El PP ya no protege a Bárcenas (pero sí se protege a sí mismo)

En unas horas, Luis Bárcenas saldrá en libertad bajo fianza de la prisión de Soto del Real. ¿Hay una mano negra detrás? ¿Se ha movido el Gobierno de Mariano Rajoy para sacar a su extesorero de prisión? ¿Han comprado su silencio, al menos durante este complejo año electoral? Las injerencias políticas, la presión sobre los jueces y las mentiras del Partido Popular en el caso Gürtel-Bárcenas han sido tan frecuentes estos años que es fácil pensar que, esta vez, también ha sido así. Sin embargo, no creo que la libertad de Bárcenas sea una jugada oculta del PP.

Lo primero, una obviedad: la prisión preventiva en una democracia debería usarse solo de forma excepcional. Todo el mundo, también Bárcenas, tiene derecho a ser juzgado antes de cumplir condena. Y solo en casos muy concretos y justificados los jueces pueden saltarse ese derecho: cuando existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y cuando los indicios de culpabilidad son muy fuertes. Además, la duración máxima de la prisión preventiva es de dos años, que se pueden prorrogar hasta cuatro pero solo en situaciones aún más excepcionales.

En el caso de Luis Bárcenas, el riesgo de destrucción de pruebas hoy es muy escaso. Tuvo años de sobra para ello: entró en la cárcel en 2013 y la Gürtel se destapó en 2009. El propio Bárcenas lo argumentó hace un año en una carta al juez Ruz: “Si alguna documentación se hubiera querido destruir, estaría ya destruida”. Además, la investigación está ya hoy muy cerca de terminar, por lo que ese riesgo ya no puede ser un argumento para mantenerlo en prisión preventiva. Sin embargo, el riesgo de fuga sí está ahí: la propia Audiencia Nacional admite que no ha aparecido todo el dinero y además Luis Bárcenas se enfrenta a peticiones de condena muy altas, lo que suele ser un buen incentivo para escapar.

Para el juez Ruz, el riesgo de fuga justificaba que siguiese en prisión. Para la Sala de lo Penal de la Audiencia –tres jueces que resuelven los recursos durante la instrucción y que hasta ahora habían rechazado las peticiones de Bárcenas de salir en libertad bajo fianza–, el riesgo de fuga ya no es suficiente argumento: por “el pleno arraigo de Bárcenas en España”, porque no tiene antecedentes penales y porque ya llevaba 19 meses en prisión preventiva. Es una discrepancia jurídica nada extraña en la Audiencia Nacional y que allí no ha sorprendido. Gran parte de las decisiones judiciales son cuestionables y, por tanto, pueden parecer sospechosas. Pero es bastante inusual que un imputado por delitos económicos o de corrupción llegue a juicio en prisión preventiva. Otra cosa es si eres un robagallinas, claro, pero ahí entramos en un debate distinto: el de la desigualdad en la dureza de las leyes y cómo los grandes delincuentes suelen tener mejores abogados. Es otra historia.

Más allá de los argumentos jurídicos, hay otra razón más simple para explicar por qué no creo que el PP se haya movido para poner a Luis Bárcenas en libertad: porque si la libertad era a cambio del silencio, no parece que el tesorero haya cumplido. Bárcenas no se ha callado gran cosa. No lo hizo en las últimas declaraciones ante el juez Ruz –en las que detalló cómo pagaba sobres con dinero en negro a la actual cúpula del partido–, ni con los SMS de Rajoy, ni con el recibí del tesorero de Cospedal, ni en su reciente entrevista en ABC. Tampoco lo ha hecho hace unas horas, en su declaración por videoconferencia, en una comisión de investigación del Parlament de Baleares, en la que ha explicado cómo se pagó con donativos la sede regional del PP y ha vuelto a confirmar que el partido incompatible con la corrupción tenía una caja B alimentada con donativos ilegales.

Aparte de sus papeles y su confesión, unas bombas que ya ha explotado, ¿tiene Luis Bárcenas más munición? Fuentes de su entorno, esta misma semana, insisten en que sí: grabaciones de reuniones con el propio presidente del Gobierno, correos electrónicos, documentos, más mensajes SMS… Todo un arsenal que guarda a buen recaudo y que reserva para el momento oportuno: cuando más daño pueda hacer, en campaña electoral. Sin embargo, en el PP cunde la idea de que Luis Bárcenas va de farol: que los papeles de la caja B eran su principal arma y que se le disparó por error, tras esa voladura controlada que inició María Dolores de Cospedal con la primera información en El Mundo y la posterior filtración a El País a través de un exabogado que, según Bárcenas, pasó los papeles sin su permiso.

Desde que Bárcenas se convirtió en un traidor para el PP, en un apestado cuyo nombre sus dirigentes evitan nombrar con enrevesados circunloquios –“esa persona de la que me está usted hablando”, como dijo Rajoy–, el Gobierno no ha hecho gran cosa para ayudar a su extesorero. Que la propia Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, pida 62 años de cárcel para Bárcenas –más incluso que las dos fiscales que Bárcenas decía que son “de Rubalcaba”– es un buen indicio de lo poco que se van a mover por él. “La única mano que el Gobierno le echaría a Luis es una mano al cuello”, asegura una persona muy cercana a Bárcenas.

Pero que el PP no apoye ya a ese tesorero al que ahora hacen como que no han conocido y al que quieren convertir en el único responsable de todo lo ocurrido en el PP no significa que el Gobierno de Rajoy no se esté moviendo entre las sombras para influir en el desenlace final de la Gürtel y salvar otros muebles que consideran mucho más valiosos. Aunque lo que ahora huele a chamusquina no es tanto la libertad de Bárcenas como lo que está pasando en Suiza, donde la justicia de este paraíso fiscal ha dejado de colaborar con la investigación del juez Ruz. Recientemente, el Tribunal Federal ha admitido un recurso de los abogados de Bárcenas que anula toda la documentación que hasta entonces Suiza había entregado a la Audiencia Nacional. Es una buena noticia para Bárcenas, porque retrasará el proceso o incluso puede anular gran parte de las principales pruebas contra él, pero es una noticia aún mejor para todos aquellos nombres que aún no se han publicado y que están detrás de algunos movimientos de capitales en este paraíso fiscal.

La Gürtel no es el único caso afectado por esta nueva política de Suiza, que ya no ayuda tanto a la justicia española como hace un año –el momento de mayor colaboración de Suiza contra la corrupción española coincidió, de forma poco sorprendente, con la decisión de España de no extraditar al informático Hervé Falciani–. Ha pasado lo mismo con el caso Urdangarin, donde Suiza se ha negado a contestar a las comisiones rogatorias que envió el juez Castro para conocer los secretos de una cuenta en este paraíso fiscal que usaban los duques de Palma (y tal vez alguien más).

Casualmente, este cambio en la política de cooperación de Suiza con la justicia española coincide con un cambio en la diplomacia española en Suiza. Hace solo unos meses, en julio de 2014, el Gobierno nombró a un hombre de la total confianza de Mariano Rajoy como nuevo embajador: Bernardo de Sicart Escoda. Hasta que se mudó a Suiza, Bernardo de Sicart era el jefe de Protocolo de La Moncloa. Y durante los años de la presidencia de Aznar fue asesor de Mariano Rajoy en la vicepresidencia del Gobierno y en el Ministerio del Interior. Suiza es su primer destino como embajador.