El estallido de la crisis financiera en 2008 coincide con una profunda crisis política en España. Una crisis de credibilidad -es decir, de legitimidad- del sistema político, en su conjunto, provocada, fundamentalmente, por la sucesión de casos de corrupción con directas conexiones políticas, la pérdida de credibilidad de las instituciones de control, como consecuencia de su colonización por parte de los partidos políticos hasta límites asfixiantes y, en general, la degradación de la cultura política, responsabilidad, sobre todo, de los partidos políticos. Y, simultáneamente, la crisis del sistema de autonomías territoriales, cuyas expresiones más extremas fueron los últimos coletazos del 'plan Ibarretxe' y el despegue del proceso catalán de reclamación independentista. El detonante son las consecuencias de la crisis económica; pero sus efectos se van a focalizar en un sistema político en profunda crisis. La reforma del sistema político no evita la necesidad de afrontar la solución de las crecientes desigualdades; pero la crisis política es de tal magnitud que sin resolverla es difícil imaginar un sistema político saludable.
Una gran tarea por delante, si se quiere revitalizar la legitimidad del sistema. Pero poco o nada se ha hecho para afrontarla. Entretanto, la crisis provocada por el nacionalismo catalán ha llevado al límite la crisis territorial, habiéndose convertido en el mayor peligro, a corto plazo, de la estabilidad del sistema político.
Las reformas que requiere el sistema político español son varias. Probablemente, el primer gran cambio indispensable es de cultura política, en el que los protagonistas principales -aunque no únicos- son os partidos políticos-. No parece que sea una tarea fácil; y no parece que se puedan tener muchas esperanzas en que se produzca. Los 'nuevos' partidos no parecen haber traído esos aires nuevos que forzasen a los 'viejos' a cambiar sus hábitos, su forma de funcionar. Otros cambios solo exigirían modificaciones legales, ordinarias. Pero hay cambios, indispensables, que solo pueden hacerse reformando la Constitución. Lo que significa que es necesario un amplio proceso de reformas en el que la reforma constitucional es solo uno de sus elementos. Pero no un elemento cualquiera, sino uno substancial que tiene dos aspectos complementarios e indisolubles: garantizar un sistema democrático tan saludable como eficiente y recuperar la legitimidad ciudadana del sistema político.
En España, la mayor parte de los actores políticos parecen haber olvidado esa segunda función de los textos constitucionales; función de legitimidad en la que, precisamente, nuestra crisis es más profunda. Crisis de legitimidad que procede de la ineficiencia de las disposiciones constitucionales. Walter Bagehot lo tenía claro cuando distinguía entre los elementos operativos -efficient parts- de la Constitución y los 2 elementos solemnes -dignified parts-, sin los que aquellos, por sí solos, no lograrán una legitimación suficiente del sistema constitucional.
La reforma de la Constitución tiene innumerables enemigos. Coinciden quienes consideran que la crisis política es un momento de oportunidad y quienes consideran que no hay que reformarla y que su inmutabilidad hay que defenderla atrincherándose de forma numantina. Es decir, coinciden quienes quieren destruir al sistema constitucional -nacionalistas- o impulsar un nuevo proceso constituyente y quienes lo quieren inmutable.
Algunos de quienes consideramos indispensable la reforma constitucional no creemos que sea una panacea. La reforma no garantiza la revitalización del sistema político; pero sin ella esa revitalización es poco menos que imposible. Y creemos que no es posible afrontar todas las reformas al mismo tiempo, de una vez. Especialmente, a la luz de nuestra frustrante experiencia política de demostrada incapacidad de afrontar el debate sobre una reforma constitucional en condiciones. Por eso creemos que hay que abrir un “tiempo de reformas”, en el que se vayan afrontando diferentes “paquetes”, con el compromiso de seguir en la tarea una vez concluido con éxito el primer reto. Y creemos que de todos los asuntos que, ineludiblemente, requieren reforma de la Constitución la reforma del sistema autonómico debe ser la tarea prioritaria.
Por dos razones. En primer lugar, porque, como venimos repitiendo muchos desde hace quince años cuando menos, nos encontramos con un sistema autonómico que ha evolucionado en sentido federal con una Constitución que carece de los instrumentos que permitan gobernarlo con garantías. En la Constitución casi solo hay normas que regulan el procedimiento de creación de las CA; una tarea que ya está concluida hace muchos años. Necesitamos que la Constitución establezca los instrumentos que permitan una gobierno eficaz del sistema autonómico que garantice su solidez y, al mismo tiempo, la estabilidad política. Algo de lo que hoy carecemos.
El resultado más extremo de esa incapacidad constitucional han sido el 'plan Ibarretxe' y, sobre todo, el 'procès' catalán. Por eso, en contra de lo que se dice, la reforma que proponemos no es para satisfacer a los independentistas, sino para hacer que la tarea de convencer a parte importante de su sociedad de que la mejor opción es la ruptura secesionista -lo que han tenido sumamente fácil- les resulte incomparablemente más difícil.
Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional por la UPV/EHU
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