que pudieran imponérseles.

Para Viñuela, la Fiscalía pide diversas penas de prisión en función a cada delito que suman 21 años, mientras que los servicios jurídicos del PP la elevan a más de 27 años y el consorcio público deFEVAL lo deja en 14 años y medio.

En el caso de Cerrato, es la institución ferial la que pide más años de prisión (24 años y medio), el PP sitúa su petición global a más de 21 años y el Ministerio Público en 15 años de cárcel, informa Efe.

Por lo que respecta a José Villa, la Fiscalía sitúa su petición en 9 años y medio por varios delitos, 14 años y medio pide Feval y la acusación popular cerca de 28 años de prisión.

Además, la Fiscalía solicita que Viñuela y Cerrato indemnicen conjunta y solidariamente a Feval en la cantidad de 181.914 euros, una petición a la que se suma la acusación popular y que amplía a José Villa.

Comisión de investigación

Este caso fue objeto de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura con la llegada del PP al Gobierno de Extremadura, en 2011, apoyada por IU, en la que, entre otros compareció el entonces líder de la oposición y ahora presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El pleno del Parlamento extremeño aprobó en junio de 2013, con el voto en contra del PSOE, el dictamen de la Comisión de Investigación, que acreditaba irregularidades en el consorcio público durante la etapa socialista, con la incorporación del voto particular de IU, que destacaba la responsabilidad política de Fernández Vara.

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