El Ararteko destina en 2024 el 54% de su presupuesto a las nóminas del personal de confianza y fichará otros dos asesores

Sin apenas publicidad, el Parlamento Vasco aprobó en diciembre los presupuestos de 2024 del Ararteko (la Defensoría del Pueblo en Euskadi), al igual que tramitó los del Gobierno y los de la propia Cámara. Las cuentas ascienden a 6,56 millones de euros y el mayor gasto, 5,08 millones, se va en gastos de personal. El 70% de ese capítulo son las retribuciones de los altos cargos y asesores de confianza. Esos 3,57 millones son también el 54% del presupuesto total.

La institución de Manuel Lezertua tiene una estructura con dos altos cargos, el propio 'ombudsman' y su adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu, que ha sido cargo público del PSE-EE, y 36 cargos de confianza, denominados como “personal eventual”. Este grupo es mucho más amplio que los 14 funcionarios de carrera y los cinco interinos. Asimismo, está previsto que este año se incorporen otros dos asesores, un técnico responsable de área y un técnico de área, con unas nóminas de 77.000 y 58.000 euros, respectivamente. Se anuncian, por el contrario, algunas jubilaciones.

El salario de Lezertua, cuyo mandato expira en 2026 ya que fue renovado para un segundo quinquenio en 2021, es de 101.471,72 euros. Y el de la 'número dos' de 91.834,12 euros. La retribución del personal de confianza es variable, con un máximo de 93.109,24 euros del secretario general, Faustino López de Foronda, el único que ha ocupado el puesto desde su creación en 1997. Entre los cargos elegidos directamente hay traductores, conductores, secretarios y todos los responsables de las diferentes áreas de trabajo del Ararteko. Ya hace más de diez años que este asunto se analizó, cuando el titular de la institución era Iñigo Lamarka, sin que se produjeran cambios significativos. Como dato, en el presupuesto del Gobierno de Iñigo Urkullu consta que de 80.293 empleados públicos 331 son altos cargos y 102 “eventuales”, por 69.751 funcionarios y 10.109 laborales.

El Ararteko se financia con 5,93 millones aportados por el Parlamento y 0,63 millones de remanentes. Los cambios en el personal se explican así: “La creación de un nuevo puesto de responsable de área responde a la necesidad de poner fin a una situación coyuntural que se viene dando los últimos años, en los que los cometidos del área de Educación han venido siendo  asumidos por personal de la institución que tiene encomendadas otras responsabilidades directivas, así como  por personal técnico que próximamente pondrá fin a su relación con la institución debido a su jubilación. Esta necesidad se  muestra más insoslayable, si cabe, por el  crecimiento significativo de los casos en  los que se ha suscitado la intervención del Ararteko. [Y] La creación de un nuevo puesto de técnico de área responde a la necesidad de reforzar aquellos ámbitos de  intervención que han sufrido un considerable incremento a lo largo de los años. Estos ámbitos son, entre otros, los de Urbanismo, Medio Ambiente y Régimen Jurídico de las administraciones públicas, en especial los relacionados con el funcionamiento de la administración local”.

En la web del Parlamento no se publicaron los números cuando la comisión correspondiente aprobó los presupuestos en diciembre. En la web del Ararteko, en su apartado de Transparencia, sí está colgado el “anteproyecto” de las cuentas de 2024, sin especificar si son las partidas definitivas. Se trata de un documento de 29 páginas. Este periódico, por el contrario, ha accedido a la versión aprobada por la Cámara y consta de 39 páginas. De uno a otro han desaparecido unas memorias iniciales en las que se justifican los gastos.

El tratamiento que reciben los presupuestos del Parlamento y del Ararteko es muy diferente al de las cuentas del Gobierno. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu presenta en octubre un proyecto y a las 72 horas miles de páginas con un detalle de todas las partidas y todas las memorias explicativas están accesibles. Todos los consejeros comparecen en el Parlamento y, después, también se conocen todas las propuestas de modificación, las enmiendas aprobadas y las votaciones. Los debates son públicos, hasta las posibles correcciones de errores, como ha ocurrido este ejercicio a los cinco días de entrada en vigor.