Se nos ha ido el 2016 dejando demasiados interrogantes sobre el futuro de la educación en este país. Continúa la LOMCE como ley, pero todos los grupos políticos están dispuestos a enmendarla, incluido el propio Mariano Rajoy. Hay plena unanimidad en mejorar sustancialmente algunos indicadores educativos (fracaso escolar, abandono prematuro, escolarización plena en 0-3 años,…), pero nos separan las medidas eficaces para conseguirlo.
Se anuncian negociaciones para iniciar un pacto educativo de largo recorrido y las fuerzas políticas se retiran a sus cuarteles de invierno, más con intención de señalar líneas rojas infranqueables que con espíritu constructivo. En el País Vasco, el Departamento de Educación dice sentirse respaldado por los agentes educativos en su proyecto Heziberri, en tanto mientras que quienes componen la representación de la Escuela Pública vasca no dejan de manifestarse contrarios al mismo.
Da la impresión de que se auguran tiempos de cambio en un ambiente frío, de bajo nivel colaborativo cuando lo que está en juego es algo tan crucial como el futuro educativo de varios millones de jóvenes, a lo largo de las próximas décadas. En imagen distorsionada, parecería que dentro de una enorme habitación los actores educativos caminaran con enormes megáfonos, dando pasos inciertos, mientras mantienen los oídos cubiertos con grandes tapones. No podemos seguir así. Se hace necesario realizar entre todos los agentes educativos un análisis ponderado de la situación actual, fuera de los focos informativos -de los cinco minutos de fama consiguientes- para consensuar hacia dónde queremos caminar en esto que llamamos eufemísticamente el futuro de nuestras nuevas generaciones.
Uno de esos análisis es, precisamente, el informe de Save The Children, elaborado a partir de la investigación de varios profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en septiembre pasado y titulado “Necesita mejorar”. Su conclusión inicial es ya apabullante: la educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales. La inequidad educativa en España, sin embargo, ha crecido entre 2003 y 2012 en un 24%· Y se atreve a más en su denuncia el informe, al concluir que la política de austeridad presupuestaria y determinadas características de la LOMCE afectan a la equidad educativa, “…al conllevar un aumento de la segregación educativa y de la rigidez del curriculum y de la evaluación, dificultando la atención a la diversidad”.
Porque no es de recibo para ningún país que se considere desarrollado que, como ocurre en España, más de 20 chicos/as de cada 100 que terminan la educación obligatoria dejen de estudiar, en una sociedad como la actual que prima el conocimiento por encima de cualquier otro valor. Pero, con ser extremo este dato de Abandono Escolar Prematuro (AEP), lo es más el que del 40% de la población más pobre española, el 68% abandone prematuramente. Es decir, se unen en un bucle terrorífico fracaso escolar y abandono educativo para configurar un panorama sonrojante para los y las gestoras educativas. Porque esta coincidencia de malos indicadores no son fruto de un mal día.
La falta de vinculación escolar, el conocimiento de los agentes que lo provocan, debería ser el objetivo a trabajar inmediatamente y de forma sistemática. No se puede seguir dedicando recursos a rebajar el índice de fracaso escolar de forma individual, ignorando las razones sociales, económicas, políticas y hasta ideológicas que hay detrás de la desigualdad social, verdadero indicador del éxito/fracaso educativo. Dicho llanamente, o evitamos que el alumnado se vaya alejando de la escuela, emocional, conductual y cognitivamente hasta abandonarla o los intentos por construir una sociedad cohesionada estarán condenados al fracaso.
Y uno de las primeras medidas a tomar tendrá que ver con el perfil de profesorado que se destina a este cometido y las condiciones que se le ofrecen. Está claro que atender un alumnado en aumento en los centros públicos (7,09% más en el periodo 2009-2013) con un profesorado en disminución (-2,91% para el mismo periodo) no es la mejor solución. Como tampoco lo es permitir que los centros que atienden al alumnado desfavorecido vean cómo el 50% de las plantillas cambia anualmente. Es urgente, por tanto, introducir mecanismos distintos que cambien la dinámica actual. El propio informe citado de Save The Children apunta certeramente en este sentido: desarrollo de estrategias de atracción y retención del profesorado más preparado (incentivos económicos y humanos, carrera profesional, apuntaría yo); introducir profesorado adicional, así como personal con perfiles profesionales distintos a los tradicionales (de educación y trabajo social, pedagogía y psicología); garantía de formación permanente y específica del profesorado; creación de una red de centros , con márgenes de autonomía muy superiores a los actuales.
Otra de las variables a modificar en la población con elevado nivel de pobreza en España es el acceso real a las actividades extraescolares. Desde hace algunas décadas y ante la absoluta falta de iniciativa de las administraciones públicas, las familias entendieron que una buena educación necesitaba también del complemento de estímulos extraescolares que la escuela iba arrinconando por falta de apoyos o desinterés propio (espectáculos artísticos, musicales, competiciones deportivas,…) Y se pusieron a ello, con la consiguiente proliferación de academias privadas, clubes de barrio y museos varios. Sin embargo, la realidad indica que este acceso está restringido a las clases económicamente más desfavorecidas. La diferencia entre las rentas altas y bajas es en España de hasta 30 puntos; más de la mitad de los niños y niñas españoles de 10 a 14 años no ha ido nunca al teatro; el 32% no ha visitado nunca un museo. Algo está fallando en esta sociedad cuando el ocio educativo sigue siendo patrimonio de unos y utopía de otros. Quizás haya quien esté a gusto en fomentar este desierto cultural en torno a ciertos estratos sociales.
Que la red pública educativa acoge en España a la inmensa mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales (80%), migrante (87%) y de bajo poder adquisitivo (más del 90%) es una obviedad tal que apenas merecería comentario, si no fuese porque choca frontalmente con el principio de la libertad de elección de centros de las familias. Este principio, santificado por la LOE, en 2006, y argumento neoliberal irreductible en estos momentos debe ser revisado por múltiples razones. Citaré sólo la principal: se está pervirtiendo el principio de igualdad de acceso a los centros subvencionados con fondos públicos desde el momento en que las administraciones públicas permiten a determinados patronales educativas el cobro de tasas voluntarias y la inclusión de criterios segregadores en la matriculación. Así se están generando las condiciones desiguales de escolarización que llevan anexas en parte los resultados de fracaso ya mencionados. Pese a lo estipulado en los conciertos educativos, los centros privados utilizan mecanismos que les permite seleccionar familias (y, por tanto, al alumnado) mediante discriminación económica y/o cultural. Falta voluntad política a los administraciones educativas para exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que conlleva una quiebra grave de la igualdad de oportunidades para todas las familias inmersas en el proceso educativo. Se impone, con urgencia, la eliminación de los baremos fijados para la admisión a centros financiados públicamente, el establecimiento de mecanismos de garantía de gratuidad en toda la red educativa aludida (de fácil revisión por la inspección educativa), así como la eliminación de convenios con centros segregadores por sexo.
Queda mucho por hacer en educación si queremos situarnos a niveles de excelencia. Pero se trata de priorizar y no obsesionarnos con alcanzar la costa americana si la txalupa que tenemos hace aguas y tiene una parte de su tripulación envejecida y desmotivada. Empecemos por el principio: sentarnos a hablar sobre la escuela que queremos, la mejor en atención de todo el alumnado, organizada en torno a la red pública, suficientemente financiada (con inversión pública similar a la europea), protegida de vaivenes económicos y políticos.
Porque lo que está en juego es algo más que la educación en España; tenemos en disputa el nivel concreto de democracia que deseamos para el futuro. Lean, si no lo que acertadamente vaticinaba hace unos meses mi admirado Luis García Montero ('Perder la educación'. Infolibre 20-1-2016)
“Será muy difícil encontrar soluciones democráticas en el futuro, soluciones que pasan por una política fiscal solidaria y por una intervención en las dinámicas productivas, si perdemos la educación pública (que es la forma más grave de perder la educación). Serán excluidos del sistema y de la ilusión electoral los sectores que deberían apoyar por necesidad las políticas progresistas”.
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