Cuando a principios de octubre el exjuez Baltasar Garzón reconocía que no tiene sentido que Arnaldo Otegi siga en prisión porque “tiene la posibilidad de hacer mucho más por la paz fuera que dentro”, Garzón estaba admitiendo de forma implícita que en el proceso que se siguió contra Otegi la (venganza) política pesó más que la justicia. Garzón fue el que encerró a Otegi en octubre de 2009 cuando precisamente estaba haciendo lo que ahora argumenta para suspenderle la condena: orillar a ETA y empujar a la izquierda abertzale al abandono de la violencia.
Este jueves el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo resolverá el recurso presentado por los abogados de Otegi contra la condena de seis años por pertenecer a ETA y seguir las órdenes de la dirección de la banda terrorista. Como ya expliqué en su día, la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y la del Supremo después (con una rebaja de 10 a 6 años de prisión) tienen importantes lagunas que detallaron en sus votos particulares los jueces del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero. En esencia, las pruebas no se sostienen, hay errores de bulto en la investigación y argumentos chanantes: hasta los servicios de información declaran que Otegi no estaba siguiendo las órdenes de ETA en el debate interno que se vivía en la izquierda abertzale. Más bien, le estaba llevando la contraria a ETA.
El pasado martes el Tribunal Supremo anuló las condenas de cinco jóvenes acusados de pertenecer a Segi, la organización juvenil ilegalizada de la izquierda abertzale, y rebajó las penas de otros dos. Es el capítulo final de una operación contra Segi en octubre de 2010 en la que la Policía detuvo a 28 personas. Un año antes, la policía había arrestado a otros 40 jóvenes por la misma razón. Fueron acusados de formar parte de “la cantera de ETA” y de protagonizar ataques de violencia callejera. El resultado de toda aquella propaganda: de 68 detenidos, 66 absueltos y 2 condenados (a los que se ha rebajado la condena de 6 a 2 años porque no se ha demostrado que participaran en actos de kale borroka, ni que impartieran directrices para atentar, tan solo que eran miembros de Segi).
En el caso de los primeros 40 jóvenes absueltos por la Audiencia Nacional, el tribunal excluyó de las pruebas “todas las declaraciones policiales”, recordando que los acusados se retractaron ante el juez de instrucción de sus declaraciones en comisaría y las atribuyeron al “empleo de torturas”. “La Convención contra la Tortura obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento”, dice la sentencia.
El prestigioso forense Francisco Etxeberria ha contado en numerosas ocasiones que cuando empezó a trabajar en San Sebastián “el 100% de los detenidos era torturados”. Eran los tiempos de Galindo y el cuartel de Intxaurrondo. En la actualidad, diferentes instituciones y organizaciones internacionales consideran que el recurso a las torturas ya no es sistemático. Las técnicas más brutales –las que dejan marcas– desaparecieron, pero otras como el uso de la bolsa (no menos brutal), la desnudez forzada o las vejaciones sexuales siguieron denunciándose.“Yo, ingenuamente pensaba que la bolsa duraría medio minuto o un minuto, hasta perder el aliento. ¡Pero no duras ni tres segundos! Y te vas... y les dices: ”¡voy a contarlo todo!“, relataba Martxelo Otamendi, director del periódico Egunkaria, detenido en 2003 bajo la doctrina 'Todo es ETA'. En 2010 fue absuelto de las acusaciones que le vinculaban con ETA: no tenían ningún fundamento. Egunkaria –y tampoco el diario Egin– debieron ser cerrados, como reconocieron posteriormente los tribunales.
Según la versión oficial el Estado de Derecho es capaz de reconducir todas estos abusos, depurarlos y condenarlos, pero las instituciones españolas han sido reprendidas en varias ocasiones por no investigar denuncias de malos tratos, y desde 1998, el Gobierno ha aprobado 33 indultos a agentes de diferentes cuerpos policiales condenados por torturas (no solo relacionados con la lucha antiETA).
Con el GAL y otras expresiones del terrorismo de Estado ha ocurrido algo parecido: de 74 atentados de grupos terroristas parapoliciales y ultras entre 1975 y 1990, solo en 17 hubo sentencia firme. El exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado, Rafael Vera, fueron condenados a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey pero solo cumplieron 3 meses de prisión por esta causa. Queda mucho por saberse, y por juzgarse.
A lo largo de las últimas décadas, en buena parte de la opinión pública española ha existido comprensión, o al menos indiferencia, hacia este tipo de actuaciones contra ETA que abusaban de la legislación antiterrorista o directamente se saltaban la ley. Quienes osaban hablar de estas tropelías eran acusados de hacerle el caldo gordo a ETA y la mayoría de los representantes políticos miraban hacia otro lado, de forma que, durante mucho tiempo, la denuncia de estas graves vulneraciones se 'cedió' casi en exclusiva a la izquierda abertzale, que hasta hace poco defendía los derechos humanos de los suyos mientras justificaba los asesinatos perpetrados por ETA.
En estos días en los que, tras los atentados de París, se habla tanto de la lucha contra el terrorismo, algunos periodistas y políticos ponen como ejemplo la proporcionalidad y legalidad exquisitas de la lucha contra el terror de ETA. Los hechos desmienten esa afirmación.
Sobre este blog
Iker Armentia es periodista. Desde 1998 contando historias en la Cadena Ser. Especializado en mirar bajo las alfombras, destapó el escándalo de las 'preferentes vascas' y ha investigado sobre el fracking. Ha colaborado con El País y realizado reportajes en Bolivia, Argentina y el Sahara, entre otros lugares del mundo. En la actualidad trabaja en los servicios informativos de la Cadena Ser en Euskadi. Es adicto a Twitter. En este blog publica una columna de opinión los sábados.
