La agonía de una ley que había que abortar

Los últimos días de la ley del aborto han sido tan deplorables como toda la trayectoria de esta reforma machista, reaccionaria y cruel. Poco antes de anunciar oficialmente la marcha atrás, el Gobierno informó a la Iglesia Católica, que se enteró mucho antes que el Parlamento español. Lo hizo el ministro más beato del Gobierno, Jorge Fernández, un político que si fuese coherente con esos principios que dice defender debería haber dimitido a la par que Alberto Ruiz Gallardón. Lo hizo también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que viajó hasta Roma para contárselo al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Lo hizo el propio Rajoy, que también se lo contó al arzobispo de Madrid. Mandaron el mensaje por triplicado para que no se perdiera, explicando a la cúpula eclesiástica que la retirada de la ley no afectaba a las buenas relaciones del Gobierno con la Iglesia. A saber: el dinero que reciben, los impuestos que no pagan y la financiación de sus colegios. El aborto se queda, pero los privilegios eclesiásticos también.

La Iglesia tuvo sus explicaciones y sus disculpas. Los españoles, no tanto: apenas un par de frases de Rajoy diciendo que no hay “consenso” –como si eso hubiese frenado su mayoría absoluta en alguna otra ocasión–. La oposición tuvo menos aclaraciones aún y ayer, en el Congreso, respondió a las preguntas sobre la ley del aborto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la nueva Karanka del Gobierno para cuando la vicepresidenta no tiene ganas de hablar.

Si la previa de la marcha ha sido desastrosa, más terrible ha resultado el espectáculo del recambio de Gallardón. Se supone –o eso dice el Gobierno– que vivimos un momento histórico por el “desafío” independentista catalán. Se supone –o eso nos contaron– que el Ministerio de Justicia está en alerta roja, preparado para frenar en seco el “reto secesionista”. Y en mitad de este baile, va el Gobierno y moviliza al rey en Nueva York y le obliga a firmar de urgencia el cese inmediato del incómodo Gallardón. Además, el presidente del Gobierno tuvo que tramitar un segundo decreto para pasar las funciones de Justicia a Soraya Saénz de Santamaría y retrasar su viaje a China. El ministro saliente había ofrecido quedarse unos días más hasta que se organizase el relevo, pero Rajoy reaccionó como en las películas de serie B: esta vez, era algo personal.