La crisis financiera ha obligado a las cajas y los bancos a revisar y ajustar los presupuestos destinados para su Obra Social. La Caja Vital de Álava, ahora integrada en Kutxabank, no ha sido una excepción. Este ajuste ha supuesto recortes en ayudas a programas culturales ya asentados. Afecta, por ejemplo, al Museo Artium o a las visitas a las obras de rehabilitación de la Catedral Santa María de Vitoria, uno de reclamos turísticos de la capital alavesa. Pero lo que ha levantado una gran polvareda ha sido el anuncio a principios de este mes de suprimir las ayudas del programa ‘Vitalquiler’, una fórmula que la entidad puso en marcha a mediados de la década pasada para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Las ayudas se prestan por un máximo de 5 años, dependen de la renta del inquilino y suponen un tercio del precio de alquiler del mercado libre. En 2008 el precio medio que pagaba era de 315 euros al mes.
Una carta remitida por Kutxabank, marca con la que ya operan las tres cajas vascas, anunció por sorpresa a los cerca de 700 beneficiarios de las ayudas que éstas quedaban suspendidas cautelarmente hasta la celebración de la Asamblea de la entidad en la que se iba a estudiar su continuidad. Las familias afectadas no han tardado en unirse para reivindicar su derecho a cumplir el contrato firmado. Temen “quedarse en la calle” al no poder optar a precios de mercado libre y tachan la medida de “desahucio encubierto”.
De momento, el Consejo de administración de la Obra Social de la Caja Vital, ante el revuelo causado, ha decidido prorrogar las ayudas hasta 2014, pero los afectados no lo ven suficiente y quieren cumplir los cinco años firmados. De momento ya han comenzado una campaña de presión social con protestas en la calle y movilización en las redes sociales.
El primer paso ha sido llegar al Ayuntamiento de Vitoria donde el pasado viernes se aprobó en el pleno una iniciativa para instar a Caja Vital “a que interceda ante el resto de socios -en referencia a las cajas que integran Kutxabank- de cara a rebajar el precio del alquiler”. Una medida que no ha satisfecho a los afectados que tienen como principal reclamación el mantenimiento “de las condiciones de alquiler, incluidas las ayudas concedidas, como mínimo durante el contrato de cinco años y prorrogable”.
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