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Cuando dimitir se convierte en la excepción

Gallardón dimite pero se queda Ana Mato. Y Fátima Báñez. Y Jorge Fernández. Y Cristóbal Montoro. Y José Ignacio Wert

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Gallardón dimite pero se queda Ana Mato, la ministra de los viajes a Eurodisney pagados por la Gürtel. Y Jorge Fernández Díaz, el ministro que condecora a las vírgenes y a los antidisturbios, el de las concertinas y las balas de goma en el agua, el principal responsable político de la tragedia de Ceuta. Y Pedro Morenés, el ministro del lobby militar que reparte desde el Gobierno los mismos contratos que antes cobró como proveedor. Y Cristóbal Montoro, el ministro que amenaza a esos actores imaginarios que no pagan impuestos mientras aprueba una amnistía fiscal. Y José Manuel Soria, el ministro del desastre eléctrico. Y Fátima Báñez, la ministra con más paro del mundo, pero que se fuma las cumbres europeas sobre empleo porque tiene un cóctel en el Senado. Y José Ignacio Wert, tan desautorizado como Gallardón en su plan para restringir las becas, tan desastroso en sus declaraciones como en su gestión.

Gallardón se va pero se queda Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de los sobres, el que mandó un SMS a Luis Bárcenas pidiéndole que fuese fuerte después de que apareciese su fortuna escondida en un paraíso fiscal, el político que puso la mano en el fuego por Carlos Fabra, por Jaume Matas, por Luis Bárcenas, por Gerardo Galeote y por otros tantos corruptos más.

Alberto Ruiz Gallardón dimite. Y da explicaciones. Y acepta después preguntas de la prensa. En un país más normal no habría sorpresa alguna. El ministro se va después de que el mismo Gobierno del que salió el anteproyecto de la ley del aborto se lave ahora las manos y renuncie a una reforma machista, hipócrita y reaccionaria que nunca debió existir, pero que todo el Consejo de Ministros respaldó. Su renuncia sería ordinaria si no viviésemos una realidad extraordinaria.

A Rajoy se le muere otro delfín

Gallardón entró en el Gobierno como uno de los políticos mejor valorados, como as en la manga de la derecha, como uno de esos raros candidatos capaces de sumar votantes sobre sus siglas, como hombre fuerte del Gobierno y posible heredero en vida de Mariano Rajoy –una operación que durante un tiempo José María Aznar avaló–. Dos años y medio después, abandona la política con su imagen hundida, su prestigio dilapidado y su proyecto estrella en el cubo de la basura.

Por mucho que lo repita el presidente Rajoy, es falso que el Gobierno haya renunciado a la nueva ley del aborto porque no había "consenso". La falta de consenso no ha sido nunca un problema para la mayoría absoluta del PP. Tampoco hubo consenso con la ley Wert, con la Ley Hipotecaria o con la Ley de la Propiedad Intelectual, entre otras reformas. Todas ellas fueron aprobadas sin consenso alguno, con el rechazo de absolutamente todos los partidos de la oposición y de una gran parte de la sociedad.

Tampoco hay consenso alguno para la ley electoral, y no está claro que ese pucherazo no se vaya a aprobar, como también se aprobó sin consenso el pucherazo manchego de Cospedal.

Mariano Rajoy renuncia a la ley Gallardón por puro interés electoral: porque está preocupado por el deterioro del PP en las encuestas y en los próximos meses no vamos a parar de votar, porque sabe que el votante de derechas no se irá ante el miedo a la izquierda pero es consciente de que esta ley gran parte de su votante centrista no la podía tragar.

Gallardón está muerto y aún no se sabe si ha sido víctima de una garrafal negligencia o de un hábil asesinato. Toda incompetencia lo bastante avanzada es indistinguible de la maldad y en este caso la única certeza es que la carrera política del ministro ha terminado, no se sabe si víctima de sus propios errores o de un maquiavélico plan de Mariano Rajoy.

La única certeza es que Gallardón deja la política. Y que a Mariano Rajoy de nuevo se le muere otro delfín.

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