Educación y COVID-19, ¿sálvese quien pueda?

Sin ninguna intención de copiar al genuino Groucho Marx con su recopilación de los mejores gags de sus películas en el libro que lleva por título ese “¡Sálvese quien pueda!”, lo cierto es que si hacemos un pequeño esfuerzo en unir Educación y el COVID-19 esta expresión adquiere tintes melodramáticos que convendría revisar.

A medida que transcurre el tiempo y la segunda ola pandémica se asienta entre la ciudadanía la sensación de improvisación es mayor. Cada vez los síntomas de haber aprendido poco del confinamiento de la primavera pasada son más evidentes y nos volvemos hacia nuestras instituciones reclamando mayor eficacia en las medidas preventivas, más contundencia con quienes ignoran la actual situación sanitaria. De ahí que no sea extraño oír comentarios jocosos y con punzadas de amargura, recordando al genial cómico neoyorquino que buscaba esconderse de su propia sombra en momentos de máxima preocupación.

Repasemos los acontecimientos de las últimas semanas en los que Educación y COVID aparecen ligados y veamos algunas de las medidas tomadas por distintas instituciones con motivo de la pandemia actual. Provocarían carcajadas de no ser por la gravedad de la situación sanitaria que tenemos entre manos.

Empezando por la decisión adoptada por el Govern catalán -rápidamente puesta en barbecho, aunque no rectificada finalmente- proponiendo la realización de pruebas PCR masivas entre escolares de Secundaria, siendo ellos mismos agentes y pacientes.

La secretaria de Educación de la Generalitat confirmaba a comienzos de mes que era el momento de implicar a este tipo de alumnado en la realización de pruebas de detección del virus, aliviando así la tremenda presión que el personal sanitario se ve obligado a soportar. Supongo que con el ánimo de suavizar la rotundidad de la medida que estaba anunciando, añadió que la supervisión de esta prueba sería llevada a cabo por el propio profesorado del centro. Con ello consiguió el efecto contrario al previsto: el incendio inmediato en las redes del personal sanitario (escandalizado de una propuesta que desvirtuaba el trabajo que se estaba realizando), del educativo (alborotado por la obligación de asumir una nueva función, totalmente alejada de su cometido profesional) y de las propias familias (asustadas del reto al que pretendían enfrentar a sus vástagos). Ninguno de estos colectivos podía dar crédito a lo que acababa de oír. 

(Veo correr con esa forma tan original suya a Groucho, semiagachado y dando grandes zancadas hacia ningún sitio mientras exclama “¡Sálvese quien pueda!”)

El segundo episodio rocambolesco se dio en Cantabria, donde el siempre sorprendente presidente Revilla anunció sin tapujos una medida sanitaria preventiva, con la intención de evitar el posible confinamiento perimetral: suspender la semana de vacaciones que el sistema educativo se disponía a tomar, dentro de su peculiar calendario laboral. El objetivo, explicó, era impedir que el personal adolescente pudiese realizar las reuniones sociales incontroladas en tiempo de ocio, protagonista señalado por todos los gobiernos como el de mayor contaminador social de esta según da pandemia. De este modo, si se volvía a las aulas, en vez de disfrutar de las vacaciones acordadas, si se continuaba con el horario laboral habitual, no sería necesario endurecer con otras restricciones la sociabilidad cántabra.

Tampoco la comunidad educativa vasca es ajena a este tipo de medidas incompletas, sorprendentes, cuando no contradictorias durante esta pandemia sin fin

No entro en la valoración de la decisión, que como siempre, contará con detractores y defensores. Sorprende que un cambio de esta magnitud, no fuese previamente consultado y, de ser posible, pactado con la comunidad educativa.

Como era de suponer, familias, alumnado y profesorado, con distintas razones, pero con un mismo objetivo, clamaron al cielo ante tal medida. Tuvo que ser el propio Tribunal Superior de Justicia, tras requerimiento de las CCOO de Cantabria quien detuviese la iniciativa, ya iniciada la semana laboral, argumentando que las razones esgrimidas no estaban suficientemente justificadas. Conclusión, confusión total: el gobierno cántabro tuvo que adoptar otro tipo de medidas para evitar la propagación acelerada del virus y la comunidad educativa continúa dudando si volverá a presentarse nuevamente la medida anterior subsanadas las carencias oficiales y pensando cuándo se le reintegrará el tiempo vacacional perdido.  

(Groucho, muy en su papel, se pasea por las inmediaciones de la recepción del hotel al que no ha sido invitado y con una copa en la mano, merodea entre las mesas e invitados repitiendo “¡Sálvese quien pueda!”).

Tampoco la comunidad educativa vasca es ajena a este tipo de medidas incompletas, sorprendentes, cuando no contradictorias durante esta pandemia sin fin. El protocolo de rastreo en los centros, por ejemplo, ha ido evolucionando desde medidas más restrictivas -mediante las que se confinaba a todo el alumnado que se encontraba alrededor de un/a enfermo/a con positivo por COVID- a las actuales, en las que solo queda confinado el personal que no ha guardado las medidas sanitarias recomendadas de mascarilla y distancia social. En el cambio del protocolo queda la duda de si el primer modelo resultaba restrictivo por exceso o si el nuevo permite presentar unos datos de confinamiento menos alarmantes entre la población escolar.

Otras de las medidas a las que el Departamento de Educación vasco anterior, analizado el resultado de la pandemia de primavera, se comprometió a realizar (mejorar la situación tecnológica de la comunidad educativa, no sólo en equipamientos -por cierto, ¿qué ha sido de aquellos 20.000 terminales comprometidos para el curso escolar actual?- sino en formación, también para las familias) siguen siendo un interrogante ante el cual no tenemos respuesta. De ahí, que el temor de todos los agentes educativos implicados aumente, ante las perspectivas poco halagüeñas de poder seguir manteniendo la presencialidad en las aulas de Secundaria.

La guinda a toda esta situación de incertidumbre por noticias confusas la acaba de colocar el Departamento de Educación al comunicar el aplazamiento sine die de la OPE 2020 que compromete casi 1.200 plazas de funcionarias/os nuevos/as en las especialidades de Secundaria y Formación Profesional. Los sindicatos de enseñanza vascos ya solicitaron en primavera que fuese trasladada a junio de 2021, momento aparentemente alejado de posibles brotes pandémicos. La Consejería, sin embargo, ha ido proponiendo distintas fechas (diciembre, enero…) que no ha hecho más que sumir en un mar de incertidumbre al conjunto de las y los opositores. Todo ello, y a falta de otra explicación más convincente de quien ha alargado esta letanía, en un testarudo intento por continuar con un proceso administrativo sin las necesarias condiciones sanitarias reconocidas. 

Al final, ha tenido que aceptar la evidencia y anunciar que se comunicará al colectivo opositor afectado, con dos meses de antelación, las fechas en las que se realizarán definitivamente (¿) las pruebas pendientes: exámenes escritos y defensa de la Unidad Didáctica y de la programación. 

(El inefable Groucho con su inseparable habano entre los labios haciendo su entrada en el salón del viejo Oeste y diciendo “¡Sálvese quien pueda!”)