Desde el pasado 20 de mayo, la Consejera de Educación tiene un problema sobre su mesa: cómo hacer frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra el Decreto-ley 14/2012 de recortes en el ámbito educativo. Aquella medida del gobierno Rajoy, en clave de ahorro del gasto público, atentó directamente contra la calidad del modelo español al entrar -hasta las entrañas- en la organización de la actividad educativa no universitaria: aumento de la jornada lectiva de las y los docentes, modificación, al alza, de las ratios alumnado/grupo y no atención de las sustituciones hasta el décimo día.
El resultado no se hizo esperar. En todo el Estado, salvo en el País Vasco, que no aplicó entonces el decreto, se han perdido más de 33.000 puestos de trabajo directos en las aulas, además de la desatención al alumnado con necesidades educativas especiales, que era ayudado con los desdobles de aulas que las plantillas de trabajadores/as previas a los recortes, permitían. Se acabó el tratamiento a la diversidad de unos centros educativos, especialmente los públicos, cada vez más heterogéneos y plurales, social, cultural y económicamente hablando.
Ahora, tres años después, cuando en distintos territorios con gobiernos progresistas (Comunidad Valenciana, Cantabria,..) se han firmado acuerdos de reversión de los derechos laborales recortados en 2012 (y en otros se están negociando), al Gobierno Vasco se le genera un gran problema: atender a la misma población estudiantil con menor plantilla de profesorado, si transige sin ambages ante la sentencia del Tribunal Constitucional. La federación de Enseñanza de CCOO recuerda en estos días previos al 26J que “el empleo fijo en el Estado ha sido sustituido en parte por empleo más precario (temporal) ocupado por personal interino. En la actualidad, más del 20% del empleo docente público está ocupado por personal interino, mientras que en 2010 no llegaba al 18%. De esto podemos concluir que la precarización ha aumentado notablemente, ya que en enero de 2016 el número de funcionarios de carrera había disminuido en un 9,68% desde 2010 y el número de temporales ha aumentado en algo más del 28,61% en ese mismo periodo.”
El País Vasco, tras años de espera para que la convocatoria de oposiciones se regularice anualmente y se reduzca el altísimo nivel de interinidad, aún tiene el dudoso honor de ocupar el primer puesto: más del 33% del personal docente en el sector educativo es actualmente interino. Pues bien, esta situación empeorará ostensiblemente de aplicarse la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que el primer damnificado será el el/la docente no definitivo, que sufrirá el aumento de las horas lectivas y de las ratios, así como el empeoramiento de las sustituciones por bajas cortas.
La preocupación es máxima, pues no se trata de una alarma injustificada. El consejero Erkoreka, como en otras muchas ocasiones, juega, mientras tanto, con la ambigüedad: total desacuerdo con la sentencia, pero se ejecutará, para no prevaricar. No se desea la recentralización que propone el PP, pero no se acierta desde el PNV a desactivar esta nueva vulneración de competencia autonómica vasca. Es un ataque contra la organización del sistema educativo propio, pero la sentencia se aplicará de la manera “menos lesiva”.
Los datos son inexorables: de aplicarse el decreto-ley de Rajoy -innecesario, guiándonos por los mensajes de sus ministros en funciones, que insisten en la mejoría evidente de la economía española- estos recortes supondrían una merma sustancial de la actual plantilla docente: el 8% en Enseñanza Secundaria y el 15% en Primaria (aplicando los datos publicados por el Eustat, para el curso 2013-2014, única fuente fiable que ofrece los datos diferenciados más actuales de plantilla).
Y estamos hablando de un sector -la educación- cuya trascendencia desborda el ámbito propio e incide directamente en el del empleo vasco. De aplicarse la sentencia, la inclusión de casi 3.000 nuevos parados/as, dispararía el número de desempleados/as hasta los 134.590 y la tasa llegaría al 13,1% (12,8%, en primer trimestre del 2016, según el INE/EPA).
Porque, además, lo que se espera tras las elecciones del 26J es un nuevo ajuste del gasto público, exigido desde Bruselas –posiblemente ya acordado con Rajoy y a la espera de conocer si aceptado por quien sea proclamado nuevo presidente del gobierno español-. De ser así, el nuevo presupuesto educativo puede ver, otra vez, reducida su cuantía, como lo ha venido haciendo Rajoy –y en algunos ejercicios también el propio PNV- en los últimos años.
No, este no es el camino para defender los intereses del colectivo de trabajadoras/es docentes, seriamente amenazado por esta sentencia, ni, por supuesto, los de la propia comunidad educativa. El PNV no puede estar “en misa y repicando”. Hace falta valentía, diálogo hasta la extenuación y convencimiento en la defensa de nuestra argumentación. Si se saca pecho en Madrid para demostrar lo bien que equilibra Euskadi sus presupuestos, sin déficits, se espera el mismo orgullo en la defensa de la calidad de nuestro sistema y en el trabajo que el profesorado actual –ni uno/a menos- realiza.
Por ello, el Departamento de Educación y el conjunto del Gobierno Vasco deben mostrar una actitud coherente y decidida en este asunto. Porque lo que está en juego es un empeoramiento inevitable de la calidad de nuestro sistema educativo, si se retoca, aunque sea mínimamente la plantilla actual. Y esto, también ocupa y preocupa -como otros muchos asuntos- a quienes acudiremos a votar el próximo domingo.
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