2025, el año del apagón… educativo

Hace casi un año, el pasado 11 de febrero, 'The New York Times' detallaba recortes de contratos gubernamentales en Estados Unidos que afectaban, entre otras, a la innovación e investigación educativas. Las fuentes consultadas provenían de tres personas expertas que solicitaron el anonimato por temor a represalias. Al día siguiente, la revista 'Science' incidía en esta cancelación podría poner en peligro los esfuerzos por mejorar la educación en Estados Unidos. Un día más tarde, 'Newsweek' informaba de otra reducción adicional en programas para la diversidad, equidad e inclusión. Una de las opiniones recabadas por el semanario subrayaba que las revocaciones recortarían informes y evaluaciones importantes para el sistema educativo. De hecho, diversas fuentes advertían que condicionarían de forma sustancial la Evaluación Nacional del Progreso Educativo creada en 1969 para medir el logro educativo.

Posteriormente, algunas de estas medidas fueron revertidas, pero solo parcialmente. Un extenso artículo publicado en 'The Washington Post' y 'The Boston Globe' volvía sobre esta cuestión el pasado 20 de diciembre, recordando que ahora el Gobierno federal, cuando informa, lo hace de una manera esquemática. Ponían como ejemplo el informe anual sobre el estado de la educación el Departamento de Educación estadounidense está obligado a publicar, pero que en su edición de 2025 ha aparecido recortado y sin datos clave, según denunciaba Rachel Dinkes, presidenta de Knowledge Alliance. “Los datos son como una linterna que nos permite ver, y sin esa luz, estamos a oscuras”, recordaba Dinkes, que añadía: “ninguna otra entidad puede proporcionar datos confiables, de alta calidad y oportunos como los que proporciona el gobierno federal”.

Al otro lado del Atlántico, en nuestro país, el Departamento de Educación del Gobierno vasco decidía asimismo reducir de forma drástica la información pública de las evaluaciones de diagnóstico que se practican desde 2009 a todos los escolares en 4º curso de Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria. El informe publicado en enero y que unificaba datos de dos evaluaciones distintas, la censal correspondiente a 2023 y la de 2024 realizada solo a una muestra escogida de alumnado al final de cada etapa, se limitaba a 26 escuetas páginas y con importantes errores. Hasta entonces, el tamaño habitual de cada uno de estos informes ocupaba siempre un mínimo de 100 páginas en ediciones bastante cuidadas, lo que da idea del alcance del recorte producido.

La decisión de “jibarizar” la información pública de los resultados de estas evaluaciones era complementaria a la decisión de Educación de restringir las áreas a evaluar durante 2025 (únicamente la competencia matemática y la lectora en euskara y castellano), no difundir información detallada de los procesos de matrícula y especialmente de las consecuencias de nuevo sistema de admisión, ni tampoco otras reseñas como las del acoso escolar, e incluso secuestrar la publicación del Informe de PISA 2022 de Euskadi elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación educativa. De hecho, este organismo ha sido sustituido en la práctica por un “foro de personas expertas” que evalúa diversos aspectos del sistema bajo el único control de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa.

Los escasos datos dados a conocer este curso lo han sido siempre tras peticiones parlamentarias, respondidas muchas veces de forma incompleta y con retraso. El ejemplo más chusco de esta cerrazón del Departamento de Educación del Gobierno vasco a proporcionar cualquier información se ha conocido este pasado 17 de diciembre cuando, en contestación a dos preguntas de EH Bildu respecto a casos análogos a los del acoso denunciados por dos docentes, Educación negaba que existiese ninguno más, mientras que Seguridad confirmaba otras cinco denuncias en tres localidades distintas.

El problema no es únicamente la negativa a proporcionar información, sino también la manipulación de la información. Se puede observar en la entrevista realizada por elDiario.es a la consejera Pedrosa del 21 de diciembre. En ella, la titular del Departamento apuntaba a que “Euskadi ha reducido conciertos en los últimos años”. “El año pasado hubo un descenso significativo. Son 377 aulas concertadas menos que en el curso 2021/2022”, se indicaba.

Lo cierto es que dicha cifra no casa con ningún dato conocido anteriormente. Si nos atenemos a los presupuestos aprobados por el Parlamento, las aulas concertadas fueron 7.445 el año 2021, y serán 7.307 en 2026. La disminución, por lo tanto, sería de 138, justo la mitad de la cifra proporcionada. Pero el dato aislado, aun rectificado, no ofrece una imagen útil ya que la matrícula en la red privada ha descendido también un 3,2% en este periodo. Resulta más pertinente observar la evolución de la financiación a la concertación.

En este sentido, la partida que destinó el Consejo de Gobierno para la concertación de aulas el curso 2021-2022 fue de 630.570.605 euros. El pasado día 23 de diciembre, la consejera de Educación reveló, en su respuesta al parlamentario de Sumar Jon Hernández, que la previsión de gasto en concertación (el dato también ha dejado de publicarse) para este curso es de 919.872.462 euros, esto es 289.301.857 euros más. Dicho de otra manera, en ese espacio temporal escogido por la consejera para su comparación, la financiación para conciertos ha tenido un crecimiento del 46%, un 28% en términos de valor constante descontando la inflación del periodo.

¿Es mucho? ¿Es poco? Depende. Para quien esté en contra de financiación a los centros educativos de titularidad privada será excesiva, sin duda, pero posiblemente, a quien está a favor le parecerá insuficiente. La pregunta, por lo tanto, más allá del plano ideológico y del apego o desapego emocional al modelo concertado, es si el incremento ha servido de algo para avanzar en la resolución de los problemas principales que sufre la educación vasca, al menos, en dos de los más importantes y muy ligados entre sí: el descenso en los rendimientos y la segregación escolar. Y aquí es donde el apagón nos impide avanzar demasiado, porque ya no son de dominio público muchos de los datos necesarios para realizar tal análisis en profundidad.

Si abordamos los rendimientos del alumnado, de poco nos valen los resultados de las evaluaciones de diagnóstico que se han proporcionados durante este período, antaño bastante clarificadores, dada su gran escasez y cada vez menor fiabilidad. Y si recurrimos al informe general de PISA, deberemos esperar a que se hagan públicos los correspondientes a 2025. Aunque el informe anterior ya nos ofrece un dato que arroja un poco de luz sobre la situación. Pese a nuestro alto nivel de financiación a la enseñanza de titularidad privada, sin duda el más alto en todo el Estado y del que los conciertos son pieza clave aunque no única, estos centros están a la cola en comparación con sus homólogos de otras comunidades, especialmente en Lectura y Ciencias, competencias en las que ocupan el último lugar, lo que cuestiona directamente su eficiencia.

En cuanto al servicio que esta financiación creciente presta para reducir la grave segregación escolar que padecemos (la más alta de todas las comunidades), el apagón también nos impide un análisis suficientemente completo. Poseemos las más amplias bases de datos de todas las administraciones públicas españolas, y así lo reconocen todos los investigadores, pero estas están celosamente guardadas bajo llave de la consejera. Pese a ello, existen indicios sustanciales de que el incremento de financiación de este periodo no está facilitando una disminución de la segregación.

En el curso 2021-2022, los centros privados concertados albergaban el 45% de la “matrícula viva”, alumnado que llega fuera del plazo ordinario de matriculación, en su gran mayoría, vulnerable y de origen foráneo, un punto menos que el que le correspondería. En el curso 2024-2025 esa proporción había bajado al 41%, cinco puntos por debajo. En este mismo lapso de tiempo, el índice de disimilitud en cuanto a alumnado extranjero o en situación de vulnerabilidad en el País Vasco prácticamente no ha variado. Este índice sirve precisamente para determinar el grado de segregación y determina que en Euskadi sigue siendo muy alta. Y tampoco se ha equilibrado la proporción de centros de alta complejidad debido a las características sociológicas de su alumnado. Por cada centro concertado de estas características existen, al menos, otros tres centros públicos similares.

Una de las razones por las que esta escolarización desequilibrada persiste, pese a la mayor financiación a la red concertada, reside en el cobro generalizado de cuotas ilegales a las familias. La encuesta de Garlic B2B para CICAE señalaba en el curso 2021-2022 el pago de una cuota mensual media en los colegios concertados del País Vasco de 84,07 euros, y para este curso de 98,50 euros. Esto supone un crecimiento del 17% al que, para entenderlo en valor constante, hay que descontar el efecto de la inflación. De aquí se deduce que, siempre en el período marcado por la consejera Pedrosa, las cuotas exigidas a las familias han bajado en torno al 1% en términos reales pese al incremento de financiación pública del 28%, medido también de la misma manera. Como señalan Gortazar, Martínez y Bonal en su informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', “la probabilidad de que un centro cobre cuotas es casi independiente de su nivel de financiación en el País Vasco”, y con ellas es imposible una disminución de la segregación escolar por circunstancias socioeconómicas.

2025 sufrió más de un apagón. Aun sin el estruendo de la Administración Trump, a la linterna vasca también se le cortó buena parte de la energía que proporcionan los datos. Pero, aunque alumbre menos, lo que ilumina indica claramente que no hay mejoras en los problemas que padece la educación vasca. Y es altamente improbable que estos se resuelvan a oscuras.